Tras conocerse la agresión sufrida el pasado 1 de diciembre por el académico y arquitecto, Lorenzo Berg, en la reapertura del Teatro Municipal de Viña del Mar, cuyas obras estuvieron a su cargo, el diputado RN, Andrés Celis Montt, decidió escalar el caso a la Contraloría, buscando una investigación sumaria para esclarecer responsabilidades. Incluso en el requerimiento dirigido al Contralor Regional de Valparaíso, Ricardo Betancourt, el legislador pide remitir los antecedentes al Ministerio Público “si del resultado de la investigación se logra recabar información que de luces de hechos irregulares que sean constitutivos de delitos o infracción del artículo 175 del Código Procesal penal”.
Para el parlamentario ”lo ocurrido es una vergüenza y deja entrever una serie de irregularidades en el Municipio Viñamarino, ya que el destacado arquitecto y académico de la Universidad de Chile, Lorenzo Berg, fue agredido en extrañas circunstancias, por quienes se estima son funcionarios municipales y/o guardias privados que prestan servicios de seguridad para la Municipalidad de Viña del Mar. Por esto, y ante la indolencia del ‘municipio de los cuidados’, ingresé un requerimiento solicitando al Contralor Regional de Valparaíso, Ricardo Betancourt, iniciar una investigación sumaria para dilucidar las responsabilidades, requiriendo la información necesaria a la Alcaldesa Macarena Ripamonti o de quien estime pertinentes. Considero primordial que Contraloría, en uso de sus facultades constitucionales y legales, vele por la observancia del principio de probidad administrativa, legalidad y servicialidad”.
En el requerimiento el diputado Celis expone que de acuerdo a la jurisprudencia del Sistema Interamericano, hay un deber del municipio viñamarino, en tanto órgano estatal, de respetar los derechos fundamentales y tomar todas las medidas para la adecuada protección de la integridad física y psíquica en el marco de sus actividades o en el ejercicio de las funciones de funcionarios municipales o quienes, desde el mundo privado, prestan servicios que permitan al municipio alcanzar sus objetivos, haciendo que todo lo contrario a aquello sea una abierta y directa infracción administrativa al principio de probidad que deben ejercer y mantener los funcionarios públicos. Esto es una expresión del principio de Servicialidad del Estado.
Además, el documento expone que “resulta necesario conocer si por parte de funcionarios municipales, o por la propia máxima autoridad comunal, se efectuaron las denuncias correspondientes de conformidad con los artículos 175 del Código Procesal Penal y 58 letra k del Estatuto Administrativo Municipal”.
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