La finalidad de esta indagatoria anunciada por el fiscal regional Juan Castro Bekios es establecer o descartar la existencia de hechos que pudieran revestir características de delito.
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El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, abrió una investigación de oficio por un extraordinario incremento en el padrón electoral de las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, con motivo de las próximas elecciones municipales.
La finalidad de esta indagatoria es establecer o descartar la existencia de hechos que pudieran revestir características de delito y las pesquisas estarán en manos de los fiscales jefes de Antofagasta y Calama, Cristian Aguilar Aranela y Eduardo Peña Martínez.
El miércoles, el presidente del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, anunció que presentarán denuncias ante el Ministerio Público contra 1.844 personas que solicitaron el cambio de sus domicilios electorales hacia las comunas de Putre, General Lagos y Camarones, en la región de Arica y Parinacota; y hacia las comunas de Sierra Gorda y Ollagüe, en la región de Antofagasta.
Estas solicitudes corresponden a domicilios que presentan irregularidades, tales como indicar una localidad en la que solo existen caseríos, calles sin numeración cuando la calle sí tiene numeración, numeración inexistente, o domicilios sin una cantidad de personas justificable.
Por ejemplo, en Putre existen 95 solicitudes de cambios de domicilio electoral a una dirección sin número, siendo que la calle sí tiene numeración (Riquelme sin número) y 26 hacia una dirección que corresponde a un negocio de abarrotes (en calle Baquedano).
En tanto, en Camarones hay 251 hacia Avanzada de Cuya sin número, que es una calle de 50 metros con 40 casas habitación, con domicilios anteriores precisos y ubicables de manera exacta en un mapa.
Andrés Tagle explicó que “en el caso de Sierra Gorda es llamativo por tratarse de una reiteración persistente. Ya en 2008 estos casos llevaron a anular las elecciones municipales. Y en 2016, el Servel detectó más de 2 mil casos de cambios de domicilio hacia esa comuna, lo que prácticamente hizo duplicar el padrón electoral de Sierra Gorda. Ello motivó la presentación de una querella y la posterior formalización de los casos por parte de la fiscalía”.
El artículo 54 de la ley 18.556 indica que sufrirá la pena de reclusión menor en su grado mínimo y multa de 10 a 100 unidades tributarias mensuales (entre $659.000 y $6.590.000 aproximadamente) quien, al declarar o actualizar domicilio electoral, proporcione datos falsos o un domicilio electoral diferente de los permitidos en el artículo 10 de la misma ley. Es decir, quien no tenga un vínculo objetivo ya sea porque no reside, estudia o se desempeña laboralmente en el lugar.
PURANOTICIA
