El profesional sostiene en su columna que "la nueva estructura regional aún tiene que desplegar su potencial en la medida que todos sus órganos puedan funcionar normalmente y a plenitud".
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Por Henry Saldivar Canales, cientista político de la Pontificia Universidad Católica de Chile:
El estado de la institucionalidad regional es de una progresiva adecuación de las estructuras administrativas, con el nuevo conjunto de órganos, facultades y políticas que debe llevar a cabo como un gobierno autónomo. Será un largo camino, que quizáz sea más justo evaluar el conjunto del proceso en una década, pero están todos los medios para convertir al Gobierno Regional en la institución clave del desarrollo territorial.
El gobernador Rodrigo Mundaca ganó la elección regional enarbolando en su campaña el tema del agua. Y específicamente, denunciando los acumuladores privados que tenían pingues ganancias regando paltas a expensas de las personas. Unido a la crisis hídrica nacional, el tema del agua se convirtió en un tema crucial. Pasado más de un año de su elección, la solución ha sido la misma de décadas., con una variante: comprar más de 50 camiones aljibes para auxiliar a ese sector de la población.
El Ejecutivo Regional ha establecido las prioridades de este período concentrándose en la reactivación económica, el fomento productivo y la creación de empleo. En su cuenta pública, Mundaca sostuvo que “seguiremos poniendo en el centro de las políticas públicas al pueblo sencillo de nuestra región, a las comunidades y territorios que necesitan de nuestra atención y acompañamiento en políticas de planificación, vivienda, empleos, residuos, agua potable, salud, educación, seguridad pública, transporte y habitabilidad, en cada rincón de nuestra región”. Sin embargo, no está claro que el Gobernador pueda resolver desde sus competencias los temas de vivienda, salud, educación o seguridad pública. La ley establece competencias y facultades al Gobernador que precisan su accionar a ámbitos determinados de la esfera pública.
El Gobernador no gobierna en un sentido clásico. No tiene a cargo la policía, ni los impuestos, ni el control migratorio. Tampoco construye viviendas, hospitales o escuelas. El nombre mismo de Gobernador es equívoco, porque su principal función es la administración y no el gobierno, como la propia ley lo indica. La cuenta pública lo evidencia, dado que fue un inventario de la distribución del dinero que obtiene vía fondos propios y del FNDR, tal como lo hacía su predecesor, el Intendente.
El Gobernador gobierna a través de la implementación de políticas públicas en los ámbitos donde tiene competencia. No está claro si tras la inversión de más de 36.900 millones de pesos, en áreas muy diversas como el transporte público, educación, cultura, agua potable y obras sanitarias, la seguridad pública, energía, salud, el medio ambiente, vivienda, y el desarrollo urbano, haya alguna política regional declarada y en curso.
Se asume que todas son iniciativas que contribuyen al desarrollo de la región, aunque no pocas de ellas son en realidad ayuda social y últimamente en la prevención del delito, donde se colabora con el Ministerio del Interior. Todo ello inviabiliza la concentración del Gore en el desarrollo mismo.
También, el Gobernador informó de la distribución de más de 32.200 millones de pesos en transferencias de capital a instituciones públicas y privadas tales como Bomberos, INDESPA, CNR, INDAP, CORFO, SERVIU, SUBDERE, Subsecretaría del Trabajo, Servicios de Salud, Subsecretaría de Prevención del Delito. Inversiones menores en Cultura, Turismo y adquisición de camiones completaron un informe no muy diferente del antiguo Intendente. Aquí hay una paradoja, porque estos fondos son en realidad una devolución velada al gobierno central. Por ello no se entiende porqué el Gore se privó de la facultad de tapar los hoyos en las calles, si tiene fondos para ello. Volvemos a lo mismo, los gobernadores regionales están perdiendo de vista que la prioridad es el desarrollo de la Región.
En su rodaje, el Gobierno Regional autónomo tiene como atribuciones una lista de facultades y deberes todavía poco articuladas con las estructuras Ministeriales de la región. Los SEREMI son agentes inmediatos del Ministro, supeditados políticamente ala Delegada Presidencial. Sin embargo, algunas estructuras de gobierno que pertenecen a los campos de la economía, cultura, política social e infraestructura pública, así como Transportes y Obras Publicas debieran depender paulatinamente del Gobernador mediante un proceso.
La ley establece para ello la solicitud de transferencia de competencias, la que requiere ser fundada en estudios que señalen los beneficios de la misma, incluyendo informes de impacto financiero, eficacia y eficiencia. El Gobernador puede disponer que se elaboren los estudios con recursos propios o a través de una externalización del mismo., y el proyecto resultante deberá aprobarlo el Consejo Regional.
Una cuestión ampliamente compartida acerca de los gobiernos regionales es dotarlos paulatinamente de más atribuciones y recursos de manera tal de convertirlo en un factor relevante del desarrollo del territorio. El espíritu de la ley, el consenso que sustenta la autonomía regional es la búsqueda del desarrollo territorial y la participación activa de la comunidad en su logro.
La nueva estructura regional aún tiene que desplegar su potencial en la medida que todos sus órganos puedan funcionar normalmente y a plenitud.
PURANOTICIA
