Dirigentes de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Quillota presentaron un escrito ante el ente fiscalizador, exigiendo que se esclarezca la situación que derivó en la muerte del funcionario municipal, hecho registrado el pasado jueves 30 de mayo.
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Hasta la Contraloría Regional de Valparaíso acudieron representantes de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), especificamente del provincial Quillota, para solicitar que dé inicio a un sumario en la Municipalidad de Nogales tras el suicidio de Gonzalo Tapia, quien fuera el Director de Obras Municipales (DOM) de la comuna.
Dirigentes de la CUT de Quillota presentaron un escrito ante el ente que fiscaliza a los órganos del Estado, exigiendo que se esclarezca la situación que derivó en la muerte del funcionario municipal, hecho registrado el pasado jueves 30 de mayo.
"Diversas publicaciones de prensa y de versiones directas de funcionarios dan cuenta del momento que vivía el profesional, por las presiones indebidas que tendría de parte de la Alcaldesa, Margarita Osorio y de la Administradora, Paola Moya, lo cual lo habría llevado a tomar la decisión trágica del suicidio", indicaron los trabajadores a través del escrito al que pudo acceder Puranoticia.cl.
Estos hechos importarían una vulneración a lo dispuesto en los artículos 82, letras l) y m), 58, letra g), y 61, letras a) y b), de la ley N° 18.883; en los artículos 13, inciso primero, 52 y 53 de la ley N° 18.575; y en el artículo 29, letras b) y c), de la ley N° 18.695; todos los anteriores en armonía con lo establecido en el artículo 56, inciso primero, de la citada ley N° 18.695. "Además. conforme al criterio contenido en el dictamen N° 15.405, de 2014 de esa sede de Control, su aplicación debe extenderse a cualquier acto de hostigamiento que atente contra la dignidad de las personas", añadieron.
También solicitaron a la Contraloría Regional de Valparaíso que no sólo instruya el sumario administrativo en el Municipio de Nogales, sino que "el mismo sea llevado y sustanciado por el ente contralor", al considerar que "la principal involucrada en los hechos denunciados son la señora Alcaldesa y su Administradora Municipal".
Esto, teniendo en cuenta lo prescrito en la Ley N° 20.607, que incorporó a la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales la prohibición para los respectivos funcionarios de realizar todo acto calificado como acoso laboral en los términos que dispone el inciso segundo del artículo 2 del Código del Trabajo (art. 84, letra m, Estatuto Administrativo) y amparado, entre otras cosas, por el Convenio 190 de la OIT, que fue ratificado por el Estado de Chile el 8 de marzo de 2023, y depositado la sede OIT en Ginebra, Suiza, en julio de 2023, para entrar en vigor en junio de 2024.
Es por todos estos antecedentes que en el documento dirigido al contralor regional, Ricardo Betancourt, solicitan que "se instruya un procedimiento disciplinario y que el mismo sea sustanciado por la Contraloría Regional de Valparaíso, atendido los graves hechos que la motivan, con el objeto de que se pueda aclarar los hechos y determinar las responsabilidades que concurran, por cuanto el impacto que ha provocado en la comunidad municipal y comunal esta situación amerita la máxima atención y esfuerzos por parte de vuestra institución".
Cabe hacer presente que el escrito presentado ante la Contraloría Regional de Valparaíso está firmada por Anamaría Espinoza, secretaria; y Sergio Olivares, presidente de la CUT Provincial de Quillota.
PURANOTICIA
