El jefe de la Contraloría General de la República, Jorge Bermúdez, participó en la primera sesión de la comisión investigadora del Estadio Municipal de San Antonio, donde dio cuenta de las principales observaciones halladas en el marco de la indagatoria realizada al proceso.
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Dando detalles de las irregularidades detectadas en el proceso de construcción del Estadio Municipal de San Antonio, el contralor general de la República, Jorge Bermúdez, fue el protagonista de la primera sesión de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, instancia donde se profundizó en el informe de fines del 2022.
Cabe recordar que el Municipio de San Antonio es el dueño del recinto llamado «Doctor Olegario Henríquez Escalante», cuya obra fue ejecutada por la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso (DRAV), del Ministerio de Obras Públicas (MOP), proceso donde hubo "irregularidades" y "contradicciones", según el ente fiscalizador.
La primera de éstas dice relación con la falta de cobros por el retraso en la ejecución de las obras en el reducto deportivo sanantonino. Y es que la entrega estaba proyectada para el 30 de enero de 2021, sin embargo, según consta en un informe de marzo del 2021, la comisión de recepción provisoria indicó que no era posible cursarla debido a que los trabajos no estaban concluidos.
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Es así como la obra recién se dio por finalizada el día 15 de abril de 2021, tal como se indica en el acta de reposición de recepción provisional, del 6 de julio del mismo año.
"Se incurrió en un atraso efectivo en el término de los trabajos, de 75 días corridos, lo que dio lugar a una multa de $258.736.000", expresó el Contralor.
Cabe hacer presente que dicho monto luego se reajusta y "sube a 295 millones 863 mil 850 pesos y es pagada por la empresa, y ésta fue ingresada a las arcas municipales el 15 de marzo de 2023", observación que –según Bermúdez– fue levantada.
Luego, el jefe de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado se refirió al aumento de las obras en el Estadio Municipal de San Antonio, donde se generó una de las observaciones más graves, según el Informe Final de Contraloría.
"Para decirlo en términos bien sencillos: fue el pago de una partida o de parte de una partida de obras que no estaba considerada dentro de lo presupuestado ni dentro del proceso", reveló el contralor Jorge Bermúdez ante los diputados.
"Se actualiza el valor de la partida por ajuste de metros cuadrados de una estructura que hay que proteger con una pintura, que pasa de 250 metros cuadrados a 304 metros cuadrados. Sin embargo, cuando uno ve el presupuesto desglosado, se habían contemplado solo 112 metros cuadrados de esa partida y no 250 como se estableció en el informe que entregó la Dirección de Arquitectura", agregó.
Esto significó un desembolso de $22 millones como pago adicional. "En el fondo, se paga de más por una obra que no estaba contemplada en el presupuesto. Son 22 millones y fracción. Esta observación se mantiene y da lugar a un juicio de cuentas por parte de la Contraloría, de esta obra que no estaba considerada", dijo Bermúdez.
La "cabeza" de la Contraloría General de la República también ahondó en el trabajo mancomunado entre la Municipalidad de San Antonio y la Dirección Regional de Obras respecto a la recepción de la obra, donde hubo episodios de entrega en la oficina de partes de las llaves del estadio y la devolución en Valparaíso.
Al respecto, el Contralor sostuvo que esto fue "la dilación en el cumplimiento de las obligaciones de la Dirección Regional de Arquitectura, que impidieron disponer de forma oportuna la puesta en servicio del recinto deportivo".
También expuso que "existe una solicitud de recepción definitiva, que hace la Secpla municipal, pero quien debe recepcionar es la Dirección de Obras Municipales (DOM), pero se formulan una serie de observaciones, muchas de ellas dependen de documentación que debe ser obtenida por quien ejecuta la obra, que es la DRAV".
Jorge Bermúdez indicó en su exposición en la comisión investigadora de la Cámara que "existe una serie de documentos, como certificaciones, patentes o los formatos que había que aplicar, que son problemas de carácter documental; y otros que suponen obras que se hubiesen hecho, que no están entregadas y; por lo tanto, hacían imposible realizar la puesta en servicio por parte de la municipalidad de la obra".
Dicha observación, a la fecha, aún no ha sido subsanada.
Otro de los puntos que tocó el Contralor General de la República dice relación con las irregularidades en la pintura intumescente en los elementos metálicos.
"Esta era una pintura que se aplicaría a estructuras de la techumbre, incluyendo sus vigas, que tiene una denominación, que es F-90, que es una característica para la resistencia al fuego. Y se aplicó calidad F-60", informó.
De igual forma, reveló que "no se entregaron las certificaciones y ensayos que permitieran acreditar el cumplimiento de la resistencia al fuego".
La observación relacionada al paso de la F-90 a la F-60 fue subsanada, pues en fase de seguimiento se presentó una certificación en el Ministerio de Vivienda, que mostraba la imposibilidad de contar con ella. "En Chile se certifica F-60, no F-90, pero no se entregó nunca el certificado. Por eso se mantiene la segunda parte de la observación", explicó el jefe del órgano fiscalizador del Estado.
Sobre la autorización para la recepción provisoria de obras sin cumplir los requisitos establecidos, se explicó que el inspector fiscal señaló que los trabajos no estaban terminados, pues faltaba la conexión de la matriz de agua potable y la instalación del medidor del recinto. Los planos se entregaron el 23 de junio de 2021.
En este punto, no procedía que el inspector autorizara la recepción provisoria de las obra y fijara el término de faenas para el 18 de febrero de 2021.
Es decir, "por un lado, el inspector dice que hay cosas pendientes; y por otro, fija una fecha de término de la obra", explicó Bermúdez, quien afirmó que en esta observación puntual "existe una contradicción en la actuación del inspector de la obra".
Y es que según el acta, "no existían razones que permitieran a la comisión de recepción y al inspector fiscal entender que los trabajos estaban 100% terminados y en condiciones de ser recepcionados con reserva, en virtud del artículo 168 del Reglamento de Construcción de Obras Públicas".
Dicho articulo mencionado da la posibilidad de recepcionar cuando los defectos no efectúen la eficiente utilización de la obra y puedan ser reparados fácilmente.
"No queda claro cómo se procede a tomar esta decisión de recepción, si no se estaba dando cumplimiento a los supuestos estrictos que establece esta norma", agregó el contralor Bermúdez en su exposición ante la comisión investigadora.
Respecto a la Dirección Regional de Arquitectura (DRAV), el titular de la Contraloría manifestó que ésta "no observó el procedimiento previsto para la recepción de las obras establecido en el artículo 168, ya que las obras fueron recibidas con reserva en julio de 2021, otorgándose al contratista (Valko) 30 días para subsanarlas".
Luego, explicó que la DRAV "vuelve a recibir con reservas las obras, por subsistir parte de las observaciones advertidas, otorgando un nuevo plazo de siete días, lo que se repitió en dos oportunidades, en vez de aplicar sanciones y multas".
Cabe recordar que esto derivó en la presentación de una demanda por $22 millones, además de un sumario interno en la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso, por obras ejecutadas al margen de lo proyectado, además de las irregularidades detectadas en el marco de la recepción provisoria de la obra.
PURANOTICIA
