Concejal René Lues acusa a Hiam Ayllach de "ignorancia" e "interpretación errada" de las normas de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, en el marco de la desvinculación de una ex funcionaria, a quien la Corte Suprema ordenó pagarle cerca de $50 millones por los 14 meses que estuvo alejada de sus funciones en el Municipio.
visitas
La desvinculación de la ex directora de Seguridad Pública de Viña del Mar, Patricia Leiva, el pasado 6 de julio de 2021, sigue dándole serios dolores de cabeza a la administración de la alcaldesa Macarena Ripamonti pues, sumado a que la Corte Suprema ordenó revertir la decisión y pagarle sus remuneraciones por los 14 meses que estuvo alejada del cargo, ahora se agregó una solicitud de sumario administrativo contra la directora jurídica del Municipio, Hiam Ayllach.
Y es que a juicio del concejal René Lues (DC), la Directora Jurídica del Municipio de Viña del Mar es eventualmente responsable de la pérdida de casi $50 millones ($49.847.547) debido a la "ignorancia de las normas de una ley que debe ser profundamente conocida" y por una "errada interpretación de las mismas", situación que devino en el mencionado daño a las arcas financieras de la casa edilicia.
Todo comenzó el 6 de julio de 2021, cuando la era Ripamonti sólo llevaba un par de semanas en el que ahora llamaban «Municipio de Cuidados». Bajo este contexto, una de las primeras medidas adoptadas fue desvincular a Patricia Leiva de la Dirección de Seguridad Pública. El procedimiento contra la funcionaria de los tiempos de Virginia Reginato se dictó a través del Decreto Alcaldicio Nº 4.409 y hablaba de la "renuncia no voluntaria" de la trabajadora.
Los fundamentos del decreto se basaron en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, que indica que "el Alcalde está facultado para crear el cargo de Director de Seguridad Pública con acuerdo del Concejo Municipal, y designar y remover a su director"; también de acuerdo a dictámenes de Contraloría, que rezan que "quien ocupa una plaza de exclusiva confianza del Alcalde no goza de estabilidad en el empleo, pues está sujeto a la libre designación y remoción de aquel, por lo que la pérdida de dicha confianza implica que el servidor debe abandonar su cargo".
Ante esta situación, la ex Directora de Seguridad Pública presentó un recurso de protección en la Corte Suprema, que el pasado 9 de agosto de 2022 señaló que dicho cargo "no es de exclusiva confianza", por ende no se define por la decisión de la autoridad a quien sirve el funcionario, sino por el ordenamiento jurídico. En otras palabras, la desvinculación de Leiva fue "arbitraria" e "ilegal".
Tras esta resolución, el máximo tribunal del país obligó al «Municipio de Cuidados» a dejar sin efecto el Decreto Alcaldicio y pagarle a la ex funcionaria los 14 meses en que estuvo alejada de su cargo, en una cifra que bordea los $50 millones y que contempla remuneraciones y estipendios, feriado legal, cotizaciones previsionales y de salud, reajustados entre julio de 2021 y agosto de 2022.
Una vez ocurrida esta situación, el concejal Lues formuló una consulta al Departamento Jurídico, preguntando si se había realizado alguna investigación o sumario administrativo para perseguir las eventuales responsabilidades administrativas. El pasado 16 de marzo recibió respuesta de la directora Hiam Ayllach, quien le señaló que la actuación del Municipio "se había ajustado a los dictámenes de la Contraloría" y que "no existían faltas administrativas que deban ser objeto de investigación".
El edil demócrata-cristiano señaló al respecto que "la Directora Jurídica está obligada a ejercer diligentemente su actividad, cumpliendo todos los actos y conductas, y adoptando lo medios necesarios para el correcto ejercicio de su asesoría; esto es, actuando de acuerdo a la lex artis. No estamos frente a obligaciones de medio o de resultados, como se pretende justificar, sino que frente a una asesoría poco diligente en aplicar e interpretar erróneamente normas jurídicas".
Junto a calificar lo sucedido como un "negligente ejercicio de la actividad profesional", Lues dijo que "por ignorancia de disposiciones de una ley que debe ser profundamente conocida por la Directora Jurídica (...) generó para la Municipalidad la pérdida de $50 millones. En este caso se prueba el daño con la pérdida efectiva de recursos municipales y que éste ha sido causado por la negligencia e impericia de la actividad de la profesional".
Finalmente concluyó reiterando que "la ignorancia de las normas de una ley que debe ser profundamente conocida por la Directora Jurídica y una errada interpretación de las mismas, implicó para el Municipio una situación dañosa, como es la pérdida de $50 millones, y eso es algo que debe ser investigado de manera muy rigurosa. Por lo mismo, solicito a usted incoar un sumario administrativo en contra de la Directora Jurídica por su eventual responsabilidad en la pérdida de estos recursos municipales".
PURANOTICIA
