Petición reservada del fiscal de Aysén solicita alzamiento de secreto bancario del fundador y representante legal de Procultura, indaga en Gobernación Regional Metropolitana y advierte del aumento de fondos estatales otorgados vía directa a la fundación investigada desde 2020.
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En medio de la investigación que realiza la Fiscalía de Coyhaique sobre el denominado «Caso Convenios» y su arista dedicada a la fundación Procultura, el fiscal a cargo, Luis González, solicitó que los alzamientos del secreto bancario decretados en Antofagasta en contra del fundador de dicha entidad, Alberto Larraín Salas, puedan ser integrados a esta arista, como así también los de su representante legal, María Constanza López. Pero también afirmó que hay “nuevos antecedentes sobre otros convenios” en varias regiones del país, incluida la región de Valparaíso.
De acuerdo a una petición reservada hecha por la Fiscalía de Coyhaique al 7º Juzgado de Garantía de Santiago, este organismo informó que “se han suscitado hallazgos que hacen indispensable incorporar y utilizar dicha información en la presente arista, donde se investigan los delitos de fraude al fisco, tráfico de influencias y apropiación indebida, ocurrida en la región Metropolitana”. La fiscalía busca establecer si los dineros fueron realmente “para labores propias del Gobierno Regional Metropolitano”, ya que el contrato no fue “mediante propuesta pública, sino que a través de asignación directa”.
Se detalla que en junio de 2022, el fundador de Procultura, Alberto Larraín fue nombrado como director de la Corporación de Desarrollo Regional Metropolitana, “cargo propuesto por el gobernador regional Claudio Orrego Larraín y aprobado por el Consejo Regional”, y que en septiembre de 2022, apenas renunciado del cargo antes mencionado, Larraín “celebró un convenio con la Fundación ProCultura, como director de la misma”, para luego recibir remuneración fija, “imputándose ésta, a partir de abril de 2023” a los fondos traspasados por el gobierno regional metropolitano, “con ocasión del convenio”.
Sin embargo, en el escrito dado a conocer por Interferencia.cl, también se advierte que hay más problemas en otras zonas del país y ampliando el tipo de organismos afectados, señalando que “se han reunido nuevos antecedentes que dan cuenta de la existencia de otros convenios de transferencia de fondos en las regiones de Atacama, Valparaíso, BíoBío, Ñuble, Magallanes y Metropolitana, también celebrados entre la Fundación Procultura con Seremi Minvu, Gobiernos Regionales y Municipales”.
En dichas regiones, entre las que se incluye la de Valparaíso, se advierten irregularidades como que “los convenios se motivan en tratos directos, sin la existencia de licitación o concurso previo, por elevados montos de dinero, que se parcializan en distintos convenios por un valor que no permite que sean objeto de revisión por parte de la Contraloría Regional y, además, que inciden en materias respecto de las cuales la Fundación Procultura no mantiene experiencia”.
La solicitud precisa más en detalle luego que “en todos los casos anteriormente mencionados, se advierten irregularidades que son particulares de cada una como también transversales, es así que en el resto del país las contrataciones a la Fundación Procultura son mediante trato directo, cuestionándose el fundamento de dicha decisión en circunstancias que es una modalidad de contratación excepcionalísima. Por otro lado, las actividades a las que se dedica la fundación no coinciden con el objeto de los convenios, lo que realza aún más la irregularidad de que varios de los convenios fueron ejecutados en gran parte por terceros, funcionando más bien la fundación como un gestor y no un ejecutor”.
Asimismo, añaden, “se suman observaciones realizadas por las diversas Contralorías Regionales, en cuanto a la inexistencia de cauciones, de registro de las transferencias, costos de proyectos no detallados, no exigencia de planes de trabajo, la subcontratación de terceros para la ejecución de proyectos, vínculos entre funcionarios o ex funcionarios públicos con la fundación, entre otras”.
De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, desde la constitución de la Fundación Procultura en el año 2009, y analizando los traspasos de dineros desde entidades públicas según lo consignado por Dirección de Presupuestos (Dipres), “se observa un flujo importante que empieza a partir del año 2020, donde la cantidad de convenios asignados varía significativamente (...) destacando el motivo de estos como proyectos, convenios, etc., que dicen relación con las materias ya mencionadas en este escrito (por ejemplo, vivienda), difiriendo de los inicios en que recibían transferencias por ítems vinculados a la cultura y asociados a su giro”.
Este medio consultó al Ministerio Público de Aysén sobre la arista relacionada a la Región de Valparaíso, pero indicaron que por tratarse de una causa reservada, no pueden dar información.
Hay que recordar que hace unos días, la Contraloría Regional de Valparaíso emitió un informe respecto a los traspasos de dineros desde la Seremi de Vivienda y Urbanismo hacia diversas fundaciones, como EnRed, ProCultura, Arquiduc, Posible Otro Chile y Techo para Chile.
El documento del ente que fiscaliza a los órganos del Estado analizó las rendiciones de cuentas aprobadas respecto de los fondos transferidos de los programas Asentamientos Precarios, Recuperación de Barrios y Pequeñas Localidades, a entidades privadas; y también la intervención del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en ese proceso entre el 1 de enero del año 2021 y el 30 de junio de 2023.
Las conclusiones de dicha auditoría confirman las sospechas y denuncias de los diputados Andrés Celis y Andrés Longton, quienes solicitaron un pronunciamiento, detectando irregularidades en las rendiciones de cuentas y otras situaciones relacionadas, como la falta de seguimiento y control, además de la no exigencia de boletas de garantía, por lo que la Contraloría determinó que la Seremi de Vivienda de Valparaíso deberá intervenir para recuperar millonarios recursos, además de exigir la rendición de los proyectos que correspondan.
¿Qué más se descubrirá en la trama local del caso convenios? ¿Hay otros servicios públicos u organismos del Estado de la zona involucrados, además de lo que ya se conoce de Minvu? ¿Hasta cuándo ascenderían los montos en esta Región? Esas preguntas habrá que conocerla sólo a través de filtraciones, porque la causa se encuentra con carácter de reservada, lo que finalmente termina protegiendo a quienes cometen estos ilícitos de hacerse cargo de cara a la ciudadanía que paga sus impuestos por los dineros defraudados.
PURANOTICIA
