Paula Catalán apareció en un listado elaborado por la Contraloría sobre abogados defensores en casos vinculados a la Ley que sanciona posesión y tráfico de drogas.
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La ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, confirmó la renuncia de la seremi de Los Lagos, Paula Catalán Pérez (PC), quien reconoció que ejerció como abogada en defensa de narcotraficantes, incluso cuando ya estaba en el cargo.
"Agradecemos su compromiso y gestión realizada durante los meses que ejerció en el cargo. Desde el Ministerio de Bienes Nacionales seguiremos trabajando en la región con normalidad para dar buen uso a los bienes fiscales", indicó la secretaria de Estado.
Paula Catalán apareció en un listado elaborado por la Contraloría General de la República sobre abogados defensores en casos vinculados a la Ley que sanciona posesión y tráfico de drogas.
De acuerdo al diario El Llanquihue, Catalán habría participado en cuatro causas por drogas en 2023 y una en marzo de 2024, cerca de un mes después de asumir como seremi; esto, pese a que la ley prohíbe la participación de funcionarios públicos en este tipo de procesos.
La seremi habría asegurado al medio Doble Espacio que "yo no tengo causas pendientes" de narcotráfico y que "no hubiese aceptado el cargo" si las hubiera tenido. Además, descartó haber estado involucrada en estos casos y dijo haber participado en dos causas, a cuyos patrocinios posteriormente renunció.
El senador Fidel Espinoza (PS) manifestó que “es algo lamentable, algo grave, éticamente impresentable, que nuestro Gobierno nomine en cargos de tanta importancia para el desarrollo de nuestras regiones a personas que han tenido ligazón, ya sea en el ámbito de la defensa profesional, de personas no solamente narcotraficantes, sino que además portadores de armas”.
“No podemos olvidar que el narcotráfico y el porte ilegal de armas son dos de los problemas más graves que enfrenta nuestra sociedad contemporánea. Ambos fenómenos; el narcotráfico y el porte ilegal de armas, están relacionados y alimentan un ciclo de violencia, de corrupción y de descomposición social”, añadió.
En tanto, el senador Carlos Kuschel (RN) sostuvo que “esas cosas hay que verificarlas antes de los nombramientos. Esta es una acción de ella y no de su padre como en el caso de Isabel Amor”.
Por su parte, el diputado Daniel Lilayú (UDI) aseveró que “nuevamente este Gobierno se ve envuelto en un escándalo (...) resulta impresentable que el Gobierno sea incapaz de chequear los antecedentes de las personas que asumen en cargos tan relevantes a nivel regional”.
Finalmente, el diputado Fernando Bórquez (UDI) planteó que "la inconsistencia y poca consecuencia de este Gobierno no me deja de sorprender. (...) un abogado tiene la libertad de elegir a quién defender, pero el Gobierno no puede permitir contar con una autoridad que decida defender a los narcotraficantes, esos mismos traficantes que hoy tienen al país y a la región fundidos en la delincuencia".
PURANOTICIA
