En Valparaíso comienzan los alegatos de clausura por la tragedia que dejó 138 fallecidos. Los querellantes advierten que el proceso penal no puede cerrar la búsqueda de responsabilidades y anuncian nueva propuesta de reparación al CDE.
En su punto culmine entrará a partir de este viernes 13 de noviembre, el juicio oral contra los nueve imputados como autores materiales del megaincendio del 2 de febrero de 2024, que en Viña del Mar y Quilpué arrasó con miles de hogares y desencadenó el fallecimiento de 138 personas. Familiares de las víctimas de esta tragedia realizarán un acto de memoria previo a los alegatos de clausura.
La jornada contará con las intervenciones de los abogados querellantes, mientras que el lunes será el turno de las defensas. Tras concluir esta etapa, el Tribunal dará a conocer su veredicto a partir de la próxima semana, el que determinará la culpabilidad o inocencia de los acusados. En tanto, la sentencia que establecerá las penas correspondientes en caso de condena, será dictada en una etapa posterior.
El abogado Felipe Olea, que representa a más de 60 víctimas, señaló que este es un momento especialmente significativo para quienes han seguido durante meses este proceso, enfrentando el dolor de haber perdido a sus seres queridos y enfatizó que “las familias sobrevivientes no aceptarán una justicia que se agote en los eslabones más obvios para asegurar la comodidad del poder. Insistimos en que se debe designar un fiscal con independencia que investigue las responsabilidades del Estado”.
En ese sentido, añadió que “este juicio penal no es el punto final, sino el primer paso irreversible hacia la verdad completa. No abandonaremos esta cruzada hasta que alcancemos una reparación justa que les permita reconstruir sus vidas con la frente en alto, por los que sobrevivieron, pero especialmente por quienes ya no están”.
Es por eso que, de forma paralela, como equipo representante de los afectados, “presentaremos al Consejo de Defensa del Estado una nueva propuesta de reparación, con la voluntad de avanzar hacia una solución justa”. Pero ahora se espera de parte de la institucionalidad una respuesta más ágil: “En la negociación anterior transcurrieron más de dos meses antes de recibir una respuesta que, a nuestro juicio, no estuvo a la altura del respeto que merecen las familias y las propias tratativas”.
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