A partir de las 15:00 horas se definirá el destino de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) que buscan la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígenas,
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Este jueves la Región de Aysén vivirá un día clave para su economía. Y es que alrededor de las 15:00 horas se definirá el destino de dos solicitudes de Espacios Costeros Marinos de Pueblos Originarios (Ecmpo) que buscan la entrega de más de 600 mil hectáreas de mar a administración de comunidades indígenas. Este mecanismo es permitido a través de la "Ley Lafkenche".
En términos económicos, la controversia radica en los llamados de atención que han hecho los gremios de la región, desde donde se ha manifestado que, de aprobarse la solicitud, diversas actividades comerciales se verían amenazadas. Una de ellas, la salmonicultura.
Estas Ecmpo "comprenderían el área donde hoy se ubican más de 300 concesiones (acuícolas), que representan el 45% de la capacidad nacional de engorda de salmones", advirtió Tomás Monge, director territorial de SalmonChile según consigna El Mercurio.
Además, acusan que la entrega de esa gran cantidad de hectáreas resulta "desproporcionado" en relación a la cantidad de personas que componen las comunidades.
La demanda debe votarse en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero en Aysén, que está compuesta por 38 miembros, entre quienes se encuentran la gobernadora de la región, Andrea Macías (PS); el delegado presidencial provincial, Jorge Díaz Guzmán; y el delegado presidencial regional, Rodrigo Araya Morales (RD); además de otros representantes del Gobierno en la Región.
La Comisión, además, cuenta con la presencia de una serie de alcaldes, como los de Aysén, Chile Chico, Cisnes, Cochrane y Tortel; de secretarios regionales de distintos ministerios, como los de Turismo y Vivienda; y por representantes del sector pesquero, acuícola, turístico, portuario y de pueblos originarios.
Las solicitudes que serán evaluadas corresponden a "Cisnes" e "Islas Huichas". En el caso de Cisnes, y de acuerdo a un informe de la Conadi, la solicitud Ecmpo fue ingresada en 2016 por la Comunidad Indígena Pu Wapi.
Mientras la de Islas Huichas comenzó su tramitación el 9 de mayo de 2017, por las comunidades indígenas Antünen Rain, Peumayen y Aliwen, de los sectores Puerto Aguirre y Caleta Andrade de isla Las Huichas, comuna de Cisnes.
Lo que podría ocurrir ha suscitado un acalorado debate. Y es que las posiciones no logran llegar a consenso.
Entre los opositores manifiestan que una eventual aprobación impactaría negativamente sobre la economía de la región y que el proceso se llevó a cabo a espaldas de la ciudadanía.
Mientras, quienes están a favor, señalan que la normativa no afectaría la actividad y que, de hecho, hay antecedentes que dan cuenta de eso. En cualquier caso, las cartas parecen estar echadas.
GREMIOS: "300 CONCESIONES EN RIESGO"
Es en la industria salmonera en donde existe mayor preocupación. Tomás Monge, director territorial de SalmonChile, detalló a CNN Chile que "es prácticamente la mitad del borde costero de Aysén (...) dentro de esos espacios tenemos alrededor de 300 concesiones".
Añadió, en esa línea, que las solicitudes generan "incertidumbre respecto a la operatividad y tramitaciones actuales y futuras de la principal actividad económica de Aysén".
Desde la industria, además, han señalado que, de aprobarse la solicitud, "se le entrega poder a unas pocas personas, en este caso son 60 personas que están pidiendo 620 mil hectáreas, lo que creemos que es un poco desproporcionado".
Los gremios de proveedores de servicios acuícolas y dirigentes sociales de la Región de Aysén también alzaron la voz.
"Es un proceso realizado a espaldas de las comunidades marítimas y costeras, desoyendo las voces de quienes más directamente se ven afectados por estas decisiones", afirmaron en una declaración.
Asimismo, puntualizaron que "es alarmante que las solicitudes de Ecmpo, bajo la pretensión de proteger ciertos intereses, busquen obstruir específicamente el desarrollo de la salmonicultura".
Sobre esto último, indicaron que aquello no solo perjudica a los trabajadores del sector "sino que también amenaza el derecho al uso equitativo y sostenible del borde costero, fundamental para la diversidad de actividades económicas en nuestras comunidades".
GREENPEACE: "NO AFECTA CONCESIONES MARÍTIMAS"
Estefanía González, subdirectora de campañas de Greenpeace Andino, entregó la visión de la ONG en una carta en El Mercurio. Según explicó, los Ecmpo "no ponen en riesgo las más de 1.300 concesiones de salmonicultura aprobadas en el país, como han dicho representantes de esta industria. En el caso de islas Huichas y Cisnes, en solicitud de Aysén, fueron modificadas en su contenido para resguardar las 375 concesiones acuícolas identificadas durante su tramitación, por lo que su funcionamiento está garantizado".
Añadió, además, que "afirmar que la industria 'está amenazada' carece de fundamento: desde que la Ley Lafkenche se aprobó en 2010, las empresas ligadas a salmonicultura han casi duplicado su nivel de producción en la región, pasando de 269.789 toneladas el año 2011 a 428.619 el año 2020".
González afirmó, asimismo, que las Ecmpo "no constituyen derecho de propiedad ni limitan actividades económicas, y la declaración de estos espacios no afecta concesiones marítimas de ningún tipo. En cambio, sí resguardan usos consuetudinarios de las comunidades indígenas como la pesca artesanal".
También, la abogada recalcó que "desde que se aprobó la ley, las comunidades que han presentado solicitudes Ecmpo se han apegado a la legislación vigente para la gestión del territorio, proteger su cultura y hacer ejercicio de sus derechos. A cambio, han recibido amenazas y campañas de desprestigio. Tampoco pueden celebrar: de 96 solicitudes presentadas, al año 2021 solo 12 se habían aprobado".
Por su parte, Sofía Barrera, del área de Acceso a la Justicia en ONG FIMA, señaló al medio citado que las solicitudes se han ajustado a la normativa de la Ley Lafkenche y a los usos acreditados por parte de Conadi.
"Las Ecmpo son convenios de las comunidades con el Estado para administrarlos usos consuetudinarios, como son la recolección, la pesca, la navegación, pero no significa que se le dé propiedad a una comunidad", explicó la especialista.
PURANOTICIA
