La comunidad organizada denuncia que el proyecto surge como una "compensación" de la empresa Aguas Pacíficos tras un paro de los pescadores artesanales, instalando la faenadora a metros de la escuela local y en un sector sin agua potable ni alcantarillado.
La localidad de La Greda, en la comuna de Puchuncaví, vuelve a estar en el centro de la controversia ambiental. El poblado, marcado por el desastre socioambiental de 2011, cuando una serie de intoxicaciones masivas obligó al traslado de su escuela rural, enfrenta ahora un nuevo conflicto: la proyectada instalación de una planta de procesamiento de jibia, iniciativa que mantiene a los vecinos en estado de alerta.
La preocupación de la comunidad se hizo pública el pasado 13 de marzo, luego de que el alcalde de Puchuncaví, Marcos Morales, informara de manera urgente a los habitantes sobre la presentación del proyecto ante la Dirección de Obras Municipales (DOM).
De acuerdo con lo denunciado por los pobladores, el terreno donde se pretende emplazar la planta fue adquirido por la empresa Aguas Pacíficos, y la iniciativa surgiría como una compensación de la sanitaria hacia los pescadores artesanales tras las movilizaciones y tomas registradas en la bahía, trasladando —afirman— los impactos ambientales a un sector residencial.
La principal preocupación de los habitantes apunta a la ubicación del proyecto. Según denuncian, la planta se instalaría en el cruce hacia Horcón y Campiche, a solo 100 metros de la población de Campiche y a 300 o 400 metros de la escuela de La Greda, en un sector que además se encuentra bajo la protección del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica (PPDA) de Quintero y Puchuncaví.
En ese contexto, Milta Bernal, dirigenta histórica de La Greda y presidenta del Agua Potable Rural (APR), conversó con Puranoticia.cl y recalcó que el rechazo de la comunidad no está dirigido al gremio pesquero, sino al lugar donde se pretende emplazar la iniciativa:
"Nosotros no estamos contra la planta ni contra los pescadores, nosotros estamos contra la no instalación de la planta en nuestros territorios. (...) ¿Por qué Aguas Pacíficos no instaló esa planta en Quintero, en otro sector? ¿Por qué tienen que ir a contaminar a nosotros?"
Asimismo, Bernal asegura que existe una compleja situación al interior del gremio pesquero y sostiene que su dirigencia enfrenta una fuerte presión, apuntando directamente a su representante:
"Los pescadores, lo que no ha contado el dirigente, que se disparó a los tiempos, porque resulta que quiso tomarse la bahía hace como un mes atrás, pero resulta que entre lo que él firmó, él no puede hacer eso (...) Entonces Poblete está como muy desesperado, él nunca pensó que se iba a encontrar con una comunidad organizada".
Respecto de la actuación de la empresa, la dirigenta recuerda un episodio en el que, según afirma, representantes de Aguas Pacíficos intentaron persuadirla personalmente para que la comunidad desistiera de las movilizaciones. Incluso, asegura que el encuentro se produjo en su propio domicilio:
"Me va a ver el encargado de coordinación con las comunidades, que fue Felipe Rivera, a conversar de manera personal conmigo para que desistiéramos, que el ingenio no era tan grave, y yo lo escuché con mucha tranquilidad, pero le digo: 'Pero ustedes se equivocaron, ustedes salieron de un problema, creyeron salir de un problema con los pescadores’".
Uno de los puntos más sensibles para los vecinos es la ausencia de infraestructura básica en el sector donde se proyecta la planta. La Greda no cuenta con red de alcantarillado ni con factibilidad de agua potable, por lo que el diseño inicial contemplaba que los Residuos Industriales Líquidos (Riles) fueran trasladados hasta la comuna de Concón mediante la empresa ESVAL.
Sin embargo, la comunidad advirtió a las autoridades costeras que las tramitaciones formales para ello no existían, situación que habría detenido las gestiones en esa comuna.
Los habitantes también acusan que el proyecto fue diseñado al límite de la normativa, declarando una capacidad de 450 toneladas en vez de 500, con el objetivo de evitar su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Ante este escenario, la comunidad presentó una denuncia formal ante los organismos reguladores.
"Nosotros desde un minuto lo que hicimos es que esto pasara por impacto ambiental, y por eso la denuncia la hicimos y de nosotros no llegó respuesta. (…) El 30 de junio me llega la respuesta de la Superintendencia de Medio Ambiente, que ha sido acogida la denuncia, y que va a quedar registrada porque viene entonces ahora, está notificada para la fiscalización. En ese proceso estamos detenidos".
La comunidad de La Greda afirma contar con documentación que respaldaría las falencias técnicas y administrativas del proyecto y asegura que continuará movilizada mientras se mantenga la iniciativa en el sector.
“Estamos aquí dando esta pelea y nosotros no vamos a aceptar, vamos a dar la lucha hasta el final”, concluyó la dirigenta.
Con ello, La Greda vuelve a enfrentarse a un conflicto ambiental que revive el histórico temor de la comunidad a seguir concentrando actividades industriales en una zona marcada por décadas de contaminación.
PURANOTICIA