Este miércoles vencen los seis meses de plazo –contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada– que el máximo tribunal otorgó para cumplir el fallo del 22 de marzo.
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La carencia de infraestructura y de sitios disponibles para albergar transitoriamente a las casi 10 mil personas, de las cuales 3 mil son niños, es el motivo por el que la Delegación Presidencial de Valparaíso está solicitando a la Corte de Apelaciones un año más de plazo para cumplir con el fallo de la Corte Suprema que ordena desalojar a los ocupantes de la megatoma del cerro La Virgen de San Antonio.
Y es que vale recordar que este miércoles 6 de noviembre vencen los seis meses de plazo –contados desde que la sentencia quedó ejecutoriada– que el máximo tribunal del país otorgó para cumplir el fallo del 22 de marzo.
En dicha sentencia se ratificó la orden de acoger el recurso de protección interpuesto por los propietarios del predio, ordenando a las autoridades coordinar acciones para resguardar los derechos de las familias a desalojar.
La semana pasada, estando ya próximo a agotarse el medio año concedido, la delegada presidencial, Sofía González, ingresó un “téngase presente” al tribunal de alzada porteño, pidiendo una prórroga de 12 meses o el plazo que estime conveniente.
“Como Gobierno tenemos plena conciencia de la responsabilidad que conlleva dar cumplimiento al mandato de la justicia y del impacto para la comunidad, tanto dentro como fuera de la toma de San Antonio”, dijo González.
Por ello, agregó que “tras analizar los diversos escenarios, herramientas institucionales y medios existentes, se ha considerado necesario solicitar un aplazamiento legal (…) mientras se sigue avanzando en las estrategias de solución”.
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