Eduardo Ríos renunció a la Fiscalía denunciando a Juan Castro Bekios por presunto hostigamiento sufrido el año pasado.
visitas
El fiscal de Antofagasta, Eduardo Ríos, renunció al Ministerio Público y denunció al fiscal regional Juan Castro Bekios por presunto hostigamiento sufrido el año pasado.
Además, su dimisión se produce en el contexto de duras derrotas de la Fiscalía en el caso ProCultura.
El persecutor envió una carta al Fiscal Nacional, Ángel Valencia, en la que expone que "con todo lo ocurrido entre noviembre y diciembre de 2025, hoy concluyo que lo que viví y lo que vivió mi equipo no fue un problema aislado ni una simple diferencia de criterios".
De acuerdo a la denuncia de Ríos, "en los hechos, se parece demasiado a un proceso de mobbing: una forma de hostigamiento que no siempre se expresa con insultos o gritos, sino con aislamiento, desautorización, secretismo y confusión inducida, hasta que uno termina trabajando bajo presión constante y sintiéndose observado, marginado y reemplazable".
También expuso problemas con Castro Bekios en el caso ProCultura, en el que también participó en la investigación. En la denuncia que Ríos envió a la Fiscalía Nacional se lee que "en la segunda semana de diciembre de 2025 me entero de que, en noviembre, el DER y/o el Fiscal Regional le habrían pedido a la abogada asesora Natalia Cumming un informe del estado de ProCultura, con instrucción expresa de mantenerlo en secreto, es decir, deliberadamente a mis espaldas, aun cuando esa abogada trabajaba en un equipo a mi cargo".
Agregó que "no tengo cómo interpretar eso de otra forma que como un control clandestino, una manera de obtener información 'por fuera' y medir o vigilar al equipo sin dar la cara, sin transparencia y sin respeto por la jefatura formal que yo ejercía".
Cabe señalar que durante este miércoles, la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la solicitud de desafuero del gobernador metropolitano Claudio Orrego, imputado por fraude al fisco en la investigación que desarrolla la Fiscalía Regional de Antofagasta.
La Fiscalía llegó a esta instancia con dos derrotas a cuestas, ya que el 7º Juzgado de Garantía de Santiago dejó en libertad aunque bajo arraigo a Alberto Larraín, fundador de ProCultura, y otros cuatro imputados.
Posteriormente, la Corte de Apelaciones de Santiago ratificó esta decisión y avaló lo resuelto por el juez de Garantía, Patricio Álvarez, en cuanto a que no hay pruebas del fraude al fisco.
Como sea, la Fiscalía sostiene que Orrego cometió fraude al fisco al suscribir dos convenios con Procultura por un total de $1.690 millones sin que la fundación contara con la “capacidad, idoneidad, competencia y experiencia” necesarias para ejecutar los contratos.
Los recursos entregados en 2022 a ProCultura debían destinarse al programa “Quédate”, iniciativa orientada a la prevención del suicidio. Sin embargo, cerca de $1.000 millones no estarían justificados.
Según la Fiscalía, el convenio carecía de justificación técnica y estaría sustentado únicamente en la cercanía entre Larraín y el gobernador Orrego. Sin embargo, con el fallo de este miércoles, Orrego libró de la formalización.
PURANOTICIA
