La Corte de Valparaíso emitió un fallo que ordena el desalojo de un campamento ilegal que había sido catastrado por el Serviu y estaba en fase de regularización.
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En un fallo que ha suscitado debates en torno al derecho a la vivienda y la relación entre el Estado y las propiedades privadas, la Corte de Valparaíso ha dictaminado el desalojo en seis meses de un campamento ilegal conocido como "18 de octubre". Este campamento, ubicado en Villa Alemana, había sido catastrado por el Serviu y estaba en proceso de regularización.
Srgún informó El Mercurio, la decisión, en concordancia con el criterio establecido por la Corte Suprema, marca un hito al ser la primera vez que se ordena el desalojo de un campamento que se encontraba en fase de intervención por parte del Serviu. El campamento "18 de octubre" había surgido en 2019 como resultado del estallido social y se asentó en un terreno en Villa Alemana de propiedad de la inmobiliaria Aste y Bozzolo. Posteriormente, se extendió a un predio vecino del mismo dueño.
El fallo fue emitido por la Ministra Rosa Aguirre y la abogada integrante Marcela Fernández, quienes argumentaron siguiendo las bases establecidas por la Corte Suprema. Estos fundamentos se centran en la utilización de recursos de protección como respuesta a la ineficacia de otras acciones judiciales para restablecer el derecho de propiedad.
Sin embargo, la ministra Silvana Donoso emitió un voto disidente, cuestionando la orden de desalojo. Donoso argumentó que el Estado, al iniciar un proceso de regularización a través del Serviu, estaba reconociendo la necesidad de brindar una solución habitacional a personas que carecen de vivienda. Esta fase de regularización había sido iniciada con la colaboración de la fundación En-Red, que posteriormente se vio involucrada en un escándalo por traspaso irregular de recursos.
El abogado de la inmobiliaria Aste y Bozzolo, Bernardo Arroyo, expresó sorpresa al descubrir que el Estado había celebrado contratos con una fundación privada para consolidar el campamento en terrenos privados. Arroyo comentó que esto plantea interrogantes sobre la relación entre organizaciones estatales y privadas en relación con este tipo de conductas.
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