Gobernador Rodrigo Mundaca criticó decisión que obliga al Gobierno Regional a hacer rebaja presupuestaria para pagar arriendo de $60 millones. “No nos vamos a mover en estas condiciones”, dijo. Cores en desacuerdo con redestinar fondos no contemplados.
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Seguirá la espera. Los funcionarios del Gobierno Regional deberán continuar realizando sus labores como las vienen haciendo tras el amago de incendio de fines del año pasado, pues luego de definirse por arrendar el edificio Grace, en plaza Sotomayor, la anhelada respuesta de la Dirección de Presupuestos para definir su financiamiento echó por la borda toda opción de trasladarse en lo inmediato.
Hay que recordar cómo comenzó todo: A fines del 2023 un ascensor explotó a la altura del subterráneo del edificio Esmeralda, inmueble en el que por décadas ha operado la intendencia, el Consejo Regional, los servicios del Estado y hace unos años, con el cambio de modalidad, la Delegación Presidencial Regional y el Gobierno Regional, generando consigo un incendio que encendió las alarmas sobre el estado del edificio que data de los años ‘80.
Esto obligó a que varias reparticiones iniciaran teletrabajo debido a los riesgos latentes en el edificio, respaldado por un lapidario informe de la SEC, que concluía que era imposible adaptar la construcción a la normativa vigente para que el sistema eléctrico esté en regla tal como se encuentra construido el edificio, por lo que los dueños del lugar, la Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Bienes Nacionales ofició a todos los servicios que funcionaban en el edificio para, debido a los riesgos, se instalaran “a la brevedad” en otro lado.
Paralelamente, la ministra del Interior, Carolina Tohá pidió conocer del plan de reubicación y la Dirección de Obras emitió un pronunciamiento al Ministerio de Vivienda y Urbanismo al respecto, en el que también habla de desalojar el inmueble que no tiene recepción municipal definitiva. También se pronunció la Contraloría Regional indicando que “se deben tomar a la brevedad las medidas pertinentes para disponer, a través de los mecanismos que establece el ordenamiento jurídico, de uno o más inmuebles que permitan a los servidores públicos que desempeñan sus funciones en ese edificio, realizar sus labores normalmente y en las condiciones de seguridad requeridas, informando sobre el cumplimiento de ello en un plazo máximo de 30 días hábiles a la Contraloría Regional de Valparaíso”.
Por ello, comenzó a avanzarse en las negociaciones para arrendar el edificio Grace, se iniciaron gestiones con la Dirección de Presupuestos (Dipres), dependiente del Ministerio de Hacienda, con el objetivo de agilizar el financiamiento respectivo para poder arrendar otro inmueble y hacer efectivo cuanto antes el traslado de los funcionarios, y un nuevo amago de incendio el pasado 9 de mayo presionó aún más por abandonar el inmueble.
El pronunciamiento de la Dipres llegó el viernes de la semana pasada a manos del gobernador regional, Rodrigo Mundaca, y grande fue su sorpresa al leer el final del oficio.
“Hemos sido notificados hace pocos días atrás, el viernes de la semana pasada tuvimos conocimiento de un oficio que nos envió la dipres que nos señala que están los trámites listos para firmar el convenio de arriendo en el edificio Grace en la plaza Sotomayor, pero el último párrafo del oficio que recibimos dice que tenemos que financiarlo mediante rebaja presupuestaria, es decir, tenemos que financiarlo con recursos propios del Gobierno Regional”, contó a Puranoticia.cl.
La autoridad regional detalló que esto significa aproximadamente 60 millones de pesos a pagar, pero “lo que estaba conversado era precisamente que quien se iba a hacer cargo de este arriendo iba a ser Interior y por lo tanto cambian las condiciones”.
Mundaca confiesa que para el Gobierno Regional hacer una rebaja presupuestaria del programa 02 de inversiones para pasarlo al programa 01 de funcionamiento es prácticamente imposible. “La verdad es que no tenemos los recursos para poder hacerlo y nos parece bastante impropio que después de estar tanto tiempo haciendo esta gestión, se nos informe ahora que tenemos que financiarlo con recursos propios. Nosotros hemos comunicado nuestra decisión, de que no nos vamos a mover en estas condiciones”.
En relación a lo anterior, el gobernador adelantó que iniciaron un comité de búsqueda para encontrar un arriendo “que no sea tan oneroso como éste, que se corresponda con nuestra realidad también pero que ponga en la centralidad también el cuidado y protección de las y los trabajadores. Hoy día nos mantenemos trabajando en Melgarejo con una dotación mínima de trabajadores fundamentalmente los que cumplimos funciones críticas porque sobre todas las cosas lo que tiene que prevalecer es la seguridad y las y los trabajadores del Gobierno Regional de Valparaíso”.
El presidente de la Comisión de Inversiones del Consejo Regional, Percy Marín, está en total desacuerdo con la decisión de la Dipres. Ante ayer el Seremi anunció la decisión de cierre del edificio, pero a esa altura nada se dijo de la solicitud de recursos al CORE, ni menos de la negativa de la Dipres. Si es que llegan a solicitarlo, no voy a estar disponible, no seré cómplice de este despilfarro. ¡Imagínate! Comprometer 9 mil millones en arriendo por 5 años cuando el edificio lo vendían en 14 millones es verdaderamente un mal negocio que ninguna persona con recursos propios y en su sano juicio podría estar disponible a concretar”.
Además, añadió que no hay nada muy claro en todo el asunto para los Cores: “De verdad la región tiene otras prioridades, si fuera por la falta de recepción tendríamos que evacuar varios centros hospitalarios en el propio Valparaíso. Nosotros no tenemos ningún documento por parte del municipio que declare la inhabitabilidad, pareciera solo un capricho del Seremi de Bienes Nacionales”.
Por su parte, el consejero John Byrne dijo que “el CORE no tiene presupuesto (Glosa) para eso. Nosotros somos solo arrendatarios de un piso y medio. El GORE necesita espacio para 175 funcionarios”.
El consejero planteó varios puntos a analizar en esta situación: “Primero, el edificio está irregular ya que nunca obtuvo recepción municipal. Segundo, el propietario, Bienes Nacionales, notificó a los usuarios a los días del primer incendio que debían desocupar las instalaciones, lo que hasta la fecha no se ha realizado. Esto supone un gran riesgo para los funcionarios y las personas que realizan tramites allí diariamente. Esta responsabilidad recae en el Presidente de la Administración del Edificio, el señor Mundaca. Tercero, se habla que el traslado a el Edificio CSAV, ex Grace sería en julio luego de que la Dipres autorice el pago del millonario arriendo por un periodo de hasta 5 años. Esto suma $6.000.000.000 en pagos cuando el valor de compra del edificio es $11.000 millones, lo que implica que es un muy mal negocio para el Estado de Chile. En resumen, al menos se debe decir que las autoridades no han sido diligentes para llevar a cabo la evacuación debida, y hasta existe negligencia frente a este riesgo de vida para los ocupantes incluyendo los Consejeros. Ningún seguro de vida o médico cubre accidentes en un lugar declarado como inhabitable”.
Junto a esto, mencionó que “la verdad es que pienso que ha sido administrado este problema muy mal por el Gobernador. Espero que no tengamos que lamentar alguna desgracia antes de la mudanza. Además no hay claridad sobre los fondos para reparar el edificio que seguramente tomará varios años”.
En tanto, el consejero regional Manuel Millones pone el acento en el futuro del edificio Esmeralda, pues cree que puede ser restaurado y utilizado después de aquello. “El edificio Esmeralda es totalmente recuperable y esa es la tarea del propietario que es Bienes Nacionales, no obstante esa es una decisión que debe tomar el gobierno dado los costos involucrados en la puesta en valor y además la burocracia implicaría que esa intervención demoraría a los menos 5 años y en el intertanto que se haga el proyecto y liciten las obras el inmueble sería vandalizado y saqueado. Ahora bien con la seremia de bienes nacionales estamos buscando alternativas financieras que permitan en un corto plazo intervenir el edificio Esmeralda, de modo tal que exista certeza antes de hacer abandono y establecerse en el Grace u otra propiedad, es decir, esa salida sería con retorno”.
Este jueves espera conocer más detalles de arriendo, del traslado y los costos operacionales. “Hay que decir que el Estado debiera tener mayor preocupación por las condiciones laborales de sus trabajadores y darles a todos una infraestructura adecuada. Esta debe ser una prioridad, porque además se atiende a la comunidad y ésta también se expone y no tiene las condiciones que garanticen una atención que salvaguarde la privacidad. Finalmente hay que decir que al interior del Core las opiniones están divididas sobre el traslado, especialmente por el alto costo”.
PURANOTICIA
