Una serie de irregularidades son las que detectó el ente fiscalizador en el Municipio administrado por el alcalde Alfonso Muñoz, en el marco de contratos suscritos para el Departamento de Educación Municipal de esta comuna ubicada en la provincia de San Antonio.
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Una serie de irregularidades detectó la Contraloría Regional de Valparaíso en el marco de la contratación de diversas empresas por parte de la Municipalidad de El Tabo para el Departamento de Educación Municipal (DAEM) de esta comuna ubicada en la provincia de San Antonio y que es administrada por el alcalde Alfonso Muñoz.
Vale hacer presente que tanto las denuncias como las observaciones realizadas dicen relación con la contratación de servicios informáticos y otros de seguridad para establecimientos de la comuna.
Cotizaciones que no fueron válidamente emitidas por empresas; calificaciones mayores a las que deberían haber obtenido; documentos falsos; sets de vigilancia adquiridos sin una marca clara; servicio sin instalar; pagos con sobreprecio en relación al valor de mercado; tratos directos injustificados; y otros hechos son los revelados por el Informe Final N° 738 de 2021, emitido en junio de 2022.
La indagatoria del ente que fiscaliza a los órganos del Estado comenzó a raíz de tres denuncias, donde la primera de ellas cuestiona la legalidad de la contratación de la empresa Venta de Insumos Informáticos, debido al vínculo de parentesco que existe entre el encargado de informática del Departamento de Educación Municipal y la dueña de esas sociedades.
La misma acusación sostiene que las cotizaciones que se adjuntan a los tratos directos celebrados con las empresas serían falsas; que la empresa Gestión Sustentable SpA fue contratada para prestar servicios de vigilancia del área educativa, vía trato directo, sin que se efectuara una licitación previa; que dicha sociedad no posee las autorizaciones necesarias para prestar tales servicios; y que el precio pagado por las cámaras de seguridad adquiridas a la misma firma sería excesivo.
La segunda denuncia reclama que el levantamiento del cierre perimetral del colegio El Tabo fue contratado a través de cuatro tratos directos para eludir la licitación pública; que la contratación para el cierre perimetral de la Escuela Básica Las Cruces no se encuentra justificada; que el Director del DAEM tiene conflicto de intereses, entre otras.
En la tercera presentación, en tanto, se denuncian diversas irregularidades en torno a la contratación de las empresas Lientur Tecnologías SpA, Zona Depot SpA, Infeso Ltda., Gramac E.I.R.L., Muebles Orbi SpA, Zona Depot SpA, Inversiones HFS Group, Ofimat Ltda. y Edenred Chile, para la adquisición de alimentos, vestuario para alumnos, muebles y softwares computacionales, entre otros.
Una de las primeras conclusiones a las que llegó la Contraloría Regional de Valparaíso indica que se comprobó que la Municipalidad de El Tabo contrató 15 tratos directos con las empresas Gestión Sustentable SpA y Venta de Insumos Informáticos, acompañando en los decretos de pago, cotizaciones que aparecen emitidas por las empresas NGS S.A., Impresoras Digitales Ltda., Cámaras de Seguridad MVE Seguridad Privada SpA y SOC Profesionales de la Seguridad Ltda..
Dichas cotizaciones, según el órgano fiscalizador, "no corresponden a documentos válidamente emitidos por tales firmas", por lo que se le ordenó al Municipio administrado por Alfonso Muñoz, del Partido Socialista (PS), que adopte las medidas pertinentes para evitar la reiteración de hechos como los descritos.
De igual forma, las causales invocadas por el Municipio para justificar nueve tratos directos con la empresa Gestión Sustentable SpA, por los servicios de vigilancia, no se encontraban suficientemente acreditadas.
Además, durante 2019 y 2020, la casa edilicia suscribió con la misma empresa mencionada otros 10 tratos directos y también le adjudicó una licitación pública para la prestación de los servicios de seguridad privada en colegios, cuando no se encontraba habilitada para prestar dichos servicios.
La investigación de Contraloría también detectó una situación de extrema gravedad y que incluso podría revestir carácteres de delito.
Esto se origina en el hecho que la comisión evaluadora de una licitación municipal le otorgó a la sociedad Gestión Sustentable SpA –adjudicataria de ese proceso– un total de 9,8 puntos en el criterio «Monto de la mensualidad», cuando sólo debió obtener 7,4 puntos. Además, en el criterio «Experiencia en el Rubro», le otorgó 7,5 puntos, sin embargo, la documentación que acompañaba la oferta sólo permitía asignarle 2,5 pts.
En tanto, en el criterio «Presentación de documento emitido por Carabineros de Chile que autorice las actividades de seguridad de la empresa», se le asignaron 10 puntos, cuando al momento en que se lleva a cabo el proceso la empresa no estaba habilitada para prestar servicios de vigilancia privada.
Respecto a este último punto, se verificó que sería falso el documento que la empresa Gestión Sustentable SpA acompañó para acreditar que estaba autorizada para prestar los servicios de seguridad privada. Esto, según se indicó por parte de la Prefectura de Carabineros de San Antonio.
"Atendido lo expuesto en los párrafos precedentes, esta Entidad de Control remitirá copia del presente Informe Final a la Fiscalía Local del Ministerio Público de Valparaíso, toda vez que tales situaciones podrían revestir caracteres de delito", sostuvo Contraloría en el documento.
Respecto a estas contrataciones, la entidad fiscalizadora estableció que durante la investigación no se tuvieron a la vista antecedentes que permitieran constatar cuál era la marca de los sets de vigilancia adquiridos a la empresa Gestión Sustentable SpA, lo que, a su vez, impidió verificar cuáles y cuántas fueron las cámaras de seguridad entregadas por dicho proveedor.
Además, en la visita a terreno por parte de los fiscalizadores de Contraloría, se verificó la existencia de tres cámaras de seguridad sin ser instaladas; la falta de tres CCTV DVR; 18 cámaras y dos CCTV DVR que no se encontraban operativos.
En otro de los resultados que arroja el Informe Final Nº 738 se informa que la Municipalidad de El Tabo pagó un sobreprecio aproximado de $943.225, por cada set de vigilancia, equivalente al 423% sobre el valor de mercado promedio, el que totalizado asciende a $7.545.800.
De igual forma, el Municipio no adoptó las medidas para cautelar que la licitación pública sobre servicios de vigilancia en el DAEM se dispusiera oportunamente, lo cual "no se ajustó al criterio jurisprudencial de la Contraloría General".
El informe también da cuenta que se logró identificar una relación de parentesco, en segundo grado por consanguinidad –hermanos–, entre el encargado de Informática del Departamento de Educación Municipal (DAEM) y la dueña de las empresas Venta de Insumos Informáticos.
No obstante, la Contraloría Regional de Valparaíso afirma que, "en esta oportunidad no se advierte, por esta circunstancia, impedimento legal en la contratación de tales empresas por parte de la Municipalidad".
PURANOTICIA
