Martes clave en Quilpué: Alcaldesa Corti apunta a responsabilidad de concejales por posible desvinculación de 406 funcionarios

Este martes 27 de octubre, el Concejo Municipal de Quilpué votará por segunda vez la modificación presupuestaria planteada por la administración de la alcaldesa Carolina Corti, instancia que será seguida de cerca por los 406 funcionarios municipales que trabajan a honorarios y que dependen de la aprobación de los concejales para que sigan recibiendo sus remuneraciones durante los meses de noviembre y diciembre.

Se trata de la modificación presupuestaria N° 22, que busca habilitar $491 millones en las cuentas 21.03 y 21.04 del presupuesto municipal, con las que se paga a los servidores a honorarios de la casa edilicia de la Ciudad del Sol.

La votación llega dos semanas después del duro revés del 13 de octubre, cuando seis de los ocho concejales rechazaron las modificaciones presentadas por la administración. Desde entonces, la incertidumbre se instaló entre cientos de personas que no saben si tendrán ingresos para terminar el año, justo antes de Navidad.

NO ES PLATA NUEVA

Desde la administración de la alcaldesa Corti precisaron que la modificación no pide recursos adicionales al Municipio, sino que lo que hace es mover fondos que ya están disponibles en el presupuesto hacia las cuentas de honorarios, que se quedaron sin saldo suficiente para cubrir los dos últimos meses del año.

Según el certificado presupuestario de la Secretaría de Planificación Comunal (Secpla), del 20 de octubre, el Municipio de Quilpué proyecta al 31 de diciembre ingresos por $70.076 millones y gastos por $68.834 millones. Aun en un escenario de alta exigencia de gasto, el año cerraría con un saldo positivo de $1.242 millones. Es decir, aseguraron que la entidad comunal no tiene déficit.

La nueva propuesta, además, es más baja que la rechazada: pide $491 millones, frente a los $539,6 millones de la primera vez. La rebaja se concentra en la cuenta 21.03, cuya solicitud bajó de $101 millones a $37 millones. Para la cuenta 21.04, que financia los programas comunitarios, se piden $454 millones.

La votación involucra únicamente a servidores a honorarios: 22 cargados a la cuenta 21.03 y 384 que prestan servicios en programas comunitarios de la cuenta 21.04, concentrados principalmente en la Dirección de Desarrollo Comunitario (Dideco).

Los funcionarios de planta y a contrata no forman parte de esta modificación.

Según la administración Corti, si la modificación vuelve a ser rechazada, el Municipio de Quilpué no podrá dar continuidad a ninguno de los 406 servidores a honorarios durante los meses de noviembre y diciembre.

“UNA MEDICIÓN DE FUERZAS POLÍTICAS”

En la víspera de la sesión, la alcaldesa Carolina Corti (RN) endureció el tono, aunque evitó personalizar el conflicto, y sostuvo que la discusión ya excede lo estrictamente presupuestario.

“Aquí ya no estamos frente a una discusión sobre si existen o no los recursos. La plata está, el Municipio no tiene déficit y no hay nada ilegal, hemos entregado los antecedentes solicitados y adoptado las medidas que se nos pidieron", sostuvo.

Asimismo, la jefa comunal planteó que "si, pese a todo eso, se insiste en rechazar la modificación, entonces estamos frente a una medición de fuerzas políticas. Y una medición de fuerzas políticas no puede hacerse a costa de 406 trabajadores, de sus familias ni de los servicios que reciben nuestros vecinos”.

Corti sostuvo también que "he mantenido una actitud prudente y respetuosa, pero hay un momento en que corresponde decir basta. No voy a entrar en descalificaciones personales ni en disputas pequeñas. Mi obligación como alcaldesa es defender el funcionamiento del Municipio, la continuidad de los servicios básicos de la comunidad y a 406 familias que hoy viven una incertidumbre que no corresponde prolongar. Cada autoridad tendrá que votar en conciencia y asumir las consecuencias concretas de su decisión”.

QUE DECIDA CONTRALORÍA

La alcaldesa insistió en que los recursos existen, que el Municipio ha dado respuesta a las observaciones formuladas y que cualquier eventual responsabilidad administrativa debe ser determinada por los órganos competentes.

“Primero: la plata está y el Municipio no tiene déficit financiero ni presupuestario, de acá al 31 de diciembre. Hemos reconocido que pudo haber deficiencias en la ejecución de algunas líneas presupuestarias y hemos adoptado medidas para corregirlas", señaló.

De igual forma, precisó que "si existe alguna responsabilidad administrativa, será la Contraloría la que determine lo que corresponda, y yo voy a asumir plenamente cualquier responsabilidad que me competa. Pero una cosa es fiscalizar y otra distinta es mantener a 406 familias en incertidumbre cuando los recursos existen".

Además, la máxima autoridad comunal manifestó que "a esta altura, si la discusión deja de ser presupuestaria y se transforma en una prueba de fuerza política, hay que decirlo con claridad. Yo invito a los concejales a votar pensando en Quilpué, en sus vecinos y en las consecuencias reales de su decisión. Las instituciones deben funcionar y todos debemos hacernos cargo de nuestras decisiones”.

TRABAJADORES EN LA CALLE

La tensión ya se hace visible en el centro de la comuna. Frente al Teatro Municipal Juan Bustos Ramírez y sobre el letrero corpóreo con el nombre de Quilpué aparecieron lienzos con mensajes como “Concejales, no a los despidos”, “Honorarios unidos” y “No + incertidumbre laboral”.

En otro punto, entre globos negros, un cartel resumía el sentir de los afectados: “Concejales: por su gallito político, trabajadores y pobladores pagamos el pato”.

La votación se realizará en la sesión ordinaria del Concejo Municipal de este martes 27 de octubre, por lo que desde el Municipio recalcaron una vez que de su resultado dependerá si 406 personas terminan el año con trabajo y si los programas sociales de Quilpué siguen funcionando.

EL PRIMER RECHAZO

Cabe recordar que en la sesión del 13 de octubre, la administración llevó al Concejo las modificaciones N° 19, referida a honorarios, y N° 21, referida al personal a contrata. Ambas fueron rechazadas por seis votos contra tres. Tal como lo contó oportunamente Puranoticia.cl, votaron en contra los concejales Francisco Villegas, Mónica Neira, Renzo Aranda, Marco Antonio Aguirre, Paula Castro y Laura González. A favor lo hicieron Paola Toledo, Javier Cortés y la alcaldesa Corti.

En esa ocasión, el presidente de la Comisión de Finanzas, Francisco Villegas, cuestionó que las contrataciones realizadas durante el año no hubieran sido consideradas al elaborar el presupuesto vigente, y reclamó que la información se fue obteniendo “a tirabuzón” durante las comisiones.

La concejala Laura González calificó como “muy doloroso” el escenario de ajustes de personal, pero fue enfática en que “esto no es responsabilidad del Concejo Municipal”. La concejala Mónica Neira habló de un quiebre de confianzas con la administración, mientras que el concejal Renzo Aranda advirtió que “no se juega con el presupuesto”.

Tras este primer rechazo, los concejales plantearon una serie de exigencias como condición para volver a discutir los recursos. Según los antecedentes adjuntos a la nueva propuesta, entre el 13 y el 21 de octubre la administración adoptó estas medidas:

• Honorarios: un informe técnico de Recursos Humanos rebajó los honorarios de cinco prestadores según su grado académico.

• Transparencia: se elaboró una carta Gantt para regularizar la publicación de contratos y actos de personal en 21 unidades municipales.

• SIAPER: se elaboró otra carta Gantt para corregir el registro de actos de personal, observado por la Contraloría en su Informe Final N° 10.

• Renuncias: se aceptaron las renuncias del administrador municipal y de la directora de Asesoría Jurídica, y se instruyeron sumarios administrativos.

• Planificación 2027: se firmaron cartas de compromiso para contratar por el año completo a los servidores a honorarios.

• Certificados: se emitieron el certificado de situación financiera de la Dirección de Administración y Finanzas y el certificado presupuestario de la Secpla.

Desde la administración comuna, hicieron notar a Puranoticia.cl que, de todas las exigencias, solo la entrega de los certificados se refería estrictamente a materias presupuestarias. El 21 de octubre, la comisión respectiva permitió que la modificación N° 22 avanzara a la sesión de este martes.

EL DEBATE DEL 10%

Uno de los argumentos contra la modificación apunta al límite legal de la cuenta 21.03, que no puede superar el 10% del gasto en personal de planta. Algunos concejales sostienen que ciertos prestadores de programas comunitarios harían en realidad labores habituales del municipio y deberían sumarse a esa cuenta, con lo que se superaría el tope.

La administración respondió diciendo que el gasto de planta bordea los $8.804 millones, por lo que el tope de la 21.03 llega a unos $880 millones. Además, indicaron que aún cubriendo todo lo proyectado hasta diciembre, esa cuenta llegaría a entre $505 y $517 millones, es decir, entre un 5,7% y un 5,9%. Quedaría una holgura de más de $360 millones, equivalente al costo de unos 150 prestadores durante dos meses.

El municipio recordó, además, que la Ley N° 21.526 creó un régimen especial para 2023-2026, que permite renovar honorarios aunque se trate de labores permanentes y considera “cometidos específicos” los servicios prestados en programas comunitarios. La Contraloría lo confirmó en el dictamen E296951, de 2023.

SERVICIOS MUNICIPALES EN RIESGO

Luego, la casa edilicia quilpueína hizo presente que el impacto no se concentra en uno o dos programas, sino que el reporte de dotación de la cuenta 21.04 identifica 384 prestadores distribuidos en 24 direcciones, oficinas y subunidades municipales. De ellos, 173 corresponden a 13 subunidades vinculadas a Dideco y 211 a otras 11 unidades municipales.

En Dideco, las unidades y programas involucrados son:

• Deporte y Recreación: 51 prestadores.

• Dirección de Desarrollo Comunitario: 34 prestadores.

• Social: 20 prestadores.

• Dirección Ambiental y Sostenibilidad: 17 prestadores.

• Oficina de Mujer y Equidad de Género: 12 prestadores.

• Desarrollo Vecinal: 11 prestadores.

• Oficina de Discapacidad, Inclusión y Accesibilidad: 9 prestadores.

• Bioparque Fundo El Carmen: 8 prestadores.

• Reconstrucción y Vivienda: 6 prestadores.

• Oficina de Personas Mayores: 2 prestadores.

• Oficina Diversidades y Disidencia: 1 prestadores.

• Oficina de Migrantes: 1 prestadores.

• Parque Bicentenario: 1 prestadores.

Fuera de Dideco, el mismo reporte identifica las siguientes unidades municipales afectadas:

• Dirección de Operaciones: 109 prestadores.

• Dirección de Seguridad Pública: 34 prestadores.

• Dirección de Cultura: 22 prestadores.

• Secpla: 16 prestadores.

• Relaciones Públicas: 8 prestadores.

• Dirección de Comunicaciones: 7 prestadores.

• Dirección de Desarrollo Económico: 7 prestadores.

• Dirección de Obras Municipales: 5 prestadores.

• Dirección de Gestión de Riesgos y Emergencias: 1 prestadores.

• Dirección de Tránsito y Transporte Público: 1 prestadores.

• Dirección de Desarrollo Institucional: 1 prestadores.

Por todo ello, desde la Municipalidad de Quilpué sentenciaron que la consecuencia de un nuevo rechazo no se limita a la situación laboral de los prestadores, sino que alcanzaría servicios sociales, seguridad, operaciones, cultura, planificación, medio ambiente, deporte, reconstrucción, desarrollo económico y atención comunitaria que la casa edilicia presta diariamente a los vecinos de la comuna.

CONCEJALES EXIGEN RESPUESTAS

Frente a la crisis laboral y presupuestaria que atraviesa la Municipalidad, los concejales exigieron respuestas a la alcaldesa Carolina Corti y aseguraron que defienden la estabilidad de los funcionarios involucrados en el conflicto.

A través de un comunicado, los ediles de la comuna de Quilpué se dirigieron a la comunidad quilpueína y a los trabajadores municipales a honorarios y a contrata, para manifestarles "nuestra profunda preocupación y firme postura ante la grave crisis presupuestaria generada en el Municipio en la administración de la alcaldesa Corti".

Así es como, en primer lugar, emplazaron a la primera autoridad comunal para que "dé la cara a la ciudadanía y a los trabajadores, entregando respuestas claras, certezas laborales y un cese inmediato a la incertidumbre y a las amenazas de despidos arbitrarios. Que presente una estrategia seria para este año, dentro del marco legal y ordenada que garantice de manera definitiva el funcionamiento del municipio, sin seguir hipotecando el presupuesto del próximo año ni afectando la dignidad de quienes mantienen en pie los servicios de la comuna".

El segundo punto hace mención a una crisis producto de la irresponsabilidad administrativa, afirmando que "la situación crítica que hoy pone en entredicho la continuidad laboral de cientos de familias no es un imprevisto ni una catástrofe natural; es el resultado directo de una ejecución presupuestaria irresponsable y consciente por parte de la administración de la alcaldesa Carolina Corti. El manejo temerario de la ejecución presupuestaria, ha producido un déficit producto de nuevas contrataciones de esta administración, aumentos de grados y remuneraciones de su personal de confianza en perjuicio de la estabilidad presupuestaria municipal y la estabilidad laboral de los trabajadores, obligando a reasignar fondos de emergencia, vaciar el saldo final de caja y postergar proyectos urbanos y obras vitales para los barrios de nuestra comuna.

ACUSAN "DESORDEN"

Luego, expusieron que "los trabajadores no pueden pagar el costo del desorden, esta situación pudo resolverse en septiembre, tal y como lo dijera la administración, al no continuar sus contrataciones de 2026. Sin embargo, persistieron en sostener este personal en perjuicio de los demás funcionarios. No puede ser que nuestros servidores públicos terminen pagando con la pérdida de su fuente laboral las consecuencias de la negligencia directiva de la administración comunal".

De igual forma, aseguraron que protegerán el empleo sin renunciar a la fiscalización, ante lo cual indicaron que "como Concejo Municipal hemos cumplido —y seguiremos cumpliendo— con nuestro rol fiscalizador, exigiendo transparencia, levantando las alertas necesarias y fiscalizando la negligencia de esta administración. Sin embargo, frente al dilema generado, nuestra prioridad humana y política es clara: dar certezas y resguardar a las familias trabajadoras".

Por último, subrayaron que "exigimos de manera transversal que la administración asuma su responsabilidad política y administrativa de manera transparente. Las investigaciones sumarias y las responsabilidades individuales de quienes condujeron al municipio a este escenario deben llegar hasta las últimas consecuencias".

Cabe hacer presente que el comunicado fue firmado por los concejales Francisco Villegas, Marco Aguirre, Mónica Neira, Renzo Aranda, Paula Castro y Laura González.

PURANOTICIA