El dirigente de los funcionarios a honorarios, Miguel Moya, advirtió en Puranoticia.cl que la reducción de los recursos propuestos para financiar los sueldos de fin de año obligaría a desvincular personal, pese a las negociaciones entre la alcaldesa y el Concejo Municipal.
Un complejo escenario administrativo y social enfrenta la Municipalidad de Quilpué debido a la incertidumbre sobre el futuro laboral de 406 funcionarios municipales. Esto, luego que fuera rechazada por segunda vez la modificación presupuestaria que buscaba conseguir los recursos para pagarles sus remuneraciones de noviembre y diciembre.
En medio de estas diferencias entre la administración de la alcaldesa Carolina Corti y el Concejo Municipal, el dirigente de los trabajadores a honorarios, Miguel Moya, se refirió en entrevista con Puranoticia.cl a las negociaciones en curso y advirtió que aunque prospere la propuesta alternativa presentada por los ediles, será inevitable la desvinculación de parte del personal.
El conflicto mantiene en la incertidumbre a 406 trabajadores a honorarios, cuyos contratos expiraron sin una renovación inmediata. Mientras la propuesta inicial de la administración Corti –rechazada el martes por el órgano colegiado– solicitaba cerca de $491 millones para cubrir el déficit hasta fin de año, el plan presentado por los concejales que rechazaron contempla unos $330 millones. Ante esta diferencia, el representante gremial advirtió que los recursos planteados ahora no serían suficientes para mantener la totalidad de los puestos de trabajo.

"Sí o sí habrá despidos porque la propuesta de la administración para mantener a los 406 trabajadores era de $450 millones a $490 millones y la propuesta de los concejales baja a $330 millones, sin duda van a haber despidos’’, afirmó Moya, quien explicó que todavía no existen cálculos precisos sobre qué funcionarios podrían dejar el municipio ni cuáles serían los criterios para determinar las desvinculaciones.
Asimismo, aclaró que la propuesta revisada no incluye nombres específicos ni apunta a la salida de funcionarios cercanos a la alcaldesa, precisando que "no hay nombres en la propuesta lo que sí solicitan, y tampoco hay una directa relación a sacar a gente, sí plantean ajustes de sueldo en torno a las funciones que se establecen".
En esa misma línea, el dirigente gremial advirtió sobre las consecuencias financieras y legales que podría generar la desvinculación de trabajadores con una larga trayectoria en el municipio. Como antecedente, recordó demandas laborales presentadas por funcionarios a honorarios que llevaban décadas de servicio, algunas con 20 o 40 años de antigüedad, y que han derivado en importantes desembolsos para la entidad.
Al respecto, detalló que "el año 2023 (…) hubo 11 demandas que fueron ganadas por trabajadores a honorarios al municipio, que llegaron a acuerdos y hubo un gasto de 88 millones de pesos en el pago de esas demandas". Esta cifra equivale a un promedio aproximado de 8 millones de pesos por causa, monto que, extrapolado a 300 funcionarios, superaría los 2.400 millones de pesos.
En cuanto a los plazos institucionales, Moya explicó que una solución definitiva podría tardar debido a los procedimientos legales asociados a la nueva modificación presupuestaria. La normativa establece un plazo obligatorio de cinco días hábiles de discusión en el Concejo Municipal desde su ingreso oficial, por lo que el dirigente sostuvo que "tampoco es algo que se pueda acortar ni siquiera con la voluntad de los concejales".

En este contexto, las confianzas entre las partes continúan deterioradas y la incertidumbre se mantendrá por al menos un par de días más. "Sin duda no nos podemos quedar tranquilos con lo que salga el día lunes, tenemos que esperar a la votación del Concejo", afirmó.
Actualmente, el municipio funciona de manera parcial, con turnos éticos sostenidos por las asociaciones de funcionarios de planta y contrata, mientras los trabajadores a honorarios —que representan cerca del 50% de la fuerza laboral de la casa edilicia— mantienen paralizados los servicios críticos, lo que ha provocado la suspensión de actividades presenciales.
A ello se suma el impacto operativo en las distintas oficinas comunales, que no han podido atender con normalidad a la comunidad debido a la ausencia de personal clave en las áreas de atención ciudadana.
Finalmente, el dirigente atribuyó a las autoridades municipales una responsabilidad transversal en la crisis, tanto por la falta de anticipación como por el manejo presupuestario que derivó en el actual escenario. En ese sentido, cuestionó la gestión de la administración y concluyó que "hay una responsabilidad principal de parte de la administración municipal (...) y un mes en que no han sido capaces las autoridades de poner a los trabajadores primero".
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