Legislador por Valparaíso solicitó a la ministra Toledo los antecedentes que justificaron el aumento de las remuneraciones de las autoridades regionales, cuestionando que se incrementaran mientras se reducía el presupuesto de la cartera y se eliminaban cargos.
El senador por la región de Valparaíso, Diego Ibáñez, envió una solicitud formal a la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, para que transparenten los antecedentes que justificaron los incrementos en las remuneraciones de los Secretarios y Secretarias Regionales Ministeriales (Seremis) de Medio Ambiente en el último año, cuando el Gobierno ha aplicado recortes presupuestarios al sector.
El parlamentario del Frente Amplio (FA) recordó que el pasado 24 de abril de 2026 el Ministerio de Hacienda dictó el Decreto N°347, que redujo en casi $3.000 millones el presupuesto del Ministerio del Medio Ambiente.
La Subsecretaría absorbió el mayor golpe, con una disminución de $1.400 millones, seguida por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) con $600 millones, la Superintendencia del Medio Ambiente con $500 millones, y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) con $350 millones. Junto con ello, se eliminaron de manera permanente 38 cargos funcionarios en servicios que ya arrastraban un déficit histórico de personal.
“Estos recortes afectan directamente programas como Conservación de Especies, Gestión para la Conservación de Humedales, Áreas Marinas Protegidas, Calefacción Sustentable, Planes de Descontaminación Ambiental, Recuperación de Suelos, Cambio Climático y el Fondo Naturaleza Chile. Se debilita la capacidad del Estado para proteger el medioambiente y, al mismo tiempo, se frena la evaluación de proyectos de inversión que el propio Gobierno dice querer acelerar”, señaló el senador Ibáñez.
Sin embargo, de acuerdo a los propios registros de Transparencia Activa del Ministerio, entre mayo de 2025 y mayo de 2026 los sueldos brutos de los seremis del Medio Ambiente aumentaron en las 16 regiones del país, con alzas que llegan al 33,7% en Arica y Parinacota y al 31,8% en Magallanes, lo que en conjunto representa más de $135 millones anuales adicionales.
“Mientras se recortan programas ambientales y se eliminan puestos de trabajo en los servicios que están en la primera línea de la protección del medioambiente, los cargos de exclusiva confianza corren una suerte distinta. Esa contradicción no puede pasar sin explicación”, afirmó el legislador.
Por esta razón, Ibáñez solicitó formalmente a la ministra Toledo que remita copia de toda solicitud fundada que el Ministerio haya presentado ante la Comisión para la Fijación de Remuneraciones para autorizar el pago del monto adicional del 10% o 20% contemplado en la Resolución N°5 de 2024, indicando la región, el porcentaje solicitado y las credenciales y funciones invocadas para justificarlo, así como copia de las resoluciones que hayan resuelto dichas solicitudes.
“Necesitamos transparentar los criterios con que se están determinando las remuneraciones de estas autoridades, sobre todo en un contexto de ajuste presupuestario que golpea a distintos servicios públicos. La austeridad no puede ser selectiva”, concluyó el senador.
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