El parlamentario señaló que ya tomó contacto con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar que la iniciativa avance con mayor rapidez en el Senado.
El senador Andrés Longton llamó al Gobierno a otorgar máxima urgencia al proyecto que modifica la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, luego del brutal asesinato de un niño de 12 años ocurrido en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana.
El parlamentario señaló que ya tomó contacto con el ministro de Justicia, Fernando Rabat, para solicitar que la iniciativa avance con mayor rapidez en el Senado, advirtiendo que la legislación vigente no está entregando respuestas proporcionales frente a delitos de extrema gravedad cometidos por menores de edad:
"Lo que hemos pedido al ministro de Justicia es acelerar la tramitación de la reforma a la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente. Hoy existen menores que se aprovechan de la laxitud del sistema, de penas insuficientes y de una institucionalidad que no está logrando ni sancionar adecuadamente ni rehabilitar de manera efectiva", afirmó.
El senador recordó que, según cifras del Ministerio Público, más del 40% de las encerronas y portonazos en Chile son cometidos por menores de edad:
"Detrás de esa realidad hay un problema estructural. Muchos menores delinquen porque saben que las consecuencias son bajas. Delitos gravísimos pueden terminar con unos pocos años de privación de libertad, e incluso menos. Eso genera una sensación de impunidad que termina desprotegiendo a las víctimas y debilitando la confianza de la ciudadanía en el sistema de justicia", sostuvo.
Longton coincidió en que la discusión no debe limitarse únicamente al castigo, sino que debe incorporar mecanismos efectivos de rehabilitación y reinserción:
"Por supuesto que la rehabilitación y la reinserción son fundamentales. Nadie discute aquello. Pero cualquier proceso serio de reinserción debe partir por un principio básico: que exista un castigo justo y proporcional al daño causado. Cuando una familia pierde a un hijo de 12 años, el Estado tiene la obligación de responder con justicia. Lo contrario es abandonar a las víctimas", señaló.
Finalmente, el parlamentario advirtió que la reforma actualmente en segundo trámite constitucional busca precisamente fortalecer las sanciones para los delitos más graves, mejorar los procesos de intervención y evitar que el sistema siga favoreciendo carreras delictuales tempranas:
"No podemos seguir permitiendo que menores altamente peligrosos entren y salgan del sistema sin una respuesta adecuada. Cada vez que eso ocurre, fracasa la justicia, fracasa la reinserción y vuelven a quedar expuestas nuevas víctimas. Este proyecto debe transformarse en una prioridad legislativa", concluyó.
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