"Hemos realizado diligencias de registro e incautación de ciertas evidencias que, a nosotros como Ministerio Público, nos parecen importantes para el esclarecimiento de estos hechos", señaló el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, a cargo de esta arista del caso «Convenios».
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Una vez concluidas la diligencias efectuadas por personal de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI, el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, a cargo de las indagatorias del caso «Convenios», se refirió al registro e incautación realizada la mañana de este jueves en dependencias del Gobierno Regional de Valparaíso, de la Seremi de Vivienda, del Serviu de Valparaíso y de la Municipalidad de La Calera, entre otros servicios públicos y entidades privadas, al igual que personas individuales.
Cabe recordar que estas diligencias se enmarcan en la arista «Procultura» de este bullado caso, donde diversas entidades pública suscribieron millonarios convenios con la Fundación Procultura, algunos de los cuales están con ejecuciones incompletas, sin respaldos ni rendiciones de cuenta, siendo algunos de ellos celebrados con organismos públicos de la región de Valparaíso, como los allanados este 13 de junio.
Otro hecho que hay que tener en cuenta antes de pasar a detallar lo comentado por el persecutor, es que el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma Guerra, fue designado en diciembre por la Fiscalía Nacional para dirigir esta investigación, en el caso específico de la Fundación Procultura, para lo cual también se realizaron diligencias en diversas regiones del país, como en Valparaíso, Biobío y Metropolitana.
"En virtud de una orden judicial, hemos realizado diligencias de registro e incautación de ciertas evidencias que, a nosotros como Ministerio Público, nos parecen importantes para el esclarecimiento de estos hechos", comenzó señalando el persecutor del extremo sur del país, quien lideró las acciones en Valparaíso.
Y es que básicamente lo incautado corresponde a evidencia digital, documental y financiera, que dice relación con los convenios suscritos con la Fundación Procultura por parte del Gobierno Regional de Valparaíso, la Seremi de Vivienda, el Serviu de Valparaíso y el Municipio de La Calera, en el marco de esta bullada causa.
En ese sentido, el fiscal Palma dijo que "hemos realizado allanamientos e incautaciones en varios servicios públicos, entre esos el Gobierno Regional, Minvu, Serviu y además de domicilios particulares de empresas y de personas individuales". De igual forma, señaló que las diligencias también incluyeron al gobernador Rodrigo Mundaca y a otras autoridades, trabajadores y personas naturales de la Quinta Región.
Pese al interés que ha generado esta acción en el Gore de Valparaíso, el persecutor señaló que "mayores detalles de quiénes son no corresponde que los dé" y que "desde el punto de vista estratégico de la investigación, no puedo comentar cuál ha sido la línea seguida", aunque sí afirmó que "hay una orden judicial para incautar varias evidencias, entre esos los teléfonos que se usaban por los jefes de servicio".
Junto a manifestar que "hemos tenido toda la colaboración de parte de no sólo los jefes de servicio, sino que de todos los funcionarios, independientemente que había una orden judicial", el Fiscal Regional de Aysén concluyó diciendo que, "a juicio nuestro, la evidencia que se está levantando –y que hay que analizar– es fundamental para establecer si han existido delitos o no, y quiénes son los eventuales responsables".
PURANOTICIA
