TER de Valparaíso da curso a solicitud para destituir a alcaldesa de La Cruz: acusan omisión de denunciar hallazgo de marihuana

Un nuevo paso dio el requerimiento que busca la remoción de la alcaldesa de La Cruz, Filomena Navia, luego de que el Tribunal Electoral Regional (TER) de Valparaíso resolviera darle curso a la presentación interpuesta por tres concejales de la comuna, quienes acusan a la jefa comunal de notable abandono de deberes y, de manera subsidiaria, de una contravención grave a las normas sobre probidad administrativa.

"Téngase por interpuesto requerimiento de remoción". Así lo establece expresamente la resolución fechada el 2 de noviembre de 2026. De esta manera, el organismo dio inicio a la tramitación de la acción presentada por los ediles y ordenó que la alcaldesa Navia sea notificada formalmente de la decisión adoptada.

Los requirentes son los concejales Valentina Rodríguez Rodríguez (Partido Republicano), Jaime Ponce Vera (Independiente/UDI) y Mario Jeria Mena (Renovación Nacional), quienes fundamentaron su acción en una serie de episodios ocurridos entre los años 2025 y 2026. Aunque el escrito incorpora distintos cuestionamientos a la administración comunal, identifica como imputación principal la actuación de la alcaldesa frente al hallazgo de plantas de cannabis en enero de este año.

EL CASO DE LAS PLANTAS DE CANNABIS

Vale recordar que el pasado 21 de enero, un funcionario municipal realizaba un sobrevuelo con un dron en la población 28 de Marzo, con el objetivo de identificar pozos de agua, cuando detectó tres maceteros con plantas que identificó como marihuana. El trabajador envió fotografías del hallazgo directamente a la alcaldesa.

Los concejales sostienen en el requerimiento que busca su destitución que Filomena Navia, pese a haber tomado conocimiento de la situación, no denunció los hechos ni verificó que alguno de sus subordinados lo hiciera. Para respaldar esta acusación, citan el oficio OF196921/2026, emitido el 16 de octubre por la Contraloría Regional de Valparaíso, que examinó las explicaciones entregadas por el municipio.

En ese pronunciamiento, se constató que no existían antecedentes de gestiones municipales útiles para comunicar el hallazgo a las autoridades competentes hasta que el caso se hizo público en agosto, más de seis meses después. El organismo también sostuvo que, en su calidad de jefa superior del servicio, a Navia le correspondía verificar que se efectuara la denuncia o realizarla personalmente si ello no ocurría.

El requerimiento incorpora, además, un audio difundido por el medio Letra C, en el que se atribuye a la jefa comunal crucina la frase "Sí, no hagas nada con eso", interpretada por los concejales Rodríguez, Ponce y Jeria como una instrucción para no actuar frente al hallazgo. Los requirentes señalan que la integridad y el contexto de esa grabación deberán ser examinados durante el procedimiento.

La presentación también menciona que la Fiscalía de La Calera inició una investigación de oficio por una eventual omisión de denuncia y que el Juzgado de Garantía de esa comuna declaró admisible, el 12 de agosto de 2026, una querella relacionada con estos hechos ocurridos en enero de este año. Los concejales precisan que estos antecedentes no constituyen una declaración de culpabilidad, sino actuaciones que solicitan considerar en el análisis de su requerimiento.

OTROS CUESTIONAMIENTOS

La acción también incorpora un episodio relacionado con una sede de la Junta de Vecinos Arauco, que habría estado ocupada por personas dedicadas a la venta de drogas. Los concejales que acudieron al TER apuntan a una intervención de la alcaldesa durante una sesión del concejo municipal del 6 de agosto, en la que habría hecho referencia a ese caso y cuestionado que no se hubiera denunciado.

Sin embargo, el requerimiento advierte una diferencia en las fechas: mientras en el Concejo Municipal se habría aludido a enero de 2026, la explicación de la casa edilicia entregada a la Contraloría situó el conocimiento de un episodio relacionado con Arauco en julio de 2021. Por esa razón, los concejales de La Cruz solicitan aclarar si se trata del mismo hecho o de situaciones distintas. De hecho, Contraloría no formuló reproches respecto del episodio histórico que examinó, por lo que el escrito no lo presenta como un fundamento autónomo de remoción.

Otro capítulo apunta a la entrega de 700 GiftCards de $50.000 cada una durante septiembre de 2025, lo que representa un valor nominal total de $35 millones. La denuncia presentada por la Fundación Fuerza Ciudadana ante Contraloría cuestionó los criterios utilizados para seleccionar a los beneficiarios, la acreditación de sus necesidades y la existencia de respaldos que permitieran seguir la adquisición, custodia y entrega de las tarjetas.

Los concejales también ponen atención en las declaraciones que la propia alcaldesa Navia habría realizado durante la sesión del Concejo Municipal del 16 de octubre de 2025. Según el requerimiento, en el Acta N.º 30/2025 la primera autoridad comunal reconoció haberse comunicado con funcionarios municipales y haber insistido en la entrega de las ayudas mientras se encontraba con licencia médica.

Entre las frases citadas en el escrito aparecen: "En mi licencia yo me comuniqué con el director de Desarrollo Comunitario" y "efectivamente yo desde mi licencia tuve que comenzar a insistir que la gente necesitaba la ayuda". Los requirentes sostienen que esas comunicaciones podrían constituir ejercicio de labores municipales durante el reposo, aunque reconocen que se debe acreditar la vigencia y modalidad de la licencia, así como las fechas y el contenido de cada gestión. El documento también incorpora una publicación de enero de 2024 en la que se atribuye a la alcaldesa de La Cruz haber señalado que participó y dirigió labores de un plan habitacional "incluso con licencia médica", antecedente cuya fecha efectiva deberá ser verificada.

Finalmente, el requerimiento incluye el viaje de Filomena Navia a Medellín, Colombia, entre el 27 y el 31 de enero de 2025, para participar en una capacitación sobre innovación en gestión pública local, planificación territorial, seguridad y convivencia social. Los concejales piden investigar la autorización del cometido, los gastos municipales asociados y las actividades realizadas, a raíz de cuestionamientos públicos sobre el uso de recursos durante el viaje. En particular, solicitan determinar si hubo desembolsos particulares improcedentemente financiados por el municipio o incumplimientos de las obligaciones de autorización e información.

De esta forma, el Tribunal Electoral Regional deberá avanzar en el conocimiento de una presentación que reúne cuestionamientos de distinta naturaleza y que solicita, como pretensión principal, la remoción de la alcaldesa Filomena Navia por notable abandono de deberes. Los antecedentes y eventuales responsabilidades deberán ser examinados en el procedimiento, ya que la resolución del 2 de noviembre sólo dio curso a la acción y no contiene un pronunciamiento del fondo de las acusaciones.

PURANOTICIA