En auditoría se detectaron vínculos entre los contratistas Waldo Sánchez y Ecmovial Ltda., de la región de Valparaíso, que presentaron ofertas similares, compartían trabajadores, formatos tipo idénticos y compromisos de subcontratarse entre sí, entre otras anomalías.
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Bajo la lupa de la Contraloría General de la República estuvieron los procesos de licitación pública que realizó el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso en la fecha comprendida entre el 1 de enero de 2018 y el 30 de septiembre de 2022, vale decir, cuando la entidad era liderada por el UDI Tomás Ochoa.
Para ello, el órgano fiscalizador realizó una auditoría con especial énfasis en los dos proveedores a los que se le adjudicaron las obras más relevantes de esos cuatro años, tomando en cuenta el monto involucrado y el impacto social para la región. Esto, con el objetivo de verificar que los procesos licitatorios se hayan ajustado a las bases administrativas que los regularon y también a las disposiciones legales vigentes.
Las conclusiones a las que arribó la Contraloría Regional de Valparaíso están contenidas en el «Informe Final N° 355, de 2023», al que accedió Puranoticia.cl, y que da cuenta de graves irregularidades en la adjudicación a las empresas Waldo Sánchez y Ecmovial Ltda., hechos que además fueron puestos en conocimiento del Ministerio Público considerando que estos podrían revestir carácter de delitos; y de la Fiscalía Nacional Económica pues podría haber una infracción al principio de libre competencia.
Antes de pasar al detalle de las irregularidades, vale hacer presente que la información disponible en Mercado Público revela que el Serviu de Valparaíso, entre enero de 2018 y septiembre de 2022 realizó 353 licitaciones públicas, siendo estas dos empresas mencionadas las que lideran el ranking por montos adjudicados.
(N. de la R.: Contraloría tachó los nombres que aparecen como tal).
El ente que fiscaliza a los órganos del Estado comprobó una serie de situaciones en las licitaciones públicas adjudicadas por el Serviu de Valparaíso a la empresa Waldo Sánchez, por un monto superior a los 34 mil millones de pesos ($34.424.685.837); y a Ecmovial Ltda. por caso 3 mil millones de pesos ($2.670.339.065), las que darían cuenta de vínculos entre ambos contratistas y posibles contactos previos a la presentación de sus respectivas ofertas, lo que pudo afectar la competitividad de tales procesos y, por ende, el debido y racional uso de los recursos públicos involucrados.
Vale explicar que la primera firma ofertó por el proyecto de vialidad urbana que mejoraba el camino costero entre Reñaca y Concón, en su primera etapa; mientras que la segunda lo hizo por el emblemático proyecto de construcción del Parque Barón, en la comuna de Valparaíso. En ese sentido, se detectó que ambos contratistas incorporaron nueve formatos tipos elaborados en términos idénticos o casi idénticos.
Pero las similitudes de las ofertas de ambos contratistas no queda sólo ahí, pues también se comprobó que la caligrafía empleada para redactar la oferta económica presentada por ambas empresas es prácticamente la misma. Además, se verificó que el «Formato Tipo 6 Descripción Métodos Constructivos» que ambas compañías presentaron en la licitación pública del proyecto que mejoraba el eje Marga Marga, en Quilpué, tiene una redacción idéntica para la ejecución técnica de siete ítems.
Las irregularidades también contemplan la inclusión de cinco profesionales que trabajaron en ambas empresas: para Ecmovial, en la licitación para la construcción de la calle Mesana, en Valparaíso; y para Waldo Sánchez en otros tres procesos –los cuales no fueron identificados– pero donde incluso trabajó un hermano del propietario.
También se verificó que ambos contratistas, en los «Formato Tipo 10 Listado de Equipos, Maquinarias y Subcontratos», presentados en tres licitaciones públicas, propusieron que de resultar adjudicados, se subcontratarían entre sí. Por otra parte, el ente fiscalizador detectó en otra licitación pública –que terminó siendo adjudicada a Ecmovial Ldta– que ésta propuso subcontratar al contratista Waldo Sánchez.
Considerando que estas prácticas podrían constituir una infracción al principio de libre competencia, la Contraloría Regional de Valparaíso remitió copia del informe a la Fiscalía Nacional Económica (FNE). Pero eso no es todo, pues el Serviu de Valparaíso también deberá adoptar las medidas de control pertinentes para detectar y prevenir que estos hechos vuelvan a repetirse, situación que deberán comunicar oportunamente.
Pero además de las similitudes entre las dos empresas bajo la lupa de la Contraloría, también se advirtieron diferencias en los saldos de obras por ejecutar, informados por Waldo Sánchez en el documento «Formato Tipo 17» de las ofertas que presentó en tres licitaciones públicas, comprobándose que el Serviu de Valparaíso no verificó la información declarada por este contratista. Frente a esto, también se les ordenó adoptar medidas que permitan evitar que se repitan tales situaciones.
También se informó que esta empresa no acreditó que contaba con capacidad económica disponible de un 15% del valor del presupuesto de las obras de dos licitaciones, por lo que el Serviu deberá adoptar las medidas correspondientes.
La auditoría llevada a cabo entre 2018 y 2022 también consigna que no fue posible validar la información contenida en los certificados de inscripción vigente en el Registro Nacional de Contratistas, de 2020, por un monto de 4 mil millones de pesos ($4.013.508.000); y de 2021, por 4.300 millones de pesos ($4.305.206.000), los cuales fueron presentados por la empresa Waldo Sánchez en las ofertas de dos licitaciones.
Desde el Banco Itaú informaron –en el marco de la auditoría– que los documentos que figuran emitidos a dicha entidad financiera, entregados por el contratista a la Seremi de Vivienda y Urbanismo de Valparaíso, y que habrían certificado para emitir los certificados en el Registro Nacional de Contratistas, "no eran documentos que hayan seguido los procedimientos y validaciones exigidos" por ellos, por lo que no podían confirmar que la información contenida en ellos fuera efectiva.
Es por ello que el «Informe Final N° 355, de 2023» de la Contraloría también apunta a la Seremi de Vivienda y Urbanismo, de la cual indica que "no efectuó las diligencias suficientes que le hayan permitido verificar de manera oportuna el capital declarado" en los documentos, en circunstancias que el artículo 16 del decreto N° 127, de 1977, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), establece esa posibilidad. Por este motivo, la bajada regional del Minvu deberá iniciar un proceso sancionatorio en contra de esta empresa, lo que deberá ser informado a Contraloría en 60 días.
Considerando que las situaciones advertidas en los párrafos anteriores podrían revestir carácter de delito, se remitió copia del informe a la Fiscalía Regional de Valparaíso.
Finalmente, se verificó que el Serviu no exigió a Waldo Sánchez la regularización de la boleta de garantía; esto, luego de aprobar aumentos de obras y obras extraordinarias en una licitación pública, por lo que también se les ordenó adoptar las medidas pertinentes, además de instruirles un sumario administrativo, tanto al Serviu como a la Seremi de Vivienda, para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de las personas involucradas en los hechos denunciados.
En marzo del año 2021, el diputado Andrés Celis pidió fiscalizar, tanto a Contraloría como a la Fiscalía Nacional Económica, luego de la fallida toma de razón del proyecto «Parque Barón», en Valparaíso, por encontrar similitudes en las ofertas de las dos empresas finalistas: Waldo Sánchez (a cuyo contrato se puso término anticipado conforme a solicitud de resciliación de la firma) y Ecmovial Ltda..
Al respecto, el parlamentario RN manifestó que enviará los antecedentes al Ministerio Público y también que espera acciones por parte del Consejo de Defensa del Estado.
"Lo detectado por la Contraloría en torno a las licitaciones es sólo la punta del iceberg. En la región de Valparaíso existe una verdadera mafia al respecto, donde incluso he recibido amenazas al presentar este tipo de denuncia donde hoy la Contraloría me da la razón", expuso el representante de la región de Valparaíso.
De igual forma, el legislador del Distrito 7 aseguró que "voy a seguir, caiga quien caiga. Por lo tanto, voy a presentar una denuncia ante el Ministerio Público y espero, además, que el Consejo de Defensa del Estado se haga parte".
PURANOTICIA
