
Trabajo conjunto de los parlamentarios permitió visibilizar una situación crítica que se arrastraba desde hace meses, motivando la intervención de la Seremi de Salud de Valparaíso.
A raíz de los oficios presentados por los diputados Diego Ibáñez y Andrés Celis al Ministerio de Salud, se logró activar una fiscalización sanitaria en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, luego de denuncias sobre condiciones de insalubridad y presencia de plagas que ponían en riesgo la salud de funcionarios de Gendarmería, internos y personal administrativo.
El trabajo conjunto de los parlamentarios permitió visibilizar una situación crítica que se arrastraba desde hace meses, lo que motivó la intervención de la Seremi de Salud de Valparaíso, cuya inspección permitió detectar múltiples deficiencias sanitarias, como puertas no herméticas, vidrios rotos y la falta de protocolos preventivos tras labores de desmalezado en el perímetro.
Producto de esta fiscalización, se inició un sumario sanitario que culminó con una multa a la cárcel de Valparaíso, y se constataron intervenciones de empresas especializadas en control de plagas realizadas durante marzo. Aunque la Unidad de Epidemiología informó que no se han registrado eventos sanitarios graves, la presión ejercida permitió impulsar medidas correctivas urgentes.
El diputado Diego Ibáñez señaló que "la situación que viven los gendarmes, los trabajadores civiles y los internos no puede seguir siendo invisibilizada. Las condiciones de salud e infraestructura son un asunto de dignidad y derechos humanos. Instamos a las autoridades a resolver de forma definitiva todas las situaciones identificadas, en beneficio de toda la comunidad carcelaria".
Por su parte, el diputado Andrés Celis comentó que “lo que constató la Seremi de Salud viene a confirmar lo que advertimos en su momento junto al diputado Ibáñez: las condiciones higiénicas dentro de la cárcel eran deficientes y sin un perímetro de manejo adecuado de plagas y esto ponía en riesgo a los funcionarios de Gendarmería y al personal administrativo que trabaja a diario en el recinto".
Ambos diputados reafirmaron su compromiso con la fiscalización y el resguardo de los derechos laborales, sanitarios y humanos, particularmente en recintos donde históricamente han existido vulneraciones.
Finalmente, el suboficial mayor Carlos Fernández, de la Asociación Nacional de Suboficiales y Gendarmes, señaló que "las palabras de los dirigentes fueron escuchadas gracias a la intervención de los parlamentarios. Aunque no nos alegra la multa impuesta al complejo, reconocemos que sienta un precedente importante: las autoridades administrativas deben escucharnos. Como funcionarios, denunciamos las precariedades y trabajamos para garantizar la seguridad y salud tanto del personal como de las personas bajo nuestra custodia. Esta medida nos da la razón y esperamos que se traduzca en acciones concretas para mejorar nuestras condiciones laborales y de servicio".
PURANOTICIA