Corte de Apelaciones de Valparaíso indicó que el Municipio, la Delegación Presidencial y Carabineros deberán coordinar una división cuadricular para llevar a cabo el desalojo.
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La Corte de Apelaciones de Valparaíso fijó para el próximo jueves 27 de febrero, a las 10:00 horas, el inicio del desalojo de la megatoma de San Antonio, la que deberá ser efectuada "en forma razonable y paulatina", según el fallo.
"Tanto la recurrente como la Ilustre Municipalidad de San Antonio, la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, Carabineros de Chile -atendido el numero de habitantes de la toma- deberán coordinar una división cuadricular para llevar a cabo el desalojo", indica la resolución del tribunal de alzada porteño.
"Esto es, en etapas, para que el lanzamiento sea efectuado en forma razonable y paulatina", añade el fallo firmado por los ministros Jaime Arancibia y Claudia Parra, además del abogado integrante Eduardo Morales.
De esta manera, comenzará a darse cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de marzo de 2024 que, a su vez, confirmó una resolución de la misma Corte de Apelaciones de Valparaíso de junio de 2023 para la restitución de los terrenos a sus dueños.
El desalojo se vislumbra a lo menos complejo, debido a que la toma está compuesta por más de 10.000 personas y 4.136 viviendas, que se levantan en 260 hectáreas del cerro Centinela. Es considerada la toma más grande de Chile.
Debido a esta complejidad, el Gobierno emitió una declaración pública en que llamó a la calma, ya que el fallo de la Corte de Valparaíso establece que el desalojo se realizará en etapas y de forma razonable, "por lo que no es un acto inminente”.
En el texto, el Gobierno señaló que "como Ministerio de Vivienda y Urbanismo respetamos las resoluciones que emanan de la justicia, como corresponde a un Estado democrático". También subrayó que “se trata de un problema nacional, considerando que tenemos 1.432 campamentos distribuidos a lo largo del país”.
También informó que el próximo lunes 24 de febrero, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio del Interior y los propietarios, se reunirán con el fin de buscar una solución, "teniendo en cuenta que un desalojo tiene dificultades de diversa índole, entre ellas humanitaria: 4.100 familias habitan en el cerro".
“Sabemos que esta no es una situación fácil, por eso seguimos trabajando con fuerza en una solución definitiva que deje conforme a todas las partes involucradas”, concluyó la declaración de La Moneda.
PURANOTICIA
