Respecto de José Luis Yáñez, se amplía la querella por su participación en calidad de autor del delito de cohecho.
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El Consejo de Defensa del Estado, a través de su Procuraduría Fiscal de Valparaíso, presentó una ampliación de la querella interpuesta el 22 de noviembre del año pasado, en contra de la encargada de Tesorería de la Municipalidad de Algarrobo, Belén Carrasco Serrano, contra seis particulares y el ex alcalde de Algarrobo, José Luis Yáñez.
La acción es por los delitos de malversación de caudales públicos, previsto y sancionado en el artículo 233 del Código Penal y el de soborno. Asimismo, respecto del exjefe comunal, se amplía la querella por su participación en calidad de autor del delito de cohecho.
La acción del CDE, interpuesta ante el Juzgado de Garantía de San Antonio, se dirige nominativamente contra Yáñez y los particulares Sixto Carrasco, Gonzalo Valderrama, Roberto Henry, Santiago Fuentes, Juan Pablo Maldonado y Rafael Peña.
Estos, de manera concertada con la imputada Belén Carrasco, responsable de los fondos municipales, habrían sustraído más de mil millones de pesos de la Municipalidad de Algarrobo generando con ello un perjuicio al patrimonio fiscal.
La querellada, en el ejercicio de sus funciones y manteniendo a su cargo fondos públicos, procedió a adulterar las nóminas de pago a proveedores del municipio, incluyendo a personas naturales a quienes no les correspondía recibir pago alguno por parte de la entidad edilicia.
De esta forma, se concertaban con el objeto de sustraer un monto superior a $1.069 millones, a través de la autorización de transferencias bancarias.
Tales hechos, de acuerdo con la ampliación de la querella, ocurrieron bajo la administración de Yáñez, quien en su calidad de Alcalde de la comuna de Algarrobo no solo habría autorizado dicho desfalco, sino que aceptó del particular Rafael Peña, representante legal de la Sociedad Excavaciones Peña Limitada, con quien el municipio mantenía diversos contratos vigentes, “un beneficio económico al que no tenía derecho”, de al menos 25 millones de pesos, configurándose con ello además los delitos de cohecho y soborno.
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