Valentina hija de Alejandro Correa, quien fue asesinado vía sicariato en Concón el 2020, pidió al Ministro de Vivienda que el Serviu cumpla con la orden judicial; esto, mientras su abogada Jeanette Bruna aseguró que lo del Minvu en Valparaíso "roza el desacato".
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Cinco años se cumplieron el pasado 18 de mayo del macabro asesinato, vía sicariato, del empresario Alejandro Correa, quien fue ultimado en la entrada de su casa en Concón.
El motivo de esta brutal acción fue la ocupación irregular de un terreno de su propiedad, ubicado en Quilpué, lo que derivó en la presentación de una demanda civil.
Por este motivo, el condenado como autor intelectual del crimen, Renato López, ordenó al colombiano Víctor Gutiérrez, más conocido como «El Parce» y tras pago de 5 millones de pesos, que diera muerte mediante un disparo al hombre de negocios.
Y a pesar de que ya han pasado cinco años del sicariato, la realidad en el terreno –ahora de propiedad de la familia de Alejandro Correa– sigue siendo muy similar a la de entonces, ya que el sitio permanece ocupado irregularmente por varias familias.
Fue el 28 de agosto de 2024 cuando la Corte de Valparaíso ordenó proceder a la demolición de construcciones ilegales en Quilpué, entre ellas, las levantadas en el terreno de los Correa. No obstante, casi 10 meses después todo sigue igual.
Así es como todas las miradas apuntan al Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) de Valparaíso, que ha señalado que se encuentran gestionando los recursos para demoler, pero que primero se tiene que llevar a cabo el desalojo.
"Según lo que estipula el protocolo de Derechos Humanos de la Excelentísima Corte Suprema, primero se debe desalojar a las familias antes de proceder con la demolición, lo cual tiene que ser solicitado por la familia Correa, al tratarse de un terreno privado", señalaron al diario La Estrella desde el Serviu de Valparaíso.
Es por este motivo que la familia del empresario asesinado el 18 de mayo de 2020 acusa a la Seremi de Vivienda de Valparaíso de "rozar el desacato" debido a la tardanza que han tenido para ejecutar la orden judicial de demoler las construcciones ilegales.
Jeanette Bruna, abogada de la familia de Alejandro Correa, comentó a radio Biobío que "la Seremi de Vivienda con el Serviu tienen que conseguir una autorización judicial especial para demoler. Si tienen que colocarse de acuerdo con el Municipio y la Seremi de Desarrollo Social, ellos tienen que hacerlo".
"No habíamos visto que la autoridad urbanística le pidiera a la ciudadanía que haga el trabajo por ellos. Ellos tienen que hacerlo, no la familia. Nosotros vamos a ir a la Corte para que se fije fecha en la misma sentencia y, evidentemente, raya en el desacato, lo cual también va a ser expuesto ante la Corte", agregó la jurista.
De igual forma, Valentina Correa, hija del empresario asesinado, comentó que le pidió directamente al ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, que cumpla con el desalojo de la toma en el sector Calicheros y que proceda con la demolición.
Cabe hacer presente que son alrededor de 50 las familias que ocupan irregularmente el terreno de propiedad de la familia Correa ubicado en Pompeya Sur.
PURANOTICIA
