Cuatro concejales de la comuna, respaldados por la diputada Barchiesi, exigen que se investiguen demoras de hasta 809 días en pagos a proveedores y uso excesivo de tratos directos.
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En un esfuerzo conjunto por resguardar la transparencia en la gestión municipal, cuatro de los seis concejales de la Municipalidad de Putaendo presentaron una denuncia ante la Contraloría General de la República en Valparaíso; esto, en la búsqueda de que se indaguen las irregularidades administrativas detectadas en una auditoría interna elaborada por la Dirección de Control del Municipio.
La diputada Chiara Barchiesi, del Partido Republicano, respaldó la solicitud junto al concejal Sebastián Caldera, subrayando la necesidad urgente de investigar y sancionar estos hechos. “Es inaceptable que la administración actual esté violando sistemáticamente la normativa de contratación pública, poniendo en riesgo los recursos locales y la confianza de los vecinos”, expresó Barchiesi.
Por su parte, el concejal republicano Sebastián Caldera detalló que “la auditoría revela un uso excesivo e injustificado del trato directo como modalidad de contratación, posicionando a Putaendo como el Municipio con mayor porcentaje de tratos directos en la región, muy por encima de otras comunas. Además, hemos identificado demoras en el pago de facturas de hasta 809 días, una situación que no solo afecta a los proveedores, sino que también deteriora la transparencia de la gestión municipal”.
La diputada Barchiesi también destacó la labor fiscalizadora de los concejales de la comuna: “Putaendo tiene el mayor porcentaje de tratos directos en la región, sumado a otras malas prácticas como el retraso en el pago de facturas por más de dos años en algunos casos. Quiero reconocer especialmente el trabajo de los concejales Caldera y Ortiz, con quienes hemos realizado diversas fiscalizaciones. Esperamos que la Contraloría actúe con celeridad y se determinen las responsabilidades correspondientes”.
Además de Caldera, la denuncia fue suscrita por los concejales Miguel Ortiz (RN), Marta Silva (PS) y Mariana Bravo (Comunes). Los ediles señalaron otros hallazgos relevantes, como la falta de documentación de respaldo en 27 procesos de la Dirección de Administración y Finanzas, así como la emisión de certificados de disponibilidad presupuestaria sin la firma correspondiente. “Hemos venido advirtiendo sobre estas prácticas, pero no fue hasta esta auditoría que logramos confirmar la gravedad de la situación. Esperamos que la Contraloría ponga fin a este tipo de irregularidades”, concluyó Caldera.
La comunidad de Putaendo ahora se mantiene a la expectativa del pronunciamiento de la Contraloría, esperando conocer las medidas que se adoptarán para devolver la confianza en el manejo de los recursos públicos y sancionar a quienes resulten responsables.
PURANOTICIA
