Vecinos de El Olivar recurren una vez más a la Justicia para frenar demoliciones: acusan intervenciones sin permiso en dos sectores

La incertidumbre sobre el futuro de las viviendas para las familias damnificadas por el megaincendio de febrero de 2024 en El Olivar, en Viña del Mar, llegó nuevamente a la Justicia, por medio de propietarios que presentaron un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso para intentar impedir que sus casas sean demolidas, desarmadas o intervenidas mientras no exista una decisión administrativa debidamente fundamentada y se cumplan, según plantean, los procedimientos correspondientes.

La acción judicial está dirigida contra el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de la región de Valparaíso, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, y el secretario regional ministerial de la cartera, Marcelo Ruiz. Los recurrentes sostienen que existe una amenaza cierta e inminente sobre sus viviendas, luego de que comenzaran trabajos de demolición en inmuebles vecinos que forman parte del mismo programa de reconstrucción y que, de acuerdo con el escrito, fueron ejecutados sin que los propietarios conocieran un acto administrativo que los autorizara.

El recurso se presenta en medio de la controversia por las observaciones técnicas formuladas a las viviendas construidas por la empresa San Sebastián en El Olivar. El conflicto se intensificó después de que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) dispusiera la paralización de las obras y planteara la demolición de las casas cuestionadas, mientras que un informe pericial elaborado en el marco de una causa civil concluyó que las observaciones detectadas podían subsanarse.

DEMOLICIONES

Uno de los principales antecedentes expuestos en el escrito al que accedió Puranoticia.cl corresponde a las intervenciones efectuadas en viviendas colindantes con las de los propietarios que presentan el recurso. Según la presentación, desde el 25 de septiembre de 2026 comenzaron las demoliciones de inmuebles ubicados en calle Pachica, números 10, 20, 30 y 40, trabajos atribuidos a la empresa G7.

Posteriormente, desde el 28 de septiembre, se habrían iniciado labores de desmantelamiento en un bloque de cuatro viviendas situado en calle Visviri, números 19, 23, 27 y 31, intervención que el documento atribuye a TERRATEC. Quienes acudieron al tribunal de alzada porteño sostienen que esas casas presentaban un avance cercano al 90% y que las faenas continuaron durante octubre.

El escrito señala que, al consultar a los trabajadores por los documentos que respaldaban las intervenciones, los vecinos damnificados de El Olivar no habrían recibido antecedentes de una orden administrativa ni de un permiso municipal de demolición. Por ello, argumentan que existe el riesgo de que las mismas actuaciones se extiendan a sus viviendas, también vinculadas a los proyectos de reconstrucción ejecutados por la empresa Constructora San Sebastián Limitada.

La presentación agrega que las demoliciones se desarrollaron mientras seguía abierta la controversia técnica y judicial sobre las construcciones. En ese contexto, afirman que no han sido notificados de una resolución que ordene intervenir sus casas, ni han tenido la oportunidad de ser escuchados en un procedimiento previo.

PERITAJE JUDICIAL

Uno de los puntos centrales de la presentación es el informe del perito Jaime Berríos, ordenado por el Segundo Juzgado Civil de Valparaíso. Según el recurso, el profesional revisó los proyectos correspondientes a 12 contratos y concluyó que no observó defectos de ejecución al comparar las obras con el proyecto aprobado.

El documento cita la siguiente conclusión del peritaje: "No se observan defectos en la ejecución de las obras, al contrastarlas con el Proyecto aprobado". También sostiene que las observaciones formuladas por Ditec serían subsanables dentro de los alcances contractuales previstos para los 12 contratos examinados.

Los recurrentes agregan que el informe constató que algunas viviendas cuentan con conexiones de electricidad y agua, y que estarían en condiciones de ser habitadas. Sobre esa base, cuestionan la insistencia de las autoridades del Minvu de que se opte por demoler construcciones avanzadas en vez de abordar las observaciones técnicas mediante las alternativas que, según el peritaje, resultarían posibles.

No obstante, la postura de las autoridades del Ministerio de Vivienda y Urbanismo ha sido distinta. En una presentación realizada el pasado 8 de octubre ante vecinos de El Olivar, en dependencias de una iglesia católica, el seremi del ramo, Marcelo Ruiz, defendió la posición del Minvu y sostuvo que las deficiencias no serían subsanables en los términos que requeriría mantener las viviendas.

"Si yo lo quisiera arreglar, yo tendría que construir un muro adicional adentro de la casa. (…) ¿Quién asume entonces en la vida diaria el costo de vivir en una casa más chica? Ustedes. Ustedes, que van a vivir ahí. Entonces, y además con riesgo. Eso no lo vamos a permitir", afirmó Ruiz, según la transcripción incorporada al recurso.

En esa misma instancia, el seremi señaló que el informe pericial no representaba un revés para el avance de las viviendas y afirmó: "Nosotros vamos a seguir avanzando. El informe pericial es una prueba más. Es una prueba más. No, no representa, quiero decirlo, no representa ningún revés para el avance de las viviendas". En su intervención también aludió a la construcción de nuevas casas de ladrillo.

La presentación judicial incorpora, además, declaraciones públicas anteriores del ministro Poduje. Entre ellas, una realizada el 17 de julio, cuando señaló respecto de otra vivienda: "Cuando nosotros habíamos mandado a un equipo para que lo demoliera por riesgo de caída, se cayó antes". En esa misma ocasión agregó: "Estas porquerías, las vamos a reemplazar por casas de ladrillo".

El escrito también menciona declaraciones del seremi Ruiz difundidas el 22 de julio por la cuenta oficial del Minvu en Valparaíso, en las que calificó las viviendas como "un peligro para la comunidad" y señaló que la cartera buscaba "todas nuestras herramientas administrativas y legales para hacer que ese proceso se acelere".

A estos antecedentes se suma una entrevista del 9 de octubre donde se consigna: "Vivienda confirma que casas de El Olivar serán demolidas pese al informe pericial". Los vecinos de El Olivar sostienen que esas declaraciones refuerzan el temor de que las demoliciones continúen antes de que se resuelva su situación judicial.

SOLICITUDES

La petición principal es que la Corte de Valparaíso declare ilegal y arbitraria la amenaza de demolición de sus viviendas y ordene a las autoridades abstenerse de demoler, desarmar, desmantelar, retirar o intervenir materialmente las casas y las demás unidades de los bloques de cuatro viviendas de los que forman parte.

Para ello, solicitan que cualquier decisión de esa naturaleza esté respaldada por un acto administrativo fundado, dictado por el órgano competente en un procedimiento en que los propietarios hayan sido escuchados y debidamente notificados, además de contar con un permiso de demolición otorgado por la DOM de Viña del Mar.

También piden que las autoridades comuniquen por escrito cualquier decisión sobre sus inmuebles, con sus fundamentos técnicos, y que adopten medidas para proteger las obras de la intemperie, la sustracción de materiales y el vandalismo mientras se mantenga la paralización.

Junto con el recurso, los propietarios solicitaron una orden de no innovar con carácter urgente, para que las autoridades y las empresas G7 y TERRATEC se abstengan de ejecutar nuevas demoliciones o intervenciones mientras se tramita y resuelve la acción judicial. La solicitud se fundamenta, según el escrito, en tres elementos: la existencia de antecedentes que los recurrentes consideran favorables a su posición, el riesgo de que las demoliciones hagan irreversible el daño antes de que exista una sentencia y la posibilidad de mantener la situación actual sin impedir que la Administración fiscalice ni adopte decisiones mediante los procedimientos que correspondan.

Los propietarios también pidieron que la Corte requiera informes al Serviu, al ministro Poduje y al seremi Ruiz para que aclaren si dispusieron, autorizaron o contrataron las demoliciones, e identifiquen los actos administrativos, las fechas, los fundamentos, las notificaciones, las empresas involucradas y los calendarios de ejecución. Asimismo, solicitaron oficiar a la DOM de Viña del Mar para conocer si se han pedido u otorgado permisos de demolición o de obra nueva para los inmuebles afectados.

Finalmente, el recurso invoca garantías constitucionales y el derecho a una vivienda adecuada reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los recurrentes sostienen que la protección judicial debe impedir que sus viviendas sean destruidas antes de que exista una decisión adoptada conforme a derecho.

PURANOTICIA