Entidad pidió a la Delegación Presidencial y al Municipio conocer las medidas que buscan garantizar, por parte de los organismos que participarán este martes en el procedimiento, el cumplimiento de estándares del derecho internacional de los derechos humanos.
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El jefe de la sede de Valparaíso del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Fernando Martínez, solicitó al delegado presidencial regional, Yanino Riquelme, y a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, una serie de antecedentes acerca del desalojo a efectuarse en la toma El Edén de Lajarilla, en Reñaca Alto.
En particular, pidió a la autoridad los estándares de derechos humanos que se considerarán para este proceso, cuya fecha de ejecución es el martes 4 de marzo.
En el documento, el INDH requiere saber las medidas que buscan garantizar, por parte de las distintas organizaciones que participarán en el procedimiento, el cumplimiento de estándares del derecho internacional de los derechos humanos, en lo que toca a desalojos forzosos. Al mismo tiempo, conocer protocolos, instrucciones, circulares o similares que detallen las medidas y/o normas que se seguirán.
Tomando en cuenta la normativa internacional, la sede pide conocer qué se contempla en las fases de “antes”, “durante” y “después” del desalojo. En lo que se refiere al primer punto, saber si hubo comunicación previa sobre la fecha del desalojo a los representantes de los residentes. También, si la delegación y la municipalidad cuentan con un catastro de las personas del asentamiento, que indique cuantos niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, de la tercera edad y migrantes, serían afectadas por el desalojo.
Además, el jefe regional del INDH solicita a la autoridad regional y municipal conocer si se adoptaron medidas para que los funcionarios públicos que intervendrán porten identificaciones visibles. Asimismo, atendido el rol de coordinación que compete a la Delegación, cuáles van a ser las disposiciones de Carabineros para garantizar un uso de la fuerza ajustado a los estándares de DD.HH. y si se apoyarán en carros lanzaguas y perros.
De igual manera, el INDH pide conocer medidas para el retiro de materiales y pertenencias de las personas que actualmente están en Lajarilla. Y si dentro de estas disposiciones está la disponibilidad de tiempo y transporte para trasladar dichas pertenencias. También, las acciones previstas para asistir a personas de grupos de especial protección (niños, niñas y adolescentes, mujeres, personas con discapacidad, personas de pueblos originarios, entre otros).
Asimismo, el jefe regional del INDH consulta por los sitios a los cuales se van a trasladar las personas afectadas por el desalojo. En particular, pide conocer si estos sitios tienen equipamiento adecuado, si cuentan con autorizaciones sanitarias y si las autoridades los han visitado a fin de constatar las condiciones en que se encuentran. También, si se ubican en lugares que permitirán la continuidad laboral, educacional, social y médica.
"El INDH ha formulado una serie de recomendaciones técnicas, apoyadas en pactos internacionales sobre derechos humanos y garantías fundamentales, respecto a los desalojos forzosos y derecho a la vivienda adecuada. Ellas también están contenidas en el último Informe Anual, que contiene un capítulo especial sobre Derecho a la vivienda adecuada y asentamientos informales”, sentenció Martínez.
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