El objetivo del proyecto es evitar afectaciones a la vida e integridad física de las personas o daño o perjuicio a sus bienes o a los bienes del Estado.
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La Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto que prohíbe la construcción de edificaciones en suelos colapsables.
La propuesta busca regular la construcción en suelos que pueden colapsar o perder su capacidad de soporte. El objetivo es evitar afectaciones a la vida e integridad física de las personas o daño o perjuicio a sus bienes o a los bienes del Estado.
Se entenderá como suelos colapsables aquellos que reducen significativamente su capacidad de soporte de construcciones, aquellos suelos inestables en su consideración geotécnica o aquellos cuya rigidez se encuentra degradada, sin perjuicio de que el origen de esta condición sea por subsidencia, expansión u otro fenómeno natural o antrópico.
Asimismo, el proyecto señala que la condición de suelo que puede colapsar será determinada por el profesional que elabora y suscribe el estudio de mecánica de suelo del respectivo proyecto de construcción o infraestructura. Lo anterior, conforme a las normas técnicas chilenas que le sean aplicables o extranjeras, si corresponde.
Las y los parlamentarios votaron las modificaciones hechas al texto en su segundo informe, luego de que este fuera devuelto a la Comisión de Vivienda, tras su aprobación en general, el 10 de junio pasado.
De tal forma se respaldó que, respecto de situaciones de colapso que obliguen a los habitantes a dejar sus viviendas, el plazo para la reubicación de las familias, en ningún caso, podrá exceder de seis meses, contado desde que se haga efectiva el abandono de la propiedad.
Sin embargo, se rechazó la modificación que señalaba que los terrenos correspondientes a dunas o humedales se considerarían como no edificables.
Si bien, en términos generales, las y los legisladores destacaron la importancia de contar con un marco normativo integral, la controversia estuvo en la efectividad de este.
Sobre el punto, en el oficialismo se relevó el proceso de construcción y reparación de viviendas, así como de la reubicación de las familias.
En la oposición, en tanto, se recalcó que la norma no cuenta con financiamiento para las nuevas funciones establecidas, lo que le restará efectividad, producto de un débil compromiso que se asigna a los municipios y al Ministerio de Vivienda.
El texto también declara de utilidad pública la protección de la población y de las familias en los casos de viviendas irreparables o inhabitables por efecto de socavones.
PURANOTICIA
