Presidente de la Asociación de Municipios de la V Región exige mejorar la fiscalización a cuadrillas de empresas eléctricas

Las graves consecuencias provocadas por los últimos temporales registrados en la región de Valparaíso generaron una reacción coordinada de los jefes comunales de la zona. La Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso, encabezada por el alcalde de Olmué, Jorge Jil, anunció la articulación de una demanda colectiva junto al Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) en contra de las empresas distribuidoras de energía Chilquinta y CGE.

La acción busca responder al deficiente tiempo de reposición del suministro eléctrico durante la emergencia, situación que dejó a diversos sectores de la región sin electricidad durante varios días, afectando la vida cotidiana, la seguridad y el funcionamiento de servicios básicos de miles de familias.

"Uno esperaría que la empresa privada estuviera a la altura de la respuesta en esta emergencia. Podemos entender que el frente de mal tiempo afecte los tendidos, pero lo que se cuestiona es el tiempo de respuesta. Tuve vecinos en Olmué y en la región que estuvieron cinco, seis y siete días sin suministro eléctrico", aseveró el alcalde Jorge Jil.

IMPACTO TRANSVERSAL

La prolongada interrupción del suministro eléctrico generó consecuencias que fueron mucho más allá de la falta de iluminación en hogares y espacios públicos. Según explicó el presidente de la asociación municipal, la emergencia provocó pérdidas económicas, problemas sanitarios y dificultades para acceder a servicios esenciales.

Entre las principales afectaciones se encuentran:

• Pérdida de alimentos y medicamentos: Cientos de familias reportaron la pérdida de productos alimenticios almacenados en refrigeradores y congeladores. Además, aumentó la preocupación por los pacientes electrodependientes y personas que requieren conservar medicamentos sensibles, como la insulina, cuya estabilidad depende de una adecuada cadena de frío.
• Corte de agua en sectores rurales: En distintas localidades rurales de la región, la falta de energía eléctrica impidió el funcionamiento de bombas domiciliarias asociadas a estanques, dejando a vecinos sin acceso a agua potable.
• Impacto psicológico y labores de contención municipal: Los municipios debieron asumir un rol de primera línea de respuesta frente al malestar ciudadano, debido a la falta de soluciones inmediatas por parte de las empresas eléctricas.

Para evitar la burocracia asociada a las denuncias individuales, los municipios plantean que el SERNAC establezca un mecanismo de compensación directo y simplificado.

La propuesta consiste en que las indemnizaciones sean calculadas considerando el promedio del gasto eléctrico del hogar durante los últimos tres meses y la cantidad de integrantes de cada familia, evitando que los usuarios deban presentar extensas rendiciones de boletas o comprobantes.

CUESTIONAMIENTO A LAS CUADRILLAS

Otro de los puntos críticos planteados por las autoridades comunales fue la imposibilidad de fiscalizar en tiempo real los recursos de emergencia anunciados por las empresas eléctricas.

Durante la contingencia, las compañías informaron el despliegue de más de 250 cuadrillas en la región, cifra que fue cuestionada por los alcaldes luego de sus recorridos en terreno.

"La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) no pudo saber nunca dónde estaban las más de 250 cuadrillas desplegadas. Podían haber sido 50, pero ellos decían 250 porque no había cómo comprobarlo en línea. En Olmué y otras comunas había días en que no se veía ninguna cuadrilla", criticó Jil.

Ante esta situación, los alcaldes solicitarán que la SEC implemente sistemas de geolocalización para supervisar el despliegue efectivo de las cuadrillas eléctricas.

"Todas las cuadrillas deberían tener un GPS vinculado a un programa supervisado directamente por la SEC. (…) Así el organismo le puede dar certeza a cada alcalde de cuántos móviles reales hay desplegados en Limache, Zapallar u Olmué", detalló el edil.

PODA DE ÁRBOLES

Frente a los cuestionamientos por la caída de árboles sobre las líneas eléctricas, la Asociación aclaró las responsabilidades establecidas en el DFL N° 4 de la Ley General de Servicios Eléctricos.

Mientras los municipios tienen atribuciones para realizar labores preventivas relacionadas con el arbolado asociado a redes de baja tensión, la intervención y poda en sectores de alta tensión corresponde legalmente a las empresas eléctricas, debido al alto riesgo que representa para trabajadores municipales no especializados.

Los alcaldes señalaron que han informado formalmente a Chilquinta y CGE sobre puntos críticos de riesgo en el arbolado, pero cuestionaron que los tiempos de programación y ejecución de las podas por parte de las compañías son excesivamente lentos frente a las necesidades de prevención.

AGENDA LEGISLATIVA

Finalmente, la Asociación de Municipalidades de la Región de Valparaíso realizó un llamado al Congreso para modificar las normas que regulan el funcionamiento de las empresas concesionarias de energía, apuntando a aumentar sus obligaciones y capacidad de fiscalización.

Entre las medidas propuestas se encuentran:

• Planes de invierno obligatorios: Establecer por ley que las empresas distribuidoras presenten formalmente sus planes de invierno y poda durante febrero o marzo ante Senapred y los concejos municipales, para su revisión y aprobación.
• Fin a la postación gratuita: Modificar la legislación que permite a las empresas instalar postes en bienes nacionales de uso público sin pagar derechos municipales, pese a que posteriormente estas estructuras pueden ser subarrendadas a compañías de telecomunicaciones, generando ingresos adicionales.
• Canales directos de denuncia ciudadana: Obligar a las empresas a implementar en sus plataformas digitales sistemas ágiles y georreferenciados para reportar árboles en riesgo sobre líneas eléctricas, evitando depender exclusivamente de call centers automatizados.
• Prevención de incendios forestales: Alertar que la falta de mantención del arbolado no solo representa un riesgo durante los temporales de invierno, sino que también puede convertirse en un factor crítico para la propagación de incendios forestales durante el verano.

"No se puede seguir permitiendo que las empresas privadas tengan su postación gratis en los bienes de todos los chilenos y no cumplan con lo mínimo’’, concluyó el presidente del gremio municipal.

(IMAGEN DE CHILQUINTA)

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