Se detectaron falencias de control sobre la calidad de las obras, en la aprobación de estados de pago, en el control documental, en la recepción del contrato y en el seguimiento de garantías y fiscalización general del proyecto.
La Contraloría Regional de Tarapacá estableció que la supervisión ejercida por la Inspección Técnica de Obra (ITO) fue insuficiente para asegurar el cumplimiento de las exigencias técnicas, administrativas y contractuales del proyecto “Reposición Skate Park, Playa Brava, Comuna de Iquique”.
Entre los hallazgos, se detectaron falencias de control sobre la calidad de las obras, en la aprobación de estados de pago, en el control documental, en la recepción del contrato y en el seguimiento de garantías y fiscalización general del proyecto.
Los resultados de la fiscalización se concentran en el Informe de Investigación Especial N°660 de 2026, que se refiere a la revisión, ejecución y el estado de la infraestructura entregada a la comunidad para su uso en diciembre de 2025.
En la investigación, se identificaron -entre otras múltiples irregularidades- inconsistencias en los antecedentes técnicos del proyecto; ausencia de registros de control en el libro de obras; aceptación de garantías que no cumplían las exigencias; modificaciones contractuales sin aprobación; atraso en la entrega del terreno; e incumplimientos en las obligaciones de comunicación con el Gobierno Regional.
Asimismo, se logró constatar el deterioro prematuro en distintos elementos de hormigón de la infraestructura como grietas en muros de contención o armaduras expuestas con evidencia de oxidación. Por ello, se requirió al municipio la elaboración de un informe técnico que determine si dichas condiciones afectan la seguridad de los usuarios, así como la estabilidad y durabilidad de la infraestructura.
Entre otras observaciones identificadas por el equipo fiscalizador, se identificó la devolución de retenciones por $60.213.835 sin acreditar todos los requisitos exigidos para la recepción, por lo que la Municipalidad de Iquique deberá presentar los antecedentes faltantes o, de lo contrario, descontar los montos correspondientes en la liquidación final del contrato.
Tampoco fue posible verificar la correcta disposición final de escombros correspondientes a partidas pagadas por $60.417.256. Sobre esta observación, la CGR llevará a cabo un reparo (demanda que tiene por objeto recuperar los fondos mal pagados) con la finalidad de subsanar el patrimonio público.
Sin perjuicio de aquello, la Contraloría General de la República iniciará un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados en las irregularidades detectadas.
(Imagen: Contraloría)
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