Más de mil familias afectadas por la contaminación llegaron al Congreso para solicitar que la Cámara indague posibles adulteraciones en los registros de recuperación de azufre de la Refinería Aconcagua de Concón. Asimismo, dieron a conocer que 17 integrantes de las comunidades representadas han fallecido durante los ocho años de lucha.
Más de mil familias afectadas por la contaminación en Quintero, Puchuncaví y Concón, representadas por el abogado Remberto Valdés, llegaron al Congreso Nacional, en Valparaíso, para solicitar la creación de una Comisión Especial Investigadora (CEI) que permita esclarecer las presuntas irregularidades en certificaciones y registros ambientales de la Empresa Nacional del Petróleo (Enap), en su Refinería Aconcagua.
La solicitud recibió el respaldo de los diputados Hotuiti Teao, del Distrito 7; Nelson Venegas, del Distrito 6; y Sergio Bobadilla, del Distrito 20, quienes se comprometieron a apoyar la creación de esta instancia fiscalizadora. Vale recordar que esta solicitud ya está siendo impulsada en la Cámara por el diputado Jaime Mulet, del Distrito 4.
La acción se enmarca en una lucha que se extiende por ocho años y donde, según los antecedentes entregados en el punto de prensa, ha derivado en que 17 integrantes de las comunidades representadas han fallecido durante este proceso.
Uno de los principales focos de la investigación solicitada será esclarecer las diferencias entre las cifras de recuperación de azufre informadas por Enap, que habrían superado el 98%, y los registros que luego se acercarían al 90%. Además, determinar si existió adulteración de información, identificar a los eventuales responsables administrativos y políticos, revisar los mecanismos de control interno y establecer si hubo motivaciones económicas detrás de un posible ocultamiento de datos.

El abogado Remberto Valdés recordó desde el Congreso Nacional que esta sería la cuarta comisión investigadora vinculada a irregularidades de la empresa estatal y enfatizó que "Enap es una compañía que debería estar al servicio de todos los chilenos y no lo está. Queremos que esta comisión esclarezca, en primer lugar, las presuntas adulteraciones de los certificados de dióxido de azufre, que podrían haber vulnerado el plan de descontaminación de una zona donde habitan más de 50 mil personas. Necesitamos saber si se manipularon las cifras, quiénes son los responsables administrativos y políticos y si existieron fallas en los mecanismos de control interno de la empresa o motivaciones económicas para ocultar información".
La investigación, según los vecinos, también debe revisar el historial de infracciones ambientales de la empresa y las razones por las cuales las familias afectadas aún no han recibido las indemnizaciones y reparaciones que, a su juicio, les corresponden.
Por su parte, el diputado del Distrito 7, Hotuiti Teao, comentó que "hemos conocido casos de mujeres que han perdido sus úteros producto de problemas asociados al cáncer, además de complicaciones durante los embarazos y problemas en los nacimientos. Aquí existe un problema de salud pública que necesita respuestas. Queremos esclarecer qué están respirando los vecinos de esta zona de la región y cuáles son las consecuencias que está teniendo la contaminación en sus vidas".
En tanto, el diputado Nelson Venegas advirtió que "en Quintero existe un alto índice de muertes por cáncer y eso no es normal ni puede considerarse casual. Entre Quintero y Puchuncaví existe un cordón industrial con más de 20 empresas, muchas de las cuales han sido señaladas por sus niveles de contaminación. Sin embargo, quienes terminan pagando los costos son las personas, que se enferman y mueren. Esperamos que el Estado de Chile responda frente a esta situación de abandono histórico en la que han permanecido nuestros compatriotas".

En tanto, el diputado Sergio Bobadilla planteó que "no solamente estamos hablando de Concón y Puchuncaví, también está la comuna de Hualpén, que se ha visto seriamente afectada en la salud de sus habitantes producto de la irresponsabilidad con que ha actuado esta empresa estatal. Llamamos al Gobierno y a las autoridades competentes para que se hagan responsables del grave daño que se está ocasionando a miles de ciudadanos de las regiones del Biobío y de Valparaíso".
Finalmente, Verónica Torres, monitora medioambiental certificada por la Escuela de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y activista medioambiental de la zona, manifestó que "no es posible que Quintero sea una de las comunas con mayores índices de muertes por cáncer y que todavía existan personas que fallecen sin conocer las causas de sus enfermedades. Queremos vida, queremos respirar, queremos aire puro. No somos ciudadanos de segunda categoría para que nos arrinconen en un territorio y nos condenen a morir".
Finalmente, los solicitantes recalcaron que la constitución de esta Comisión Especial Investigadora permitiría que la Cámara reúna antecedentes, solicite información a los organismos competentes y determine eventuales responsabilidades en los hechos denunciados. Y agregaron que para las familias representadas, esta solicitud constituye un nuevo paso en una lucha de ocho años por esclarecer lo ocurrido, obtener respuestas institucionales y avanzar hacia las reparaciones que esperan las comunidades afectadas.
PURANOTICIA