Para subsanar este inconveniente, Desarrollo Social llevará a cabo un procedimiento excepcional para aplicar la FIBE a los propietarios arrendadores, donde el afectado deberá realizar la solicitud para que le realicen esta ficha vía web o acudiendo al Municipio respectivo.
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Serias dificultades han manifestado tener propietarios que arrendaban sus casas al momento del megaincendio del 2 y 3 de febrero que le cobró la vida a 135 personas y que ha dejado más de 7 mil viviendas consumidas en la región de Valparaíso.
A inicios del segundo mes del año, un incendio en el fundo Las Tablas, a un costado de la Reserva Nacional Lago Peñuelas, en la comuna de Valparaíso, se propagó rápidamente hacia Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, arrasando con todo a su paso.
El resultado de esta tragedia –sólo comparada con la catástrofe del terremoto con posterior tsunami del 2010 en la zona centro-sur– fue que más de 20 mil personas quedaran damnificadas, muchas de ellas con sus casas quemadas.
Frente a la emergencia, el Gobierno ha impulsado una serie de medidas para ir en ayuda de los afectados, ya sea de carácter económico como de viviendas transitorias. Estas últimas han sido fruto de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE), instrumento que llevan a cabo los respectivos municipios para caracterizar a los damnificados.
No obstante es aquí donde surgen problemas, pues desde el Ministerio de Desarrollo Social, específicamente de su Subsecretaría de Servicios Sociales, se ha informado que a la fecha el proceso se ha ejecutado en un 97% de los hogares afectados. En concreto, se han aplicado 8.041 FIBE a 20.940 personas damnificadas. De ellas –y según consigna La Tercera– 5.702 son de Viña, 2.222 de Quilpué y 117 de Villa Alemana.
Si bien, desde La Moneda evalúan positivamente el desarrollo de este proceso, en el territorio la sensación no es la misma, pues muchos vecinos aseguraron que no han sido parte del proceso de ayudas tempranas al ser propietarios que arrendaban sus hogares al momento en que el fuego arrasara con estas tres comunas.
Esta complicación incluso fue reconocida por el Ministerio de Desarrollo Social que, a través de una resolución exenta del 14 de marzo, donde afirma que hay un porcentaje de damnificados que no han sido catastrados por los motivos señalados.
El considerando Nº11 del documento –y según La Tercera– señala que "a través de diversas solicitudes ciudadanas y de acuerdo a lo informado por el equipo regional de emergencia de Desarrollo Social, se toma conocimiento de situaciones especiales respecto a falta de catastro realizado a personas que son propietarias y arrendadoras de inmuebles que resultaron afectados en la emergencia".
Producto de esto, la Secretaría de Estado hizo ver la necesidad de regular un protocolo para las personas que se encuentran en esta situación, para que los datos sean exactos. También hablan de otro protocolo para que estos afectados puedan llenar la FIBE de manera correcta y sus datos sean exactos para su adecuado funcionamiento.
"Se optó por incluir de forma extraordinaria a un nuevo grupo de la población, integrado por propietarios y arrendadores, para evaluar si reúnen las condiciones para identificarse como potenciales receptores de alguna de las ayudas que ha definido destinar el gobierno para las familias afectadas", agregaron.
El tema también fue abordado por la Municipalidad de Viña del Mar, que afirma a La Tercera que hasta la fecha hay unas 600 personas damnificadas que no han sido catastradas por ser propietarios arrendadores. Desde el Ministerio de Desarrollo Social explican que las ayudas tempranas contemplan a familias que viven en las casas catastradas, incluyendo a arrendatarios; mientras que en la reconstrucción se incluye a propietarios o arrendadores pensando en la solución definitiva.
Para superar esta controversia, se llevará a cabo un procedimiento excepcional para aplicar la FIBE a los propietarios arrendadores, señalando que el afectado deberá realizar la solicitud para que le realicen esta ficha vía web o acudiendo al Municipio. De esta manera, será la Subsecretaría de Servicios Sociales la que deberá aprobarlas o rechazarlas, derivando las favorables a la Seremi para que coordine con el respectivo Municipio la realización de la encuesta.
Cabe hacer presente que uno de los motivos para que se rechace la solicitud es que, por ejemplo, se detecte que el arrendador forme parte de otro hogar catastrado previamente con la FIBE; o que el arrendador tenga más de una vivienda afectada.
PURANOTICIA
