La decisión del tribunal ocurre luego de que la fiscalía pidiera realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota a requerimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso.
visitas
El Juzgado de Garantía de Arica programó para el 4 de junio la audiencia en que se resolverá si autoriza la exhumación del cuerpo de Franco Vargas.
La decisión del tribunal ocurre luego de que la fiscalía pidiera realizar una nueva autopsia, aplicando el Protocolo de Minnesota a requerimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso.
La actuación del INDH se originó a partir de las denuncias de jóvenes que se encontraban efectuando el servicio militar en la Brigada N° 24 “Huamachuco” del Ejército, donde a finales de abril un grupo de conscriptos denuncia haber sufrido tratos crueles durante la instrucción en la zona de Pacollo, circunstancias en que se produjo la muerte del joven.
El organismo interpuso una denuncia por apremios ilegítimos ante la Fiscalía Regional de Arica y Parinacota, que dio inicio inmediato a la investigación.
Días más tarde presentó una primera querella por apremios ilegítimos. Posteriormente, interpuso otra acción penal, ahora por apremios ilegítimos con resultado de homicidio.
En esta segunda querella, el INDH pedía la una segunda autopsia a la víctima. También, la aplicación del Protocolo de Minnesota, que permite indagar muertes potencialmente ilícitas.
EL INDH recordó que el Código Procesal Penal dice que el fiscal podrá solicitar autorización judicial para realizar la exhumación en casos calificados.
Ello, cuando estime que la diligencia puede ser útil en el caso. No se trata de una diligencia habitual y debe justificarse debidamente. La norma instruye citar al familiar más cercano de la víctima, que debe ser oído en la audiencia. Así, la madre del joven deberá asistir para ser escuchada sobre la exhumación.
La querella del INDH por la muerte del joven la admitió a trámite el Juzgado de Garantía de Arica el 14 de mayo, en la audiencia donde rechazó inhibir su competencia.
El juez Juan Araya Contreras argumentó que la dignidad de la persona, la libertad y la vida son bienes jurídicos protegidos que exceden el ámbito de la justicia militar. Por eso, los debe ver la justicia civil.
De esta forma, la audiencia en el Juzgado de Garantía de Arica quedó fijada para el 4 de junio de 2024, a las 08:30 horas.
En tanto, la discusión sobre la inhibitoria de competencia entre la justicia militar y la justicia ordinaria ingresó este jueves a la Corte Suprema, con carácter reservado.
PURANOTICIA
