Sanciones por incumplir frecuencia de micros durante temporales no convencen a usuarios: "No garantizan el derecho a moverse"

Cada vez que las lluvias golpean con fuerza al Gran Valparaíso, miles de personas vuelven a enfrentarse a un problema que condiciona su vida cotidiana: la dificultad para encontrar una micro que las lleve a sus destinos. Vecinos de las comunas de Valparaíso, Viña del Mar, Concón, Quilpué y Villa Alemana han sido escenario de jornadas en que la disminución de máquinas en circulación se traduce en largas esperas, paraderos repletos y pasajeros que no saben cómo regresar a sus hogares.

El problema ha quedado en evidencia muchas veces a lo largo de este lluvioso 2026, pero especialmente durante julio pasado, cuando la zona enfrentó dos de los temporales más intensos del año. En medio de las emergencias meteorológicas, la reducción de la locomoción colectiva complicó los desplazamientos de muchos quienes debían cumplir con sus jornadas laborales, asistir a clases, llegar a sus universidades o realizar trámites y otras actividades que no siempre pueden postergarse.

Para quienes dependen exclusivamente del transporte público, la falta de micros no representa solamente una demora. Puede significar quedar varados bajo la lluvia, pasar largos períodos esperando en un paradero, perder horas de trabajo o llegar tarde a clases. También implica un cuota grande de incertidumbre para quienes necesitan regresar a sus domicilios después de una jornada laboral, especialmente cuando las condiciones climáticas dificultan encontrar alternativas de traslado.

En este escenario, la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones de Valparaíso dio a conocer las sanciones aplicadas a las empresas operadoras por los incumplimientos registrados durante los temporales de julio. Se trata de descuentos en los subsidios estatales que, según el balance informado por la cartera, superaron los $1.749 millones.

MILLONES EN SANCIONES

Desde la Seremi de Transportes explicaron que las medidas se aplicaron durante julio de 2026 debido a las variaciones e incumplimientos en las frecuencias y en la flota operativa durante las emergencias climáticas que afectaron a la región.

"De acuerdo con el balance de pago, los operadores del Perímetro de Exclusión recibieron una sanción en el subsidio que ascendió a $1.749.761.310", precisaron desde la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones.

La cifra corresponde a reducciones aplicadas directamente por la contingencia climática. Sin embargo, el proceso de revisión no ha concluido, ya que desde la entidad ministerial informaron que "adicionalmente, a estas reducciones aplicadas directamente por la contingencia climática, se está evaluando descuentos por incumplimientos de condiciones operativas que son informados y fiscalizados desde el nivel central en Santiago, y que actualmente se encuentran en curso administrativo".

De esta manera, los descuentos informados no necesariamente representan el total de las sanciones que podrían aplicarse a las empresas involucradas, puesto que existen procedimientos administrativos pendientes y que se darán a conocer posteriormente.

Pese a ello, la medida vuelve a poner sobre la mesa una interrogante para los usuarios de micros: si las sanciones económicas son suficientes para impedir que la falta de micros se repita cada vez que las condiciones meteorológicas empeoran.

JUSTIFICACIÓN DE CONDUCTORES

Vale recordar que en julio, en medio de los intensos temporales que afectaron a la región de Valparaíso (y a la zona central del país), el presidente de la Confederación de Transporte Terrestre del Gran Valparaíso, Óscar Cantero, se refirió a la decisión de dirigentes del sector de llamar a los conductores a suspender sus recorridos debido a las condiciones meteorológicas y a los riesgos que enfrentaban en las calles.

"Las condiciones del tiempo no se dieron para poder seguir trabajando en la calle. Era imposible. Además que no había público, no había pasajeros, porque las autoridades nacionales y regionales se encargaron de decirle a la gente que no saliera a las calles. Nosotros como dirigentes llamamos a nuestros asociados para que dejaran de trabajar, guardaran la máquina y se fueran porque primero que todo está cuidar la salud y la vida", señaló el dirigente gremial en ese momento.

Si bien, sus declaraciones se produjeron en medio de las dificultades que enfrentaron los usuarios para trasladarse durante las jornadas de lluvia de julio, en octubre, ante un escenario similar, volvió a ocurrir lo mismo. El mismo Óscar Cantero apuntó ahora al estado de algunas máquinas, con problemas en los limpiaparabrisas y vidrios empañados, además del desgaste asociado a extensas jornadas laborales.

COORDINADORA CIUDADANA

Desde la Coordinadora Que Pase la Micro, su vocero, Edgar Eldredge, cuestionó que las sanciones económicas aplicadas a las empresas sean suficientes para evitar que el transporte público reduzca sus recorridos durante los temporales. Bajo la premisa "Cuando llueve, las multas no garantizan el derecho a moverse", el dirigente criticó lo que calificó como declaraciones irresponsables e irregulares de Cantero, a quien vinculó con llamados a paralizar el servicio, y planteó dudas sobre el efecto real de los descuentos anunciados por la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones.

"¿Es suficiente esta sanción? Y, más importante aún, ¿cómo evitamos que esto vuelva a ocurrir?", preguntó Eldredge, aludiendo a los $1.749 millones informados por la entidad ministerial. A ello agregó que "la respuesta corta es no. Las multas a los empresarios no son suficientes. Para el gran negocio del transporte, una sanción económica es apenas un 'gasto operativo' más, un costo que se absorbe o se traslada, pero que jamás se traduce en una mejora para la ciudadanía ni para quienes sostienen el volante. De nada sirve que el Estado retenga subsidios si, al día siguiente de la tormenta, las calles siguen vacías de transporte público y los usuarios varados bajo la lluvia".

El representante de la coordinadora afirmó también que "cuando una máquina no sale, no es solo por la 'mala fe' del empresario; es el reflejo de un sistema que precariza al trabajador". Eldredge también cuestionó las condiciones laborales de los conductores, particularmente la falta de un sueldo base garantizado, de condiciones de seguridad adecuadas y la dependencia de metas de recaudación.

En esa línea, sostuvo que resulta difícil exigir que los conductores mantengan sus recorridos en calles inundadas si el modelo laboral no les entrega suficiente protección. "La precarización laboral es la madre de la mala calidad del servicio", afirmó.

También insistió en que el transporte público debe entenderse como un derecho social y no únicamente como una actividad comercial. Por ello, llamó a avanzar en la aprobación y promulgación de la denominada "Ley Pase la Micro", iniciativa que debe garantizar el derecho de los usuarios a movilizarse y, al mismo tiempo, condiciones laborales dignas, un sueldo base y seguridad para quienes conducen las máquinas.

"Los $1.749 millones de sanción son una cifra que asusta en los titulares, pero no mueven la micro. Lo que mueve la micro es la dignidad de sus trabajadores y la certeza de que el Estado garantiza el derecho de la ciudadanía a moverse. Mientras sigamos parchando un modelo fallido, la próxima lluvia nos encontrará, una vez más, esperando en la parada", concluyó el vocero de la organización ciudadana.

PURANOTICIA