Órgano fiscalizador del Estado estableció que el convenio con la Cámara Chilena de la Construcción permite la intervención de terceros en capacitaciones y en la eventual revisión de la intervención de las Direcciones de Obras Municipales de la región de Valparaíso.
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Un convenio suscrito el año 2023 entre la Seremi de Vivienda de Valparaíso y la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) puso en aprietos a la bajada regional del Minvu, entidad a la que la Contraloría General de la República le ordenó invalidarlo.
Abordar las problemáticas de la labor de revisión de proyectos en las Direcciones de Obras Municipales (DOM) de la región de Valparaíso y su relación con el correcto desarrollo del Plan de Emergencia Habitacional 2022-2025 fue el objetivo central que tuvo este acuerdo entre las partes, el cual hoy se encuentra siendo objetado.
Y es que según se puede advertir en el documento emanado por la Contraloría –al cual Puranoticia.cl accedió a través de un artículo del medio Interferencia.cl–, una persona bajo reserva de identidad solicitó un pronunciamiento sobre la legalidad del convenio suscrito entre la Seremi de Vivienda y la CChC, el cual no se encontraba publicado en el banner de Transparencia Activida de la Secretaría Ministerial.
A juicio del denunciante, los objetivos planteados en el acuerdo suscrito vulneraban la independencia de la labor de supervigilancia que debe tener la Seremi de Vivienda, e incluye implícitamente a los directores de las DOM.
Así es como se inicia una investigación por parte de la entidad que fiscaliza a los órganos del Estado, la que recordó que la Ley General de Urbanismo y Construcciones prevé que las Seremis de Vivienda deben "supervigilar las disposiciones legales, reglamentarias, administrativas y técnicas sobre construcción y urbanización" y "resolver las reclamaciones interpuestas contra resoluciones dictadas por los Directores de Obras".
Luego, acerca del Plan de Emergencia Habitacional que elaboró el Ministerio de Vivienda para el periodo 2022-2025, una de las propuestas es suscribir convenios de colaboración con actores públicos o provados que actúan en el territorio. Es bajo este contexto que el 2023 se firma este convenio con la CChC, donde se buscaba –entre otras cosas– constituir el «Grupo de Trabajo DOM Valparaíso»,
En ese sentido, uno de los objetivos específicos del convenio era generar un marco de colaboración para abordar problemas en el funcionamiento de las DOM de las 38 comunas de la Quinta Región en lo relacionado con tramitación de proyectos de construcción; así como un espacio de discusión sobre desempeño del Plan Habitacional y promover el fortalecimiento de la labor de supervigilancia de la Seremi.
La revisión de Contraloría al convenio establece que, si bien, el Plan de Emergencia Habitacional autoriza que la Seremi de Vivienda firme convenios de colaboración con entidades privadas, recuerda que "ello no puede implicar la afectación de la independencia con que dicho organismo debe ejercer sus atribuciones".
De igual forma, sostiene en el dictamen del organismo de control que "resulta inadmisible que los órganos de la Administración del Estado, especialmente aquellos a los que la ley ha asignado funciones fiscalizadoras (...) regulen contractualmente con terceros el ejercicio de sus deberes legales", pues se limita la necesaria autonomía con que esos órganos deben desempeñar sus funciones.
Y es que a juicio del órgano de control, lo ocurrido en este convenio puntual es que se "permite la intervención de terceros ajenos a la Administración en capacitaciones y en la eventual revisión de la intervención de las DOM de la región".
Además, se presentaron reparos por utilizar una sede de la Cámara Chilena de la Construcción para reuniones en las que participan funcionarios públicos que, además, intervienen en los procedimientos asociados al objetivo principal de dicha entidad privada y eventuales conversaciones en torno a situaciones cuya resolución se encuentra pendiente por parte de las DOM o de la propia Seremi de Vivienda.
Esto, a juicio de Contraloría, "podría significar una infracción al principio de probidad" y una forma de evadir la aplicación de la ley que regula el lobby y las gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y funcionarios.
En atención a todos estos antecedentes, el órgano fiscalizador resolvió que corresponde dejar "sin efecto el convenio de colaboración aprobado" el año 2023 o, bien, que se modifique, para que se ajuste a las conclusiones establecidas. La determinación que adopte la Seremi de Vivienda deberá ser informada en un plazo de 15 días.
Ante esta instrucción emanada desde la Contraloría General de la República, Puranoticia.cl tomó contacto con el equipo de prensa de la Seremi de Vivienda y Urbanisno de Valparaíso –cuya máxima autoridad es la independiente Belén Paredes– quienes respondieron a nuestras consultas a través de una declaración escrita.
En ella, comenzaron indicando que "el convenio se aprobó mediante resolución 501, del 4 de mayo de 2023, y su lanzamiento fue públicamente difundido en medios de comunicación y el cual se ha encontrado disponible a petición de interesados en nuestro portal de transparencia".
Sobre el contenido del mismo, señalaron que "éste permitió responder a un mandato de la Ley de Integración Social y al Plan de Emergencia Habitacional y su ejecución ha sido de utilidad en su implementación".
Por último, y a la luz de lo instruido por la Contraloría General de la República en su dictamen por este caso, sentenciaron que "deberemos adecuar sus cláusulas, con el fin de evitar cualquier espacio para su incorrecta utilización".
PURANOTICIA
