Diputados de Renovación Nacional, encabezados por Andrés Celis y Andrés Longton, presentaron una iniciativa que modifica la Ley Nº 20.000, para que los alcaldes puedan instruir la demolición de edificaciones que sean un peligro para la seguridad de su respectiva comuna.
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No cabe duda que la seguridad pública es una de las preocupaciones centrales de las personas que habitan el país. Bajo este contexto, se han deslizado una serie de propuestas y proyectos concretos para hacer retroceder a la delincuencia. Una de ellas ha sido la demolición de narco-casas, instancia que ha liderado el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y que concita el apoyo de muchos.
Bajo este contexto, con el objetivo de "institucionalizar y reconocer" los operativos para derribar casas vinculadas a narcotraficantes, diputados de Renovación Nacional (RN), liderados por Andrés Celis (Distrito 7) y Andrés Longton (Distrito 6), presentaron un proyecto que modifica la Ley Nº 20.000 relacionada al tráfico ilícito de estupefacientes.
La iniciativa presentada por los legisladores de Chile Vamos también tiene como finalidad evitar posibles sanciones por irregularidades en la entrega de información desde la Fiscalía a autoridades comunales, recordando que este tipo de procedimientos los inició justamente un Alcalde. En ese sentido, se propone que el Ministerio Público informe mensualmente a los ediles "sobre los inmuebles afectos a tales medidas".
De esta forma, se busca que los alcaldes puedan instruir la demolición de edificaciones que sean un peligro para la seguridad de su respectiva comuna "por cometerse en ellas conductas vinculadas al tráfico de drogas", consigna el proyecto. Dicha instrucción podrá ejecutarse en edificaciones emplazadas en bienes inmuebles que hayan sido incautados o decomisados, y sólo luego que el Consejo Comunal de Seguridad Pública lo calificque como un "peligro para la seguridad".
El diputado Andrés Celis indicó que "es de suma urgencia sumar un marco legislativo que respalde el accionar de alcaldes en la lucha contra el narcotráfico, consagrando una atribución expresa para que, por motivos de seguridad, puedan demoler casas conocidas como 'caletas'", y pidió también que los jefes comunales de la región "actúen con todo el rigor que la ley les consagra y le planten cara al flagelo de las drogas y la inseguridad que afecta a sus territorios, incluso arriesgando ser acusados por notable abandono de deberes, de no cumplir con los mandatos legales".
Por su parte, el diputado Andrés Longton, quien preside la Bancada de Renovación Nacional en la Cámara Baja, comentó que el objetivo del proyecto presentado con sus pares busca que "la medida para sacar a los narcotraficantes de los barrios sea más expedita, sea más fluida, y que el Ministerio Público no esté en riesgo de ser sumariado si colabora con las municipalidades".
Una vez conocido el proyecto, el alcalde de Zapallar, quien a su vez es presidente de la Asociación de Municipalidades de Chile (Amuch), Gustavo Alessandri, manifestó que "los municipios están atados de manos en la batalla contra la delincuencia", por lo que solicitó "más recursos para contar con mayores atribuciones y más equipamiento para nuestros encargados de seguridad".
Quien se desmarcó de la iniciativa fue el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, quien expuso sobre la demolición de narcocasas que "hoy día parece que lo único que pareciera importar en este debate es la espectacularidad de ciertas acciones que no contribuyen a resolver el problema de fondo", añadiendo que "los municipios no somos entes vinculados a la seguridad pública. No podemos actuar como policías, no podemos estar en ese rol porque nuestro rol es otro, es trabajar con la comunidad. Quien tiene que caer con todo el peso de la ley son las policías, Fiscalía y tribunales".
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