El fiscal Roberto Garrido sostuvo que el acusado ha dicho que “está en guerra y ha asumido que la violencia política es la forma de alcanzar sus objetivos”, durante la primera jornada de juicio oral.
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El Ministerio Público acusó al líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, por incitación y apología de la violencia, además de usurpación de un predio y maltrato a la autoridad.
Durante la primera jornada de juicio oral en su contra, Llaitul expuso por cerca de 40 minutos tras renunciar a su derecho a guardar silencio y fue interrogado por el fiscal de Alta Complejidad Héctor Leiva, según consignó El Mercurio.
El líder de la CAM afirmó que no se retractaría de sus dichos en enero de 2020 en una actividad en cerro Ñielol, donde llamó a un "levantamiento político y militar del pueblo nación mapuche en contra de las forestales", pero argumentó que sus declaraciones tenían carácter privado y que fueron filtradas sin su consentimiento.
Además, manifestó que no ha participado en los delitos que se le imputan, debido a que su rol al interior de la CAM es de vocero.
Previo al inicio de la audiencia, los magistrados, Rocío Pinilla Daddabie, Jorge González Salazar (redactor) y José Ignacio Rau Atila (juez integrante) dio lectura a la acusación fiscal.
El primero en alegar fue el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, quien lidera la investigación. El persecutor sostuvo que el acusado ha dicho que “está en guerra y ha asumido que la violencia política es la forma de alcanzar sus objetivos”.
Asimismo, afirmó que todos los llamados hechos por Llaitul para cometer acciones de sabotaje fueron acatados y reivindicados por los miembros de la CAM, lo que le confiere un rol que va más allá de una vocería y que se comprueba con una lista de más de 50 atentados ocurridos desde enero de 2020.
El fiscal indicó que el Ministerio Público reunió las pruebas que permiten acreditar la comisión de delitos, que esto no se trata de una persecución contra las ideas o el derecho a la libre expresión y que su expectativa de condena es de 25 años de presidio, sumando las penas por cada ilícito.
En tanto, los abogados querellantes, que representan al Ministerio del Interior, a una compañía forestal y a un empresario particular solicitaron un fallo condenatorio.
Por su parte, la defensa de Llaitul señaló que buscarán la absolución y que los querellantes paguen las contas del juicio.
PURANOTICIA
