Como "inaceptable" y "grave" calificaron los parlamentarios lo ocurrido en la escuela España de Llolleo, donde niños de 10 años fueron consultados si han tenido relaciones íntimas, si han agredido sexualmente a otros y si han pensado en suicidarse, entre otras.
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Agresión sexual y psicológica denunciaron padres y apoderados del colegio España de la localidad de Llolleo, en la comuna de San Antonio, a raíz de una encuesta que el Centro de Salud Familiar (Cesfam) del sector les hizo a alumnos de quinto año básico.
En específico, la denuncia apunta a la aplicación de un test con contenidos sexuales a menores de edad, situación que fue rechazada por sus padres y apoderados, quienes acusaron –además– una intromisión en la vida privada de sus familias.
La denunciante Verónica Jeria señaló que "los niños llegaron traumados, porque se les preguntó si mantenían relaciones íntimas, si habían agredido sexualmente a otros y si alguna vez habían pensado en suicidarse, entre otras cosas".
Tras enterarse de esta encuesta, los padres y apoderados entablaron una denuncia ante la Policía de Investigaciones que, a su vez, envió los antecedentes al Ministerio Público, para ser traspasados finalmente al Juzgado de Familia de San Antonio.
Consultada respecto a este polémico cuestionario, la Seremi de Educación de Valparaíso indicó que “no fuimos consultados ni fuimos parte de la coordinación para la realización de esta encuesta”, agregando que "el jefe provincial de Educación de San Antonio, Sergio Baeza, sostuvo conversaciones con el director del establecimiento para esclarecer el cumplimiento de los protocolos correspondientes"..
"De acuerdo al levantamiento de información realizada hasta ahora, no se solicitó consentimiento a las familias por parte del establecimiento ni por el personal de salud", expusieron, junto a agregar que "de acuerdo a la normativa, las madres, padres y apoderados tienen derecho a ser informados por el sostenedor y los directivos y docentes a cargo de la educación de sus hijos de los rendimientos académicos, de la convivencia escolar y del proceso educativo en su conjunto, lo que incluye talleres o actividades de capacitación gestionadas con entidades externas”.
Pero el hecho no quedó sólo en eso, pues parlamentarios de la región de Valparaíso criticaron duramente lo ocurrido en San Antonio. Tal fue el caso del diputado Andrés Celis, quien comentó que "es completamente inaceptable que se exponga a niños de tan corta edad a preguntas sobre sexualidad en sus evaluaciones escolares. La infancia debe ser un período protegido y libre de presiones inapropiadas. Este tipo de cuestionarios deben ser diseñados de manera que respeten el desarrollo natural de los niños y siempre deben contar con el consentimiento informado de los padres. No podemos permitir que se vulnere la inocencia y el bienestar de las y los niños bajo ninguna circunstancia. Hago un llamado a las autoridades del Ministerio de Educación a revisar y regular estrictamente este tipo de prácticas para asegurarnos de que reciban una educación adecuada, respetuosa y acorde a su etapa".
En tanto, la diputada Carolina Marzán dijo que "me parece una situación grave. Primero, este cuestionario debería estar revisado y autorizado por los padres, madres o tutores. Preguntarle a un niño o niña, cuya etapa de desarrollo no es la misma que la de un adolescente o cercano a la mayoría de edad, puede resultar muy violento y traumático no solo en el aspecto de las preguntas de carácter sexual, sino también si se les consulta respecto a situaciones de suicidio. Sabemos que la salud mental hoy es un tema sobre la mesa, que debemos abordar por las altas tasas de suicidio en jóvenes, y significa revictimizarles si uno de ellos ha estado en esta situación, lo que podría además gatillar situaciones complejas si no ha tenido el apoyo adecuado. Por ello, a cualquier edad, siendo menores de 18 años, me parece que debe existir el conocimiento y autorización por parte de los y las apoderadas”.
En tanto, el diputado Hotuiti Teao sostuvo que "como integrante de la Comisión de Familia de la Cámara, me alarma enormemente las preguntas absolutamente inapropiadas realizadas a niños del colegio municipal España de Llolleo, en San Antonio. Como ente fiscalizador y especialmente enfocado en resguardar la infancia, elevé un oficio fiscalizador solicitando a la Ministra de Salud modificar la Encuesta Clap, que es parte del Programa de Salud Integral de Adolescentes y Jóvenes del Minsal y que se aplica a niños entre 10 y 19 años. Todo esto, a fin de que en niños de rango de edad menor, se apliquen preguntas distintas y más acorde a su desarrollo emocional".
Finalmente, la diputada Camila Flores planteó que "me parece de suma gravedad lo que ha ocurrido en este colegio, en Llolleo. Voy a hacer la denuncia correspondiente a la Superintendencia de Educación, porque más allá si este test está validado o no por organismos nacionales o internacionales, no se puede realizar –desde mi punto de vista– sin el consentimiento de los padres. Estamos hablando de preguntas de grueso calibre, que niños de 10 años no tienen por qué saber conocer. Son temáticas que obedecen a la educación, más bien que se les entrega en la casa. Que los padres deben guiar a estos niños pequeños y que no se les debe imponer en un colegio. Esto es sumamente grave y obedece a una lógica que es muy propia del actuar de este gobierno, de meterse con la sexualidad de los niños".
PURANOTICIA
