Minvu anuncia recursos judiciales para destrabar reconstrucción de El Olivar: piden "respetar derecho y voluntad de familias"

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció que interpondrá recursos de protección y acciones civiles para restablecer los derechos de familias damnificadas del megaincendio de febrero de 2024 en el sector de El Olivar, en la parte alta de Viña del Mar, quienes –según sostuvo la cartera– han visto retrasado su proceso de reconstrucción tras una serie de conflictos judiciales vinculados a la constructora San Sebastián y a la entidad patrocinante Social Arquitectura.

A través de una declaración pública emitida este jueves 9 de julio, la cartera, a través del seremi Minvu de Valparaíso, Marcelo Ruiz, señaló que la decisión busca resguardar a las familias propietarias de las viviendas, quienes –aseguran– manifestaron su voluntad de poner término a los contratos con ambas entidades y aceptar la propuesta presentada por el Serviu Valparaíso para continuar con la reconstrucción.

El Minvu recordó que tanto Social Arquitectura como San Sebastián enfrentan, desde marzo, querellas presentadas por la propia cartera por ocho delitos: estafa agravada, uso malicioso de instrumento falso, fraude al fisco, coacción, amenazas, tráfico de influencias, cuasidelito de peligro por infracción a normas de seguridad estructural y obtención fraudulenta de prestaciones estatales, en una causa relacionada con contratos que involucran un patrimonio fiscal equivalente a 709.143,09 UF.

Asimismo, explicó que la determinación adoptada por las familias se produjo luego de conocer los informes elaborados por la División Técnica de Estudio y Fomento Habitacional (DITEC) del Minvu y el IDIEM de la Universidad de Chile, los cuales detectaron graves deficiencias estructurales en las viviendas, además de incumplimientos de la normativa sísmica y de resistencia al fuego.

Según detalló la cartera, actualmente el proceso de reconstrucción permanece paralizado debido a las acciones judiciales interpuestas por la constructora y por un grupo minoritario de vecinos. Esta situación afecta tanto a 140 viviendas que ya contaban con distintos porcentajes de avance y autorización para su demolición, como a otras 187 donde las obras aún no han podido iniciarse.

En ese contexto, el Ministerio sostuvo que las acciones judiciales civiles y los recursos de protección buscan que "se respete el derecho y la voluntad de las familias propietarias que exigieron no seguir retrasando el proceso de reconstrucción de sus viviendas".

También enfatizaron que "no entregaremos viviendas parchadas, falladas que ponen en riesgo la vida de las personas. Nuestro deber es proteger a las familias que quieren avanzar. No podemos permitir que un conflicto judicial termine perjudicando a quienes ya autorizaron la demolición de sus viviendas o a quienes ni siquiera han podido iniciar la construcción de sus casas". 

A ello agregaron que continuarán utilizando "todas las herramientas legales y administrativas disponibles para proteger a las familias de El Olivar y garantizar que reciban viviendas nuevas, seguras y construidas con los estándares que corresponden".

PURANOTICIA