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Nuevo escándalo sacude a Johnny Piraino en La Calera: madre del alcalde se querella contra vecino con abogados de la Municipalidad

Nuevo escándalo sacude a Johnny Piraino en La Calera: madre del alcalde se querella contra vecino con abogados de la Municipalidad

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Contraloría detectó que los tres profesionales que patrocinaron la acción judicial contra el vecino Sergio Cornejo son funcionarios municipales o prestan servicios a la entidad. Además, cuestionó que se utilizara la dirección del municipio como domicilio en la causa.

Nuevo escándalo sacude a Johnny Piraino en La Calera: madre del alcalde se querella contra vecino con abogados de la Municipalidad
Martes 17 de noviembre de 2026 13:57
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La Contraloría General de la República instruyó a la Municipalidad de La Calera disponer un sumario administrativo para investigar un eventual uso de dependencias, personal y recursos municipales en una querella por injurias graves con publicidad presentada en contra del vecino Sergio Cornejo Romero, por parte de Fresia del Carmen Meneses Valero, madre del alcalde Johnny Piraino Meneses.

La determinación quedó establecida en un oficio emitido por la Contraloría Regional de Valparaíso, a raíz de una denuncia presentada por el civil, quien cuestionó que tres abogados que mantienen o habrían mantenido vínculos laborales y contractuales con el municipio asumieran la representación judicial de la querellante.

Se trata de Gloria Tapia Bahamondes, Francisco Larraguibel Tapia y Juan Paulo Abarca Carrillo. Según los antecedentes revisados por el organismo fiscalizador, los dos primeros figuran como funcionarios directivos de la Municipalidad de La Calera, mientras que el tercero presta servicios mediante un contrato a honorarios.

Uno de los elementos que llamó la atención de Contraloría fue que la querella, ingresada ante el Juzgado de Garantía de La Calera, consignó como domicilio de los tres profesionales calle Marathon N° 312, dirección que corresponde a las dependencias de la Municipalidad de La Calera, según consta en registros de la propia entidad edilicia.

En su análisis, el organismo de control advirtió que la participación de funcionarios municipales en una acción judicial presentada por la madre del alcalde podría configurar una eventual contravención a las normas sobre probidad administrativa, debido a los posibles conflictos de intereses que podrían afectar la imparcialidad de las actuaciones de las autoridades o de los propios funcionarios involucrados.

La Contraloría también cuestionó el eventual uso de recursos institucionales para fines particulares. Al respecto, recordó que la Ley N° 18.575 prohíbe utilizar dinero, bienes, personal o tiempo de la jornada laboral de un organismo público en beneficio propio o de terceros, o para objetivos ajenos a las funciones institucionales.

En ese contexto, el documento advierte que el uso de la dirección municipal en el escrito judicial podría involucrar no solamente la utilización de esa dependencia, sino también el eventual empleo de personal, tiempo y otros bienes de la institución, además de comprometer su imagen.

A partir de estos antecedentes, Contraloría determinó que corresponde iniciar un procedimiento disciplinario para establecer si existieron responsabilidades administrativas. El sumario deberá ser ordenado por quien subrogue al alcalde y estará a cargo de un funcionario directivo con jerarquía suficiente para investigar a los funcionarios denunciados.

El municipio tendrá un plazo de 10 días hábiles administrativos, contados desde la recepción del oficio, para remitir a la Unidad de Seguimiento de la Fiscalía de la Contraloría una copia del decreto alcaldicio que disponga la instrucción del procedimiento.

Finalmente, el organismo fiscalizador hizo presente que la Municipalidad de La Calera no había respondido el requerimiento de antecedentes que le fue solicitado durante la investigación. Por ello, recordó que las solicitudes de información de Contraloría son obligatorias para los servicios sometidos a su fiscalización y que su incumplimiento puede comprometer la responsabilidad administrativa de los funcionarios involucrados.

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