Minvu rechaza graves acusaciones de diputada Gazmuri y defiende demoliciones en El Olivar

La tensión política y social en torno al proceso de reconstrucción en El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, sumó un nuevo y complejo capítulo. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) emitió una declaración pública para responder a los recientes y severos cuestionamientos de la diputada Ana María Gazmuri, en un cruce que escaló rápidamente desde la discrepancia técnica hacia graves acusaciones de carácter personal. 

El punto más álgido del conflicto radica en una denuncia de acoso dirigida directamente al titular de la cartera, el ministro Iván Poduje. Desde el Minvu salieron al paso de forma categórica: "Las acusaciones personales de acoso realizadas contra el ministro son graves y carecen de fundamento", sostuvieron, argumentando que, si bien existen discrepancias públicas desde hace meses por la reconstrucción, esto "no justifica falsas imputaciones de carácter personal".

A pesar de que el ministerio busca blindar su gestión asegurando que sus decisiones se basan en la seguridad de los damnificados, el conflicto deja entrever las profundas fallas y la falta de consenso que han marcado el proceso en El Olivar. La validez de las demoliciones ha sido uno de los flancos más criticados tanto en la interna política como entre los vecinos.

Para defenderse de los cuestionamientos que apuntan a una supuesta arbitrariedad, el Minvu detalló que los polémicos derribos se sustentan en informes de la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (Ditec) y del Idiem de la Universidad de Chile. Según el organismo, estos estudios detectaron "graves deficiencias constructivas, incluyendo incumplimientos de la normativa de resistencia al fuego, observaciones estructurales y uso de materiales sin la debida certificación".

¿CONSENSO O PRESIÓN?

Otro de los flancos de desconfianza apunta a si los propietarios realmente han tenido alternativa frente a las decisiones estatales. Desde el Gobierno enfatizan que "cada una de las viviendas que han sido intervenidas cuenta con la autorización expresa de sus propietarios", con excepción de seis inmuebles que quedaron fuera del proceso.

Asegurando que la demolición se adoptó "en conjunto con las familias afectadas", la cartera cerró su declaración afirmando que el ministerio tiene el "deber legal y moral de garantizar que las viviendas que entregue el Estado cumplan plenamente con la normativa vigente".

La polémica, sin embargo, se mantiene encendida, instalando la duda sobre cómo continuará el diálogo entre las autoridades sectoriales y los parlamentarios fiscalizadores en medio de un escenario de mutua desconfianza.

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