Tribunal de La Calera consideró que la libertad del imputado representa un peligro para la seguridad de la sociedad y de la víctima. Se fijó un plazo de investigación de 120 días.
El Tribunal de Garantía de La Calera decretó la medida cautelar de prisión preventiva para un profesor de un establecimiento educacional de Nogales, ubicado en la población Los Almendros, tras ser formalizado por múltiples delitos de connotación sexual.
De acuerdo con la información entregada por el fiscal del caso, Hugo Arismendi, de la Fiscalía de La Calera, los hechos ocurrieron originalmente en el año 2024.
El persecutor detalló que el imputado se enfrentó a un control de detención luego de ser formalizado por dos delitos de estupro cometidos en agosto de 2024 en contra de un alumno de 16 años del mismo colegio, además de dos delitos de almacenamiento y distribución de material pornográfico infantil y un delito de abuso sexual sin contacto.
Respecto a los cargos presentados ante el tribunal, el fiscal Arismendi informó que "se produjo un control de detención de un imputado que (...) en el año 2024, en el mes de agosto, cometió dos delitos de estupro respecto a un estudiante de ese mismo colegio".
Asimismo, la autoridad agregó que el sujeto "mantenía gran cantidad de material pornográfico infantil, el cual le fue incautado el día 15 de junio de 2026".
La investigación arrojó que estos ilícitos habrían ocurrido de forma continuada entre septiembre de 2024 y junio de 2026.
La situación procesal del docente se complejizó tras el peritaje de los dispositivos tecnológicos incautados en su domicilio el pasado 15 de junio. En los registros audiovisuales se detectaron nuevas infracciones que motivaron el cargo por abuso sexual sin contacto.
Sobre este punto, el fiscal de La Calera precisó en su declaración que "en las imágenes de las captaciones traídas e incautadas en su domicilio (...) aparecían menores de edad (…), los cuales aún no han sido identificados".
Atendiendo a la gravedad de los hechos y tras la solicitud del Ministerio Público, el Tribunal de Garantía impuso la máxima medida cautelar al considerar que la libertad del profesor constituía un peligro inminente tanto para la víctima como para la seguridad de la sociedad. El tribunal determinó un plazo de 120 días para el desarrollo de la investigación correspondiente.
PURANOTICIA