La "guerra" por el Estadio Sausalito de Viña del Mar: Municipio y Everton escalan disputa por derechos comerciales, seguridad y daños

La relación entre la Municipalidad de Viña del Mar y Everton atraviesa un nuevo foco de tensión por el uso y la administración del Estadio Sausalito. Los cuestionamientos al aprovechamiento comercial del recinto municipal, las obligaciones de seguridad durante los partidos y la responsabilidad por los destrozos registrados tras los incidentes del encuentro contra Universidad de Chile mantienen enfrentadas a ambas partes.

La controversia se produce en el marco del contrato de comodato suscrito el 2 de febrero de 2026, que entrega a Everton de Viña del Mar S.A.D.P. el uso de la cancha y las dependencias del estadio hasta el 31 de diciembre de 2028. En ese contexto, la administración comunal envió un oficio al representante legal del club, Rodrigo Robles Ardouin, con el objetivo de precisar las obligaciones contractuales y normativas que, a su juicio, deben regir la organización de los espectáculos deportivos.

Uno de los puntos centrales de la disputa es la responsabilidad por los daños ocasionados durante los partidos. La administración que lidera la alcaldesa Macarena Ripamonti invocó expresamente las cláusulas decimosexta y decimoséptima del comodato firmado entre las partes a inicios del presente año, las cuales establecen las condiciones bajo las cuales se distribuyen las responsabilidades respectivas.

La cláusula Nº 17 señala que "Everton asume toda la responsabilidad civil que se pudiese ocasionar, en su calidad de comodatario y organizador de aquellos eventos deportivos permitidos por el presente contrato, en el evento de causarse perjuicios a personas y en sus bienes, además de cualquier afectación a bienes municipales".

El documento municipal agrega que los daños ocasionados por terceros durante y con motivo de esos encuentros organizados por el elenco ruletero "serán de cargo exclusivo de Everton, sea que estos se originen por hechos propios de este último, por hechos de sus agentes o dependientes o sean cometidos por terceros".

A su vez, la cláusula decimosexta del contrato firmado establece que la Municipalidad de Viña del Mar "no responderá de manera alguna por los perjuicios que puedan producirse a Everton con ocasión de robo, incendios, inundaciones, filtraciones, roturas de cañerías de agua o gas, efectos del calor o humedad, desmanes, daños con ocasión de disturbios de cualquier naturaleza, etcétera".

OBLIGACIONES DE SEGURIDAD

De igual manera, Puranoticia.cl accedió a un oficio firmado por el administrador municipal, Erick Layana Venenciano, quien sostiene que la organización y ejecución de cada partido profesional disputado por Everton en Sausalito es de exclusiva responsabilidad del club. Esto comprende, entre otras materias, la contratación del personal necesario, la logística, el funcionamiento de las boleterías, los horarios de uso y el cumplimiento de la normativa aplicable a los espectáculos de fútbol profesional.

La Municipalidad también señala que corresponde a club Oro y Cielo asumir la seguridad al interior del estadio, incluyendo el financiamiento y la coordinación de los planes respectivos, la contratación de personal de seguridad privada, el control de accesos y la adopción de medidas para resguardar la integridad de los asistentes.

En el caso de los partidos de alta convocatoria, el documento recuerda que el club, a través de su gerencia del Grupo Pachuca, debe gestionar oportunamente los permisos, las autorizaciones y el auxilio de la fuerza pública que correspondan ante organismos como la Delegación Presidencial Regional y Carabineros de Chile.

Cabe hacer presente que los cuestionamientos se intensificaron luego de la cancelación del encuentro válido por Copa Chile 2026 entre Everton y Universidad de Chile, disputado el 24 de septiembre de 2026, en medio de incidentes en las tribunas.

Así es como en el oficio, el Municipio de la Ciudad Jardín afirma que en el sector de la barra visitante, ubicado en la Galería Laguna, fueron constatados diversos elementos prohibidos, entre ellos latas de cerveza, "tortas" completas de fuegos artificiales de gran envergadura, casquillos de juegos pirotécnicos y otros utensilios.

La administración comunal también cuestionó las explicaciones públicas sobre un eventual ingreso de estos elementos desde el cerro aledaño al reducto deportivo ubicado en la avenida Padre Hurtado. Según el documento firmado por el administrador municipal, "la constatación de estos elementos al interior de la Galería Laguna obliga, a lo menos, a revisar seriamente dicha hipótesis, considerando las características y ubicación del sector en que fueron encontrados".

De igual forma, manifestó desconocer el origen de esa versión y quién habría entregado antecedentes para sostener que el ocultamiento de los elementos en el cerro explicaría su posterior presencia en el recinto. Por ello, solicitó a Everton adoptar las medidas necesarias para evitar que situaciones de esta naturaleza vuelvan a producirse.

EXPLOTACIÓN COMERCIAL

Las diferencias entre la Municipalidad de Viña del Mar y Everton también abarcan el aprovechamiento económico del reducto deportivo. Entre los cuestionamientos planteados desde la casa edilicia figura el cobro de derechos asociados a la publicidad estática y a la venta de alimentos y productos dentro del estadio.

Los antecedentes proporcionados sitúan en cerca de $80 millones la deuda que el órgano comunal reclama ante los tribunales por estos conceptos. La administración de la alcaldesa Ripamonti cuestiona que el club local obtenga ingresos por esas actividades sin pagar los derechos municipales que, según su postura, corresponderían por la explotación comercial de un recinto de uso público.

Este conflicto se vincula con el debate sobre la conveniencia y la equidad del comodato. Aunque las prestaciones asociadas al acuerdo se han valorizado en $190 millones anuales, se ha cuestionado si las condiciones actuales entregan beneficios suficientes para la comuna frente a las ventajas que obtiene la concesionaria.

Uno de los reparos apunta a que Everton retendría los ingresos derivados de la publicidad estática y la venta de alimentos al interior del estadio, mientras la entidad edilicia reclama el pago de los derechos comerciales correspondientes.

De esta manera, la controversia entre las partes no se limita sólo a los daños producidos durante los encuentros deportivos, sino que también alcanza las condiciones económicas bajo las cuales el club viñamarino utiliza la infraestructura municipal.

QUERELLA DE EVERTON

Vale recordar que los representantes de Everton recurrieron a la justicia para perseguir a los responsables de los daños registrados tras los incidentes del partido contra Universidad de Chile. De acuerdo con los antecedentes proporcionados, el club presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Viña del Mar.

En dicha acción, la institución deportiva local denunció que integrantes de una facción de la barra visitante conocida como «Los Menores» habrían utilizado un bote para cruzar la Laguna Sausalito e ingresar pirotecnia y bengalas al estadio.

Además, el elenco ruletero entregó un catastro técnico que cifra en $7.128.050 los daños asociados al encuentro. El detalle considera también la destrucción de alrededor de 100 metros cuadrados de césped sintético y natural, 26 butacas destrozadas, 48 metros lineales de espejos rotos en los baños y daños en luminarias.

La acción judicial presentada por el elenco deportivo busca que se investigue a los responsables de los destrozos y se determinen las responsabilidades correspondientes. Sin embargo, estos antecedentes se cruzan con la postura municipal, que invoca el contrato de comodato para sostener que los daños provocados por terceros durante los partidos organizados por Everton deben ser asumidos por el club.

Así, el municipio pone el foco en las obligaciones contractuales del club como organizador de los partidos, mientras que la institución recurrió a la justicia para denunciar los hechos y perseguir a quienes habrían participado en los desórdenes, conflicto que deja abiertas dos discusiones relacionadas, pero distintas: por una parte, quién debe responder por los daños y las fallas de seguridad en los partidos disputados en Sausalito; por otra, si las condiciones económicas y comerciales del comodato vigente resguardan adecuadamente los intereses municipales.

PURANOTICIA