Ministro de Vivienda y toma en Quilpué: "Serviu ya tiene la instrucción de cumplir lo que la Corte dijo: demoler para desalojar"

Inspección de obra, instalación de una primera piedra y la entrega de subsidios, son parte de las actividades que llevó adelante el ministro de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Carlos Montes, en la región de Valparaíso, en el marco de los avances del Plan de Emergencia Habitacional, donde se refirió a dos temas relativos a su cartera.

Sobre la toma en Quilpué y el conflicto que existe en el terreno de la familia Correa Uribe, señaló que las familias ya están notificadas del desalojo.

“La información que tengo es que fueron notificados, todos saben eso. Ellos no se presentaron frente a la Corte con determinadas gestiones, que podrían haber hecho frente a los Tribunales y el Serviu ya tiene la instrucción de cumplir lo que la Corte dijo, que había que demoler para desalojar”, indicó.

Luego, el titular del Minvu habló sobre la megatoma de San Antonio, recordando que "se presentó un «Téngase Presente» para darnos un año más para seguir construyendo una alternativa. Estamos hablando de 4 mil familias, aproximadamente, o 10 mil habitantes, y la verdad es que aquí se requiere construir alternativa”.

Montes agregó que “la alternativa que se está trabajando, en este diálogo con 59 comités de vecinos, es la constitución de cooperativas y que ellos inicien un proceso de compra del terreno y, a partir de eso, postulen el proyecto al Ministerio de la Vivienda para construir viviendas, que es el conducto regular. Esto es algo distinto, nuevo y esperamos que resulte y, para eso, solicitamos la colaboración de todo el mundo,para hacer algo bien hecho y con perspectiva”.  

El secretario de Estado señaló que “queremos construir condiciones para eso. Pero eso supone muchas cosas: que haya cooperativas, que haya un compromiso de compra, que el dueño esté dispuesto a vender. Hay un conjunto de condiciones. Esto no es una cosa sencilla, por eso que le hemos pedido a la Corte un año adicional, por lo menos un año, para poder llegar a establecer todas estas condiciones”.

“Nosotros primero teníamos que poner de acuerdo con las personas que estaban ahí, ponerse de acuerdo con lo que querían y que no querían y en eso hemos estado trabajando. Respecto a los dueños, ellos tienen sus derechos y pueden ejercerlo. El problema es que ellos tendrían que dar la orden de desalojo y eso supone un conjunto de requisitos. Sacar a 10 mil personas no es algo fácil, por lo tanto, suponemos que los propietarios van a pensar muy bien lo que es”, sentenció.  

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