Roberto Marchant, designado por el ministro Poduje, fue removido de su cargo luego de conocerse una demanda por presuntos incumplimientos asociados a la construcción de una vivienda para un damnificado del megaincendio, obra a cargo de su empresa.
La reconstrucción de las zonas devastadas por el megaincendio de febrero de 2024 en Viña del Mar y Quilpué enfrenta un nuevo foco de controversia. Esta vez, la situación involucra directamente a una de las personas que hasta hace pocos días mantenía un rol relevante dentro del equipo encargado de sacar adelante uno de los procesos más complejos que ha enfrentado el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en los últimos años.
Se trata de Roberto Marchant Farías, profesional que fue incorporado por el ministro Iván Poduje al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso para desempeñar funciones como encargado técnico de la reconstrucción de las viviendas destruidas por la tragedia que dejó 138 fallecidos y a miles de familias damnificadas.

Su remoción se produjo luego de que se diera a conocer una demanda civil presentada ante el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar por un vecino de Villa Dulce que perdió su vivienda en el megaincendio de hace dos años y medio, y que posteriormente contrató a una empresa representada legalmente por Roberto Marchant para reconstruir su hogar.
Según consta en la causa a la que accedió Puranoticia.cl, el demandante, Juan Pablo López, acusa a Sociedad Inversiones Maia SpA de incumplimientos contractuales asociados a la construcción de una casa que debía reemplazar la destruida por el fuego.
De acuerdo con la acción judicial presentaba en el tribunal viñamarino, el contrato fue suscrito en julio del año 2024 por un monto superior a los $70 millones y contemplaba un plazo de ejecución de cinco meses. Sin embargo, el demandante sostiene que las obras no fueron entregadas en las condiciones comprometidas y que se registraron diversos incumplimientos durante el desarrollo del proyecto.
La demanda solicita que el contrato sea declarado resuelto por incumplimiento y exige indemnizaciones por daño emergente y daño moral que superan los $36 millones.
No obstante, en la causa también queda establecido que la Sociedad Inversiones Maia SpA afirma que en el contrato no menciona que existía un plazo establecido para hacer la entrega de la vivienda. De hecho, indican que los estados de pago fueron incumplidos por el propietario, por lo que ingresaron una contrademanda.
Bajo este contexto, Puranoticia.cl pudo comprobar que el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar ya admitió la acción a tramitación y actualmente el caso se encuentra en etapa judicial, sin que exista hasta ahora una sentencia que determine responsabilidades.
Dentro de los antecedentes incorporados al expediente figuran declaraciones testimoniales que respaldan parte de las acusaciones formuladas por el demandante.

Los testigos relatan dificultades relacionadas con el avance de las obras, retrasos en la ejecución de los trabajos y problemas asociados a la entrega de la vivienda.
Asimismo, describen el impacto que la situación habría generado en la familia afectada, la cual, tras perder su casa en el megaincendio, esperaba recuperar condiciones mínimas de normalidad mediante el proyecto de reconstrucción.
Estos antecedentes forman parte de las pruebas que deberá ponderar el 2° Juzgado Civil de Viña del Mar durante la tramitación de la causa que tiene en el ojo del huracán al constructor civil que figuraba como encargado técnico del proceso de reconstrucción, cargo que asumió en marzo pasado, designado por el ministro Iván Poduje, y recibiendo una remuneración mensual de 3 millones de pesos ($3.000.000).
La situación adquirió especial relevancia dentro del proceso de reconstrucción debido a la posición que Marchant ocupaba al interior del aparato estatal.
Fuentes conocedoras de las gestiones desarrolladas durante los últimos meses en Viña señalaron a Puranoticia.cl que el exfuncionario era considerado uno de los hombres de confianza del ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, manteniendo una participación activa en distintas materias relacionadas con la reconstrucción.
Las mismas fuentes sostienen que al interior del Serviu de Valparaíso, Marchant incluso era conocido con el apodo de "Podujito", precisamente por la cercanía que exhibía con el secretario de Estado, de quien informaron que siempre hablaba de él.
De acuerdo con estos testimonios entregados a este medio, el exencargado de la reconstrucción solía presentarse ante funcionarios públicos, dirigentes y familias damnificadas como un "amigo del ministro Poduje", situación que en algunos casos era interpretada como una señal de influencia dentro de la estructura encargada de ejecutar la reconstrucción tras el megaincendio de febrero de 2024.

Asimismo, diversas fuentes consultadas por este medio aseguran que existían tensiones permanentes con algunos actores involucrados en el proceso, particularmente empresas constructoras y entidades patrocinantes que participan en la ejecución de proyectos habitacionales para damnificados.
Entre ellas aparecen menciones a la Constructora San Sebastián y a la entidad patrocinante Social Arquitectura, empresas que –siempre según las fuentes consultadas– habrían sido objeto de cuestionamientos recurrentes por parte de Marchant durante reuniones y actividades vinculadas a la reconstrucción.
La polémica surge en momentos en que la reconstrucción continúa siendo objeto de cuestionamientos, criticándose de manera reiterada la velocidad del proceso y el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado tras la catástrofe.
En ese escenario, la salida de la persona que desempeñaba funciones relevantes dentro del equipo encargado de coordinar la reconstrucción agrega nuevos cuestionamientos a un proceso que continúa bajo la atenta mirada de cientos de familias que siguen esperando una solución definitiva para recuperar sus viviendas.
Por ahora, el conflicto se trasladó a los tribunales de justicia, donde deberá determinarse si existieron o no los incumplimientos denunciados por el demandante. Paralelamente, la desvinculación de Marchant abre interrogantes sobre los criterios de selección, supervisión y control de quienes han tenido responsabilidades dentro de uno de los procesos de reconstrucción más importantes que ha enfrentado la región de Valparaíso en décadas.
PURANOTICIA