El diputado Hotuiti Teao Drago (Ind.-Evópoli) solicitó una sesión especial de la Comisión de Cultura de la Cámara para abordar junto a sus pares la adjudicación de proyectos otorgados en la región a la Fundación ProCultura, equivalentes a $45 millones.
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En medio de la polémica respecto a las millonarias transferencias a fundaciones vinculadas o cercanas a autoridades de Gobierno, el diputado Hotuiti Teao Drago solicitó la realización de una sesión especial de la Comisión de Cultura para analizar la adjudicación de proyectos otorgados en la región a la Fundación ProCultura.
Esta solicitud llega luego del artículo publicado por Puranoticia.cl el viernes pasado, que da cuenta que la fundación a cargo del médico psiquiatra Alberto Larraín –quien además llamó a votar por el presidente Boric– ha sido beneficiada con casi $45 millones en el marco de dos proyectos en la región de Valparaíso: uno de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, entregado el 13 de diciembre de 2022; y otro de la Municipalidad de La Calera, por $5 millones, el 21 de marzo de 2023.
A estos dos proyectos contenidos en el Registro Central de Colaboradores del Estado y Municipalidades (del Ministerio de Hacienda), se suman otras iniciativas como los murales del Museo a Cielo Abierto que se realizan en la comuna de Limache; la inauguración de la Casona de Artes y Oficios, también en Limache; y el diseño de urbanización de tres campamentos de Villa Alemana.
Si bien, la organización fundada el año 2009 también ha recibido dineros públicos en otras administraciones presidenciales, en la presente gestión Boric han sido beneficiados con traspasos superiores a los $700 millones (entre marzo de 2022 y junio de 2023), incluyendo $500 millones en iniciativas destinadas a la implementación y ejecución de una intervención socioterritorial para las familias de asentamientos precarios en Antofagasta.
Respecto a las próximas gestiones para esclarecer los traspasos a fundaciones en la región de Valparaíso, el diputado Teao detalló que “como integrante de la Comisión de Cultura he solicitado que tengamos una sesión especial para analizar la situación de nuestra región, donde esperamos contar la presencia de las autoridades regionales involucradas en las transferencias a la Fundación ProCultura y otras, con el objetivo de despejar cualquier manto de duda sobre las relaciones entre organizaciones y representantes de Gobierno".
Del mismo modo, el diputado independiente, pero cercano a Evópoli, no descartó convocar también a la Comisión de Vivienda, a propósito del contrato entre ProCultura y el Serviu de Valparaíso para el diseño de urbanización de tres campamentos de Villa Alemana, trabajos que involucran otros $248 millones.
“Cuando está en juego la fe pública y el presupuesto del país, lo que corresponde es que nos preocupemos de despejar que aquí no ha existido ningún ilícito, garantizando que la probidad y el buen uso de los recursos del Estado sea siempre la regla y nunca la excepción. Y, aunque sabemos que esta organización ha trabajado anteriormente con otros gobiernos, lo que corresponde hoy frente a las situaciones que hemos conocido, es investigar caiga quien caiga”, añadió.
El parlamentario de Chile Vamos señaló respecto a la cuestionada Fundación Democracia Viva –que ya está siendo investigada por la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones– que “los traspasos de recursos en la región que sea, que pudiesen estar relacionadas a fundaciones pro gobierno deben investigarse hasta las últimas consecuencias. No puede ser que, con platas que son de todos los chilenos, se busque favorecer a amigos, compañeros de partido, simpatizantes o incluso parejas, como hemos conocido en los últimos días en otras regiones del país”.
“Aquí lo responsable -continuó- es que se investigue cualquier eventual irregularidad. Por eso, hemos acudimos hasta la Contraloría para solicitar que revisen los convenios suscritos a lo largo de todo Chile que han ocurrido durante la actual administración y que, de esa forma, la ciudadanía tenga la certeza de que no hay ningún peso mal gastado ni que tampoco, ha existido tráfico de influencias en la adjudicación de ciertos contratos”.
Para el parlamentario, “considerando que ya es oficial la renuncia del Seremi de Vivienda de Antofagasta y que el plazo del término de su responsabilidad administrativa ya comenzó a correr, Contraloría debe pronunciarse lo más pronto posible para obtener la devolución total del dinero a través de eventuales juicios de cuenta”.
“Todo esto, considerando que el inicio de este proceso está viciado puesto que el trato directo está inadecuadamente fundado al tenor de lo que exige Contraloría y la normativa vigente. Si no son capaces de administrar de manera eficiente y proba los recursos que ya tienen, malamente podrían pedir una Reforma Tributaria que les daría mayores recursos para gastarlos de la misma y cuestionable forma”, concluyó.
PURANOTICIA
