Detienen a 10 personas por presunto fraude al fisco y sobornos en el Maule: defraudación ascendería a $3 mil millones

Una investigación por una presunta red de corrupción que habría operado al interior de municipios y del Gobierno Regional del Maule derivó en la detención de 10 personas, entre ellas funcionarios públicos y empresarios, en el marco de la denominada “Operación Castillo de Naipes”.

El procedimiento fue desarrollado por la Fiscalía Regional del Maule y la Policía de Investigaciones (PDI), luego de una indagatoria que se inició en octubre de 2024 y que busca esclarecer una serie de delitos que habrían permitido defraudar al Estado por cerca de $3.000 millones.

“Se ha pesquisado hasta el momento que la defraudación ascendería a un monto cercano a los 3.000 millones de pesos y por concepto de soborno y delitos relacionados habría al menos 316 millones de pesos que también se habrían visto involucrados en esta situación”, detalló este lunes el fiscal regional Rodrigo Peña.

La causa involucra a personas vinculadas al Gobierno Regional y a las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. La investigación también apunta a la participación de una empresa constructora privada y contempla distintas aristas por delitos económicos.

Entre los ilícitos investigados se encuentran fraude al Fisco, cohecho, soborno, estafas a empresas de factoring, falsificación mercantil, delitos tributarios y lavado de activos.

El fiscal regional Rodrigo Peña explicó que la investigación se encuentra radicada en San Javier y que durante las diligencias se logró establecer la participación de distintos actores vinculados a la administración pública y al sector privado.

“Se trata de un procedimiento que se viene desarrollando desde el año 2024 donde se ven lamentablemente involucradas personas que pertenecen a la administración pública”, explicó Peña.

“Son funcionarios públicos de diversas municipalidades de la región y también personas y empresas privadas, en una causa en la que existe una asociación criminal dedicada defraudar al Estado”, agregó.

El persecutor confirmó que “hemos logrado la detención de 10 personas, dentro de los cuales, están los principales involucrados. Esta investigación tiene bastantes aristas con varios ilícitos a perseguir”.

Peña advirtió además que la investigación continuará y “vamos a perseguir sea quien sea la persona que se encuentre involucrada. Estos son hechos inaceptables que afectan la fe pública, por lo cual, son deleznables”.

De acuerdo con los antecedentes entregados por la PDI, durante el operativo se ejecutaron 13 órdenes de detención y de entrada y registro, con la participación de más de 70 detectives.

El jefe policial detalló que entre los detenidos hay tres empresarios privados, funcionarios de distintas municipalidades y dos personas vinculadas al Gobierno Regional: “Se detuvo a 10 sujetos, tres de ellos, empresarios particulares y el resto funcionarios de distintas municipalidades y dos de los detenidos son del Gobierno Regional”, precisó.

La investigación también cuenta con la participación de unidades especializadas de la Fiscalía Nacional, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Servicio de Impuestos Internos (SII). Los municipios de Villa Alegre, San Javier, Colbún y Longaví figuran entre las entidades que han intervenido en la causa como querellantes.

Desde el Gobierno Regional del Maule, en tanto, el gobernador Pedro Pablo Álvarez-Salamanca destacó que “en abril del 2025 presentamos una denuncia en la Fiscalía justamente porque teníamos antecedentes de que algo estaba pasando con los recursos públicos en el gobierno regional”.

“Luego de eso empieza la investigación. Nosotros aportamos con todos los antecedentes que la Fiscalía y la Policía de Investigaciones nos requiere a través de nuestra unidad jurídica”, detalló.

El gobernador señaló que dos de los detenidos tendrían vínculo con el Gobierno Regional y explicó las medidas administrativas adoptadas tras conocerse los antecedentes.

“Uno de ellos renunció en forma voluntaria, el otro está con sumario administrativo y está suspendido de sus funciones”, explicó.

“Cuando supimos e hicimos esta denuncia, inmediatamente lo apartamos de las funciones de donde estaba como administrador de proyecto y lo sacamos a otra división y después se fue suspendido por el tema del sumario. Por lo tanto, hemos adoptado todas las medidas y todas las diligencias, tanto administrativas como judiciales, para que esto se esclarezca a la brevedad”, añadió Álvarez.

La Fiscalía solicitará la prisión preventiva de los 10 imputados, quienes serán puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Javier para su formalización.

PURANOTICIA